El desafío de Trabajo a la patronal tensiona el diálogo social

El diálogo social se ha enturbiado en las últimas semanas. Las aguas bajan revueltas por el enfrentamiento, cada vez más frecuente, entre los representantes del empresariado y el Gobierno. Los dos máximos exponentes de esta desafección creciente, la vicepresidenta segunda y Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y el líder de la patronal española, Antonio Garamendi, entrelazan reproches que alejan paulatinamente la posibilidad de llegar a un acuerdo a tres en las distintas negociaciones en las que se encuentran inmersos los agentes sociales. Un campo de batalla que se ha extendido desde la reducción de la jornada laboral sin rebaja de salario —la medida estrella del Ejecutivo para esta legislatura, y con la que los empresarios no comulgan—, hasta el reconocimiento de un asiento en la mesa a organizaciones empresariales alternativas a CEOE y Cepyme como Conpymes o Pimec. Estos últimos, movimientos que en algunos círculos han llegado a adquirir carácter de desafío.

“Las relaciones personales siguen siendo magníficas entre nosotros y mantengo que ojalá el clima de trabajo que tenemos los agentes sociales se trasladase al ámbito político”, reconoce, sin embargo, Fernando Luján, vicesecretario general de Política Sindical de UGT. En su opinión, a pesar de que el respeto que se profesan las partes sigue siendo “absoluto”, la tensión que emana de las últimas intervenciones públicas nace de la lucha por imponer un relato sobre la verdadera situación de las negociaciones. “La patronal, por ejemplo, defiende que ya ha expresado su posición al respecto de la reducción de la jornada laboral en este tiempo, y que como no se le ha escuchado, no encuentra sentido a tener que plasmarlo ahora en un papel. Eso no ha pasado, y la realidad es que las otras dos partes les estamos reclamando que lo haga para poder mantener precisamente una negociación”, añade Luján.

En los cinco meses de negociación que se acumulan desde la convocatoria de la primera mesa, los empresarios han planteado la necesidad de dotarles de herramientas que les permitan una mayor flexibilidad a la hora de establecer la jornada de trabajo, para lo que han propuesto un aumento del tope máximo de 80 horas extraordinarias anuales que contempla actualmente la normativa. Una petición que no ha encontrado el acomodo en el seno del resto de las partes.

El Ministerio de Trabajo, tanto por boca de Yolanda Díaz, como del secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha recordado en varias ocasiones que el compromiso adquirido por reducir el tiempo de trabajo es con los ciudadanos —amparándose en el acuerdo de Gobierno de coalición—, y que este está por encima de cualquier otro posicionamiento. Pronunciamientos que desde CEOE y Cepyme han sido interpretados como amenazas. “Si no se quiere hablar de esas cosas, pues realmente saldrá la norma que tengan que sacar. Y si tienen que hacerla el día 1 de julio, pues, sinceramente, que la hagan”, declaró este martes Garamendi durante la clausura de la Asamblea General de la patronal madrileña CEIM, en la que también participó el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Fuentes del departamento que dirige Yolanda Díaz señalan que “parece evidente que a los empresarios de este país no están interesados en reducir la jornada”. Algo que “no quiere decir que no haya diálogo social”, aunque la falta de propuestas alternativas de la patronal “no se puede achacar a la falta de diálogo”, más bien “se debe a eventuales estrategias dilatorias o a no compartir el fondo de algunos asuntos”. Desde el departamento de Díaz se muestran molestos con las declaraciones públicas del líder de los empresarios. “En los últimos tiempos la patronal y muy en concreto del señor Garamendi, en lugar de hacer un análisis de las medidas que afectan a las empresas españolas, está más volcado en emitir juicios políticos. El último y quizá más desafortunado ejemplo es confiar el cambio de la reducción de jornada a una próxima mayoría de gobierno, algo que excede las atribuciones de un responsable empresarial”, indican.

Fuentes del diálogo social secundan que la falta de un posicionamiento claro de la patronal sobre la reducción de la jornada obedece a una estrategia dilatoria, encaminada, en el largo plazo, a provocar un cambio de Gobierno. Desde la patronal se remiten a la ristra de declaraciones de Garamendi para explicar su planteamiento. En este sentido, la voluntad de anular en el futuro cualquier cambio normativo aprobado ahora ha sido reconocida por el líder de los empresarios. Además, Garamendi también ha acusado a Díaz de faltar al acuerdo tripartito del que salió la reforma laboral, al haber alterado sin consenso su contenido al determinar la prevalencia de los convenios colectivos autonómicos sobre los estatales para amarrar el voto favorable del PNV en la investidura de Sánchez.

Representatividad

Al margen del distanciamiento entre el Gobierno y los empresarios por postulados meramente laborales, los golpes que más han castigado el vínculo entre ambas partes han sido aquellos que han llegado a través de la entrada de nuevas organizaciones empresariales en los círculos de representación. El último de ellos se conoció este martes, cuando el Ministerio de Industria comunicó a Conpymes que tendrá una de las vocalías del Consejo Estatal de la Pyme y del Observatorio Estatal de la Morosidad Privada, consolidando el cambio normativo aprobado en abril pasado. Una entrada que desde la Confederación Nacional de Pymes, presidida por José María Torres, fue interpretada como un hito histórico que viene a “romper el monopolio” con el que CEOE, y su paraguas de pequeñas y medianas empresas, Cepyme, han ejercido en la interlocución con las Administraciones “después de más de 45 años de democracia”.

Otra medida controvertida para el entorno empresarial fue la decisión por parte del Ejecutivo de reformar la composición del Consejo Económico y Social (CES), para incorporar a su esqueleto a Pimec, la patronal catalana de las pymes. Una decisión que no gustó al órgano consultivo en materia socioeconómica y laboral, y frente al que expresó su “profundo malestar” por las formas empleadas por este para llevar a cabo esta actualización, al entender que estas resultan “especialmente relevantes” a la hora de garantizar el nivel de lealtad institucional que siempre ha presidido la labor del Consejo. La decisión que llegó meses después de que el Gobierno asegurase a la organización empresarial presidida por Antoni Cañete su incorporación a la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos.

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