El coste de compensar a las comunidades peor financiadas rondaría los 3.000 millones de euros

El sistema de financiación autonómico lleva una década a la espera de una reforma. Es uno de los principales desafíos del Gobierno de Pedro Sánchez para esta legislatura. Mientras que los políticos tratan de diseñar un nuevo modelo, sus disfunciones han quedado a la vista. Una de las más sangrantes es la desigualdad en el reparto de los recursos, que afecta con particular virulencia a Murcia, la Comunidad Valenciana, Andalucía y Castilla-La Mancha. Su financiación por habitante es inferior a la media, y harían falta unos 3.300 millones para subsanar el desequilibrio, según calcula el director ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), Ángel de la Fuente, especialista en este tema. El economista sugiere que la inyección, que se concretaría bajo la forma en un fondo complementario y temporal de nivelación, sea el primer paso para renovar el modelo, una tarea que requiere de consenso político. En esta línea, alerta sobre la compleja geometría actual para formar mayorías. “Podría iniciarse, en particular, una deriva hacia un sistema de financiación a la carta, negociado de forma bilateral con algunas comunidades”, subraya en alusión a las pretensiones de los partidos independentistas catalanes.

Una autonomía que recibe menos recursos que la media debe hacer un mayor esfuerzo para prestar unos servicios públicos de la misma calidad, lo que la llevará a un mayor endeudamiento. Si 100 es la media de financiación efectiva, Murcia es el territorio peor parado con un índice de 90,8, Su financiación por habitante ajustado —la población real se pondera según criterios demográficos, geográficos, etcétera...— se encuentra casi 10 puntos por debajo de la media y a 24,5 puntos de la comunidad con mejor financiación, Cantabria, que cuenta con 3.417 euros per cápita frente a los 2.691 de la región mediterránea.

La Comunidad Valenciana tiene un índice de 92,1, de 94,3 Andalucía y de 95 Castilla-La Mancha, con datos de 2021. Estas cuatro comunidades, de hecho, llevan tiempo reclamando, con fórmulas distintas, una compensación al Gobierno. Todas las demás están por encima de la media, con Cantabria, Baleares, La Rioja y Extremadura que destacan en la parte alta, con financiaciones efectivas un 10% superiores al promedio. El grueso del fondo de nivelación, 1.409 millones, iría a compensar a Andalucía, el territorio más poblado; 1.148 millones serían para la Comunidad Valenciana, 405 para Murcia y 315 para Castilla-La Mancha.

“Existe un abanico de unos 25 puntos porcentuales entre las regiones mejor y peor tratadas por el sistema en términos de financiación por habitante ajustado (a competencias homogéneas e igual esfuerzo fiscal)”, resume el artículo, titulado Financiación autonómica y local, presentado este lunes en un desayuno de trabajo organizado junto a APIE (Asociación de Periodistas de Información Económica) y primera entrega de una serie de trabajos sobre políticas públicas. “Si añadimos a las comunidades forales, las diferencias son mucho mayores, pues estos territorios se sitúan entre 50 y 100 puntos por encima de la mejor financiada de las comunidades de régimen común”. El fondo que propone De la Fuente estaría financiado al 100% por recursos del Estado y se mantendría operativo “hasta que se completase la reforma del modelo de financiación autonómica, integrándose entonces sus recursos en el sistema general”.

El actual modelo de financiación rige para las comunidades de régimen común —no incluye los territorios forales de País Vasco y Navarra― y gira alrededor de unos fondos donde confluyen tanto ingresos fiscales de las comunidades ―cada región transfiere el 75% de parte de su recaudación tributaria teórica— como aportaciones del Estado. El objetivo es crear una bolsa común a repartir para que no haya grandes diferencias entre territorios ricos y pobres en la prestación de los servicios públicos fundamentales, que están a cargo de las autonomías. Hay, sin embargo, elementos que distorsionan el reparto.

El autor señala tres grandes puntos flacos. El primero es su complejidad y escasa transparencia, seguido por la ausencia de un “criterio claro” de reparto y nivelación, que acaba por generar una “distribución excesivamente desigual y esencialmente arbitraria”, y de ahí la necesidad de crear un fondo de compensación. En último lugar, señala una disfunción menos visible: el modelo actual no fomenta la responsabilidad fiscal de los Gobiernos regionales, que no asumen el coste político de sus decisiones fiscales.

Reforma gradual

De la Fuente, miembro de la comisión para la reforma del sistema de financiación de 2017 —aconseja retomar sus informes para diseñar el detalle del nuevo sistema—, aboga por una renovación gradual, que tenga como objetivo aumentar la sencillez, garantizar un reparto “más equitativo” y una mayor responsabilidad fiscal de las autonomías. Por ello, sugiere que la reforma incluya también las corporaciones locales y sobre todo a País Vasco y Navarra. “Hay que acabar con la opacidad del sistema”, ha señalado este lunes el director del think tank, durante la presentación del estudio, en referencia a los regímenes forales. En el mismo sentido, ha pedido que estos territorios se integren en los mecanismos de nivelación regional para que aumenten su participación en la solidaridad del sistema.

Tras poner en marcha el fondo de nivelación, llegaría el momento de abordar cuestiones más técnicas. A la vez, empezaría la imprescindible negociación política. Esta necesitaría, según el economista, del consenso entre PP y PSOE, al margen de las exigencias autonómicas.

“Hay dos cuestiones fundamentales que solo pueden resolverse mediante un pacto político”, destaca el autor. Por un lado, el tamaño del Estado de bienestar que se quiere. Propone que cualquier aumento de los recursos totales del sistema se financie con incrementos de los impuestos autonómicos, por ejemplo a través un IVA colegiado. El otro asunto que necesita de un acuerdo entre partidos es hasta qué punto nivelar entre territorios ricos y pobres. Esta cuestión, junto al mantenimiento de statu quo —que las comunidades mejor financiadas lo sigan estando— ayudarían, según De la Fuente, a “acomodar parcialmente las demandas de los nacionalistas catalanes (y de los gobiernos de otros territorios de renta alta) dentro de un esquema razonable”.

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