La prórroga de la rebaja del IVA a los alimentos y la luz costaría unos 1.000 millones a las arcas públicas

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, confirmó este miércoles que llevará al Congreso la prórroga de la rebaja del IVA a los alimentos básicos y las pastas y los aceites, una medida que echó a andar en enero de 2023 y que desde ese entonces se ha ido aplazando cada seis meses. La ampliación, que llevaba barruntándose desde hace varias semanas debido al incremento puntual en los últimos tres meses de la inflación, supondría un coste fiscal adicional de más de 800 millones de euros. Aunque el Gobierno no tenga aún una estimación oficial de cuál será la merma para las arcas públicas, fuentes conocedoras avanzan que esa es la factura que asumió el Estado en la primera mitad de este año para la reducción del IVA a los alimentos básicos. Unos 100 millones se habrían perdido por la rebaja del 10% al 5% del IVA de pastas y aceites, y de 734 millones en el caso del resto de productos esenciales incluidos en la medida. El Ejecutivo calculó inicialmente un coste de 2.500 millones para todas las medidas de alivio fiscal aprobadas en el último decreto que entró en vigor el pasado enero. Por tanto, tan solo la ampliación de la rebaja del IVA de los alimentos supondría elevar la factura total de ayudas tributarias hasta los 3.300 millones para todo 2024.

A la espera de lo que ocurra las próximas semanas, lo cierto es que algunos economistas dudan de la oportunidad de la medida, pues uno de los compromisos del país con Bruselas es corregir sus desequilibrios fiscales y reducir sus niveles de déficit público por debajo del 3% del producto interior bruto (PIB) en el corto plazo. A ello se suma una moderación del IPC que, pese a haber repuntado en mayo —la tasa ha sido del 3,6%, según el INE— va en línea con las previsiones y no apunta a sufrir un cambio de tendencia o una aceleración en la evolución de los precios. Pero el escenario económico no es lo único que condiciona a la Administración pública, y los analistas apuntan a que la justificación para ampliar las ayudas pueda ser más de calado político, y es que de no prorrogarse la rebaja del IVA, los efectos sobre los precios, sobre todo por el llamado efecto escalón, serían notorios entre los meses de agosto y octubre un periodo en el que hay riesgo de una repetición electoral en Cataluña.

Para Raymond Torres, director de coyuntura de Funcas, la situación actual no amerita una ampliación de la rebaja del IVA, aunque se pueda producir en los próximos meses un aumento puntual en el coste de la cesta de la compra. Según explica, julio suele ser un mes en el que el índice da un respiro porque empiezan las rebajas del verano, y a partir de ese mes el presunto alivio que la medida supone tendría un efecto muy limitado porque se espera que en la segunda mitad del año los precios se moderen a un ritmo más marcado. En cambio, sí le preocupa el impacto en las arcas públicas. “La vuelta a la normalidad no solo supone más recursos para el Estado, también supone solucionar los problemas estructurales. Tenemos la suerte de que la economía está creciendo a un buen ritmo, por lo que creo que nos acercaremos al 3% del PIB este año. Si a esto se suma la eliminación de las ayudas, se elevaría la probabilidad de cumplir con el objetivo del 3% del déficit y dar una buena imagen a la Comisión Europea”, agrega.

En el diagnóstico coincide Miguel Cardoso, economista jefe para España en BBVA Research, quien asegura que “estamos en un escenario diferente al que teníamos hace un año y si esto se traduce durante la segunda mitad del año en una mejor cosecha de fruta, cereales, etcétera, pues lo que tendremos es una caída importante o una corrección de los precios durante la segunda mitad del año, que es lo que nosotros esperamos”. En esta línea destaca el coste del aceite de oliva —el alimento que más ha desangrado los bolsillos de las familias— que seguramente se moderara gracias a que las recientes lluvias mejorarán su producción. Hay cosas por revertir, admite Cardoso, como puede ser el precio del transporte. Sin embargo, en este terreno las perspectivas también son buenas y a su favor juega que el salario mínimo interprofesional (SMI) ha crecido mucho en los últimos años. La decisión, matiza, parece ser de índole más política. La justificación para prolongar la rebaja es el impacto que tiene en el ánimo de los consumidores, añade Manuel Hidalgo, economista y profesor de la Universidad Pablo de Olavide. “La gente asume peor varias décimas más de inflación. Entonces, si yo fuera político, porque es un debate político, me esperaría a unos meses más a fin de que el efecto se note menos”, precisa.

