La patronal Pimec alerta contra los efectos de la opa del BBVA sobre el Sabadell: menos crédito, cierre de oficinas y despidos

La patronal de la pequeña y mediana empresa de Cataluña, Pimec, ha alertado este martes de las consecuencias negativas que puede tener la opa hostil que hace dos meses el BBVA lanzó sobre el Banco Sabadell: menos créditos y más caros, depósitos menos remunerados y aumento de comisiones, además de cierre de oficinas y despidos. Así lo recoge un informe elaborado por Pimec, que también pide recordar las consecuencias que tuvieron las fusiones bancarias de hace una década. “Ya hemos visto qué pasó con las absorciones en el pasado. Tenemos menos oferta bancaria y las empresas pierden capacidad de financiación. Lo que necesitamos es un sistema bancario fuerte”, ha valorado el presidente de la patronal, Antoni Cañete.

En la elaboración del informe —que ha dirigido el catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra, Oriol Amat— se han analizado aspectos como el impacto en la competencia bancaria, la disponibilidad de crédito o la reducción de oficinas y puestos de trabajo. El informe resalta que el Banco Sabadell se encuentra en un momento de “solidez” y “fortaleza financiera y operativa” y remite a los buenos resultados: beneficio neto de 1.333 millones a finales de 2023 (un 48% más que el año anterior), aumento del 15% de la cotización en bolsa el año pasado o un incremento de plantilla de 404 personas.

Una de las consecuencias más palpables de la fusión sería la reducción de sucursales y los despidos, un extremo que desde Pimec están seguros que sucederá, como ha pasado en otras fusiones. “El BBVA ha calculado 1.450 millones de euros de sinergias, que se entiende que es reducción de gastos, lo que significa cierre de oficinas y reducción de puestos de trabajo”, ha apuntado Amat. Teniendo en cuenta procesos de absorción de hace una década, Pimec calcula una reducción potencial de entre 589 y 883 oficinas en España —casi una cuarta parte de ellas en Cataluña— y despidos que afectarían entre 7.685 y 10.567 personas.

Asimismo, el informe considera que la operación reduciría la competencia bancaria, de manera que los dos principales bancos, CaixaBank y la nueva entidad que surgiría tras la opa, monopolizarían el 74% de las oficinas en Cataluña. Una mayor concentración bancaria puede tener, según Pimec, efectos “negativos” para las empresas, especialmente las pequeñas y medianas, para los usuarios (menor remuneración de los depósitos y aumento de comisiones), así como en las zonas rurales, con una presencia ya limitada de oficinas y cajeros.

Pero la patronal está especialmente preocupada por el hecho de que una mayor concentración bancaria se traduzca en menos disponibilidad de crédito. En concreto, lo calculan en un 8% menos; es decir, 54.393 millones menos. “Para las empresas tener una diversificación del crédito es importante, hay que tener varias fuentes de oxígeno. Y la pérdida de crédito impedirá que muchos proyectos empresariales puedan tirar adelante y que, por consiguiente, crezca el tejido productivo”, ha subrayado Josep Ginesta, secretario general de Pimec. Ginesta ha admitido que muchas empresas asociadas han expresado su preocupación por la operación, ya que muchas de ellas son clientes del Sabadell, una entidad que tradicionalmente se ha enfocado en el negocio empresarial.

Petición a las entidades reguladoras

El proceso superó la semana pasada un nuevo obstáculo, después de que la junta de accionistas del BBVA diera su apoyo rotundo (el 96% del capital) a la ampliación del 19% del capital para poder sufragar la opa hostil sobre el banco catalán. No obstante, todavía queda un largo trecho para que las intenciones del BBVA se materialicen. Faltan las autorizaciones necesarias de instituciones como el Banco Central Europeo (BCE), la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), además de que la mayoría de accionistas del Sabadell dé su apoyo. En este sentido, Pimec aprovecha en su informe para pedir a estos organismos que tengan en cuenta sus datos y sus advertencias a la hora de pronunciarse.

De momento, la operación cuenta con el rechazo frontal del Gobierno, y el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ya advirtió al banco vasco desde el primer momento que “el Gobierno tiene la última palabra”.

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