La expansión de la jornada escolar continua se frena en Navarra

A partir del próximo curso escolar 2024-25, todos los centros educativos de Navarra establecerán por defecto la jornada partida. Aquellos que deseen implantar una modalidad distinta, como continua o flexible, podrán convocar un proceso de votación antes de final de año en el que participe toda la comunidad educativa. Si obtienen una mayoría cualificada —el apoyo de tres quintas partes de las familias y de, al menos, dos tercios de miembros del consejo escolar—, podrán implantar la jornada que decidan. El profesorado también será consultado, pero su posición no será vinculante. Pero la jornada continua vive así un importante freno en la comunidad.

En estos momentos, alrededor de 160 centros navarros tienen jornada continua y la decisión de “resetear” la situación viene dada, detallan desde el Departamento de Educación, por una cuestión normativa. La legislación foral existente solo contempla como oficial la jornada partida, mientras que la flexible y la continua se incluyeron tras la pandemia con un carácter experimental.

Esto, en la práctica, suponía que los centros con alguna de estas últimas, tenían que ratificar cada dos años su voluntad de mantenerla. Al aprobar esta nueva orden, se establece que los colegios deben tener una jornada partida y, si votan continua, esa decisión permanecerá durante, al menos, cuatro años. Los centros que finalmente opten por la continua deberán ofrecer actividades gratuitas y voluntaria por la tarde que tendrán que ser atendidas por docentes.

El departamento emitirá en unos días una resolución para regular estas votaciones y permitir que se realicen antes de terminar el año. Cuando llegue el periodo de prematrícula, en marzo, todas las familias sabrán qué colegios tienen una u otra jornada y podrán elegir dónde inscribir a los menores.

La decisión ha sido refrendada por el Consejo Escolar de Navarra, el máximo órgano consultivo en este ámbito. El Consejo ha estudiado las alegaciones presentadas a la Orden Foral en su fase de exposición pública, aprobando una decena de ellas por unanimidad. El texto final ha sido aprobado con los votos a favor de 14 de los componentes del órgano, una abstención, y los cuatro votos en contra de los representantes de los sindicatos educativos. Entre los aspectos que quedan establecidos señala, por ejemplo, la obligación de los centros con modelo continuo a ofertar actividades voluntarias de atención al alumnado en horario de tarde, que serán atendidas por docentes y consideradas de horario lectivo para el profesorado.

Si bien la decisión del órgano no es vinculante, el Ejecutivo suele seguir sus recomendaciones, explica su presidente, Manuel Martín. Desde el Consejo, por ejemplo, proponen que se favorezca la participación de las familias en las votaciones mediante la articulación de procedimientos telemáticos y recomiendan que los equipos directivos informen a las familias sobre las condiciones y repercusiones que puede tener cada una de las jornadas en el alumnado.

En abril de este año, el Departamento de Educación realizó evaluaciones diagnósticas al alumnado de cuarto de Primaria para ver cómo les había afectado la implantación de la jornada continua. Unas pruebas que no permitieron determinar efectos en los resultados académicos en el tiempo que llevaba implantada. En las últimas décadas se han realizado diversos estudios en España. Los resultados no muestran un efecto positivo en el rendimiento del alumnado, mientras que sí se han detectado algunos efectos negativos. Se trata, en todo caso, de una cuestión que las administraciones han investigado muy poco, pese a la envergadura del cambio que se ha producido. Sí han empezado a acumularse en los últimos años, en cambio, estudios que reflejan efectos negativos de la jornada continua en otros terrenos, como el sueño y la salud de los menores, aumento de la desigualdades entre los estudiantes en función del nivel socioeconómico las familias y en la brecha de género, por el mayor impacto que la implantación de la jornada intensiva tiene en el empleo de las madres.

La decisión ha generado las críticas de una parte de las familias y un porcentaje importante del profesorado. La presidenta de la Comisión de Personal de Educación y la portavoz de Steilas, sindicato mayoritario, Arantxa Ruiz Vidorreta, critica que se esté modificando la jornada “al 84% de los centros de Navarra que ya habían optado por una jornada continua y que ahora tienen que volver a votar”. No se oponen a que se realicen las consultas, pero no así.

La principal crítica radica en las mayorías cualificadas que se exigen y que consideran “abusivas”. Se trata, sin embargo, de mayorías muy parecidas a las que funcionan en otras comunidades autónomas donde la jornada continua todavía está siendo objeto de debate, como es el caso de la Comunidad de Madrid y la valenciana, donde conviven ambos tipos de horarios. Solo en Euskadi y Cataluña continúa rigiendo, en general, la jornada partida. En todas las demás se ha ido implantando la continua. Los críticos de la jornada intensiva advierten, además, de que por el mismo juego de mayorías en los consejos escolares, una vez que se implanta el horario continuo, este resulta prácticamente imposible de revertir. La jornada continua, por otro lado se ha convertido en la norma general en buena parte de España en la escuela pública, pero no así en la concertada, donde en muchos territorios ha mantenido muy mayoritariamente el horario partido.

Ruiz rechaza el modelo de votación planteado ahora en Navarra: “De entre todas las opciones es la más punitiva y la que más guía hacia la jornada partida, que es la que está imponiendo Educación”. Añade otro factor a tener en cuenta: hay localidades cuyo alumnado comparte transporte para acudir a centros educativos próximos entre sí, explica, y “si hay cuatro centros cercanos y tres votan que sí a la continua, pero uno no, todos pasarían a tener jornada partida solo porque comparten líneas de transporte”. En este aspecto, el presidente del Consejo Escolar defiende las mayorías calificadas porque es “un tema de calado”. “No hay que tener tanto miedo. Si antes se logró [la jornada continua] en condiciones más complicadas, no creo que haya problema en ratificarlo o no”.

Martin defiende la necesidad de centrar el debate en el bienestar del alumnado, sin mezclar otras cuestiones de índole laboral o de conciliación familiar. Esos son, defiende, asuntos que las administraciones públicas deberán abordar en el futuro. “Poner el foco en el alumnado. Es lo importante”, recalca.

Ruiz niega que se trate de una reivindicación laboral porque “el profesorado trabaja las mismas horas en jornada partida, continua o flexible. Si dijéramos que con la continua el profesorado va a trabajar menos horas, se entendería que hay un lobby, pero no”

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