La tarea imposible de la patronal catalana para calcular el déficit fiscal

Los decibelios en torno a las demandas de los nacionalistas catalanes en materia de financiación han bajado de intensidad, pero el asunto está lejos de considerarse zanjado. Queda pendiente la condonación de parte de la deuda autonómica, una petición de ERC para apoyar la investidura de Pedro Sánchez, y cómo abordar el trato singular que ha pedido Junts. Ambos apelan al supuesto maltrato fiscal de Cataluña para apoyar sus reivindicaciones y de ahí el retorno al debate sobre las balanzas fiscales y la exigencia de datos para calcularlas. De momento, el Ministerio de Hacienda ha publicado la primera tanda de datos para ello, una información que llevaba años sin difundirse por el enorme batiburrillo político que genera y que según Carles Puigdemont, sin embargo, es necesaria para “abordar el debate sobre la soberanía fiscal de Cataluña”. En este contexto, la patronal catalana, Foment del Treball, ha decidido reclutar a un grupo de expertos externos para que le asesore sobre el asunto, aunque la posibilidad de que se llegue a un consenso es muy baja por las distintas posturas de sus miembros. “Me temo que es muy complicado”, reconoce uno de ellos.

El asunto no es baladí, porque no hay una única manera de calcular el saldo de las balanzas fiscales —es decir la diferencia entre los beneficios que los ciudadanos de un territorio obtienen de las actuaciones de la Administración central y su contribución fiscala esta— y sus resultados han sido usados como arma arrojadiza en el debate político. La Generalitat estima que tiene un déficit fiscal de más de 20.000 millones, una cifra que otros expertos rebajan a la mitad y sitúan por debajo de la aportación de Madrid. “Es normal que los territorios más ricos contribuyan más. Lógicamente, pagan más impuestos, pero eso no les da derecho a mejores servicios, lo mismo que sucede a nivel individual”, apunta Ángel de la Fuente, director ejecutivo del centro de análisis Fedea y uno de los expertos convocados por la patronal catalana. “El problema no son los déficits de Cataluña o Madrid o los superávits de Andalucía o Extremadura, sino que comunidades pobres como Valencia tengan déficit mientras que otras ricas como el País Vasco tienen superávit”.

La comisión sobre las balanzas fiscales designada por Foment no es la primera que crea la patronal, que también habilitó otra para desbloquear una posible solución para la ampliación del aeropuerto de El Prat. En este caso es un tema nuclear para la Generalitat, que cada año intenta actualizar su cálculo con un modelo que conocen bien dos de los miembros de la comisión, Maite Vilalta y Guillem López Casasnovas, que han participado en su diseño. Según este, con datos de 2020, Cataluña sufrió un déficit fiscal de 21.982 millones, el equivalente al 9,6% de su PIB. Los sucesivos gobiernos autonómicos han utilizado ese cálculo como prueba de la infrafinanciación que sufre la comunidad autónoma respecto a los recursos que aporta al sistema, pero también como argumento en contra de la baja inversión de la Administración del Estado en Cataluña.

Foment del Treball busca una fórmula que permita aproximar posiciones entre los arquitectos de los dos diferentes cálculos, cuyas máximas diferencias representan, quizás, López Casasnovas y De la Fuente. “Si no hay voluntad de consenso político nada es posible, pero si hay voluntad, nosotros queremos aportar ese mínimo consenso académico sobre el modelo a tener en cuenta”, explica Jordi Alberich, el presidente de la comisión creada por la patronal catalana. Desde la Cámara de Comercio de Barcelona se intenta efectuar otra aproximación al tema a través de su consejo asesor, una muestra del interés que levanta un tema aparentemente tan teórico entre políticos, empresarios y académicos en Cataluña. De hecho, una ley de 2022 obliga al Gobierno catalán a calcular las balanzas fiscales con los últimos datos disponibles antes de aprobar cada año sus Presupuestos.

Los trabajos emprendidos por la organización empresarial difícilmente confluirán en un documento que puedan suscribir los cinco especialistas designados para la comisión que asesorarán a otro comité interno de Foment que está analizando el asunto. Además de López Casasnovas, De la Fuente y Vilalta, forman parte del grupo externo también Santiago Lago Peñas, catedrático de la Universidad de Vigo, y Francisco Pérez, director del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE). De momento, solo ha habido una reunión en Barcelona y se decidió fijar otro encuentro, esta vez en Madrid, tras las elecciones autonómicas de Cataluña que acaban de celebrarse.

Foment tampoco aspira a que su documento vaya firmado por todos los expertos, pero sí que le sirva para defender una opción a su organización e intentar sumar a otras entidades para presionar en un contexto en el que urge una reforma del sistema de financiación autonómico, pendiente desde hace una década. “Trabajamos para encontrar un modelo estable y consistente y alejarnos de lecturas simplistas e interesadas”, dice Alberich. En resumen, no quieren realizar los cálculos, sino formarse una opinión informada y fijar los criterios para poder hacerlos.

Datos incompletos

A falta de que empiecen los trabajos, parece que sí existe un consenso generalizado: la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), dependiente del Ministerio de Hacienda que controla María José Montero, no ha facilitado todos los datos necesarios para hacer los cálculos, sea cual sea el método utilizado. De hecho, la información proporcionada por Hacienda es aún incompleta e insuficiente para calcular el saldo de las balanzas, pero el ministerio explica que aún no hay una fecha establecida para publicar el resto de datos que faltan.

¿Es posible la entente que intenta Foment? “Ahora mismo diría que no, las posiciones en la primera reunión estaban muy alejadas”, afirma López Casasnovas, quien defiende que el modelo que utiliza la Generalitat es el que más tradición tiene en Cataluña —”aquí hay tradición desde la Segunda República”, defiende— y el más adecuado, aunque faltan datos para afinarlo. El modelo utilizado por los técnicos del Departamento de Economía y Finanzas catalán se centra en el impacto directo generado por la actividad de un sector público determinado en un territorio: se cifran los ingresos y el gasto de la Seguridad Social por un lado; y, por el otro, los de la Administración central estatal, los organismos de la Administración y empresas públicas como puedan ser Adif y Renfe.

A grandes rasgos, hay dos enfoques para calcular el saldo de las balanzas fiscales. El enfoque de carga-beneficio, que intenta determinar quién sale favorecido por la actividad del sector público y quién soporta efectivamente sus costes, y el flujo monetario, que considera donde va “físicamente” el pago. “Las diferencias pueden ser importantes. Por ejemplo, ¿qué hacemos con el gasto de los ministerios, que se concentran en Madrid pero trabajan para todos los españoles? Hay quien defiende que esto hay que apuntárselo todo a Madrid, pero a otros eso nos parece un disparate”, ejemplifica De la Fuente. “Cataluña en principio hace el cálculo con los dos métodos, pero luego se queda con el segundo a la hora de reclamar. Aquí, además, suele darse un curioso salto en el vacío: cuando se reclama que los déficits fiscales desaparezcan, que cada región se quede con sus propios impuestos, estamos cerrando la puerta a cualquier tipo de redistribución territorial. A nadie se le ocurriría pedir eso a nivel individual”, zanja.

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