Para Hidalgo, sin embargo, no está tan claro que lo mejor sea volver ahora al IVA del 4% para el grupo de alimentos básicos y del 10% para las pastas y aceites, pues las familias estarán obligadas a “absorber un poco más de inflación en un momento en el que ya está siendo más alta que a inicio de año. Se espera que para finales de 2024 se acerque al 3% y ahí haría menos daño una retirada [del subsidio]”. En esta dirección apunta Nacho Álvarez, profesor de Economía en la Universidad Autónoma de Madrid, para quien sí tiene sentido prorrogar este descuento tributario a fin de garantizar una estabilidad de precios. Considera además que el coste fiscal es asumible porque el Gobierno está tomando medidas que permiten compensar esa pérdida económica, como demuestra la aprobación del impuesto mínimo global del 15% a las multinacionales.

Rebaja de la electricidad

Las arcas públicas también se enfrentarán más que previsiblemente a otro golpe en los meses venideros: la vuelta del IVA de la electricidad al tipo reducido del 10%. En este caso, el Gobierno optó por un alivio automático en el recibo en función de la evolución del precio de la luz en el mercado mayorista: el impuesto se situaría en el 10% siempre y cuando el precio de la electricidad promedio del mes anterior superara los 45 euros por megavatio hora (MWh). Esta situación lleva cuatro meses sin darse, por lo cual el IVA del suministro eléctrico ha vuelto desde marzo a su 21% habitual. Este mes de junio, sin embargo, ante los precios registrados hasta ahora en el mercado y las previsiones futuras, todo apunta a que se superará el umbral de los 45 euros por MWh, lo que volvería a activar la rebaja.

Fuentes gubernamentales aseguran que aún no tienen nada previsto en este ámbito y afirman que habrá que esperar a tener datos más recientes para saber si esa circunstancia se produciría. Lo cierto es que, de volver a aplicarse la rebaja, es muy probable que sea menos costosa para las cajas del Estado que lo ocurrido hasta ahora, ya que los precios de la luz crecerán lo suficiente para que se vuelva a activar el descuento, pero serán inferiores a los del año pasado y el anterior. Entre julio de 2021 y diciembre de 2023, un periodo en el que este impuesto estuvo a caballo entre el 5% y el 10%, Hacienda dejó de percibir unos 2.500 millones de euros.

“Estamos ya sobre unos niveles de recaudación de IVA más bajos, porque este se impone sobre toda la factura. Y como esa factura se ha reducido, el impacto global sobre la recaudación también es más reducido”, explica Diego Rodríguez, catedrático de Economía de la Universidad Complutense de Madrid. Para todo el año pasado, supuso un agujero de 514 millones en las arcas públicas, según la Agencia Tributaria. “Creo que hubiera tenido más sentido haber diseñado un periodo transitorio para que el tipo de IVA volviera progresivamente a su nivel habitual. Esa referencia a un precio de mercado también genera una incertidumbre recaudatoria. Y el IVA es un impuesto que está para lo que está: recaudar”.

Estas decisiones que acechan el Gobierno en el corto plazo se juntan con la presentación, para septiembre, del plan de ajuste que exigen las nuevas reglas europeas, que vuelven a activarse después de haber estado años congeladas, desde el estallido de la pandemia en 2020. Todavía no hay detalles sobre qué medidas se tomarán para lograr la consolidación —es necesario instalar la deuda en una senda descendiente, con el foco puesto en el gasto público—, pero sí hay cálculos sobre el tamaño del ajuste. La Autoridad Fiscal estima que será de ente 6.000 y 9.000 millones de euros, en función de que el plan sea a cuatro o siete años.

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