La Inspección de Trabajo regulariza 17.500 falsos autónomos y 53.000 fijos discontinuos fraudulentos

Los cambios normativos de la reforma laboral no son los únicos que ayudan a transformar el mercado laboral. También las actuaciones de la Inspección de Trabajo contribuyen a cambiar la foto fija del empleo. Así, por ejemplo, parte del recorte de trabajadores autónomos experimentado en julio pasado (cuando se perdieron casi 7.000 cotizantes) podría atribuirse al hecho de que los Inspectores de Trabajo han seguido este año aflorando casos de falsos autónomos a los que obligan a hacer trabajadores asalariados. Concretamente, el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, cifró en 17.500 estas conversiones obligadas por la Inspección de autónomos a empleados, entre enero y julio de este año.

La Inspección de Trabajo, dependiente del Ministerio de Trabajo que dirige la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Yolanda Díaz, ya intensificó el pasado año la persecución de este tipo de fraude laboral, para lo que este cuerpo de inspectores realizó 13.450 investigaciones, un 34% más que en 2021. Estas actuaciones llevaron a la imposición de 27.183 infracciones y la regularización de 38.779 empleos, un 313% más que el año anterior (cuando se convirtieron en trabajadores por cuenta ajena unos 9.400 falsos autónomos).

Igualmente, Pérez Rey anunció que la Inspección también obligó a convertir en trabajadores fijos ordinarios a 53.000 trabajadores que tenían contratos indefinidos fijos discontinuos que resultaron ser fraudulentos. Si bien, no ha precisado los resultados de la campaña específica que ha realizado la Inspección en este tipo de contratos en el sector de la educación, donde se han producido transformaciones masivas de contratos temporales en fijos discontinuos y Trabajo sospecha que algunos de ellos podrían ser indefinidos ordinarios. Según ha explicado el número dos de Díaz, aún es pronto para ofrecer resultados de esta última campaña, ya que hay que esperar a ver cuántos de estos trabajadores del sector educativo vuelven a ser contratados a partir de septiembre.

En cualquier caso, y antes de conocerse dichos resultados, Pérez Rey también atribuyó el fuerte recorte de cotizantes experimentado en la educación en julio, de más de 110.000 trabajadores, a las conversiones que se vienen haciendo en estas actividades de temporales a fijos discontinuos desde que entró en vigor la reforma laboral en enero de 2022.

Una tercera campaña de la Inspección sobre la que el secretario de Estado ha dado cuenta este miércoles se refiere a las 6.000 actuaciones en materia de protección de los trabajadores expuestos a temperaturas extremas, tras las que los inspectores han propuesto 330.000 euros en infracciones en lo que va de año.

Pérez Reyes ha recordado que la Inspección ha procedido al envío masivo de cartas a todas aquellas empresas que puedan tener trabajadores “potencialmente” sometidos a temperaturas extremas, después del cambio de normativa antes del verano que permite la modificación de la jornada por este motivo o incluso la suspensión de la actividad.

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