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Reportaje:

Atrapados por una valla en una fábrica de Aranjuez

Agfa rodea con una alambrada las casas de antiguos trabajadores, cuyos hogares están construidos sobre terrenos de su propiedad

Siete familias que residen en los terrenos de la antigua fábrica de la empresa belga Agfa-Gevaert, en Aranjuez, tienen desde hace un mes un único tema de conversación que les quita el sueño y que les va a impedir irse de vacaciones: una valla que rodea sus viviendas -puesta por los responsables de Agfa- y que, según ellos, les impide moverse con libertad y meter o sacar los coches de los garajes de sus chalés.

La historia de la polémica valla se remonta a 1999, cuando Agfa, que se dedica sobre todo a hacer soportes fotográficos, anunció que iba a cerrar la empresa en Aranjuez por motivos económicos. Tras un proceso de negociación muy duro, la empresa acordó con los trabajadores, unos doscientos, una serie de indemnizaciones. El pasado mes de enero, la empresa cerró definitivamente la fábrica en Aranjuez.

La empresa quiere vender el solar al Ayuntamiento ribereño, pero antes tiene que desahuciar a los vecinos

En los mismos terrenos (240.000 metros cuadrados) de la fábrica, la empresa construyó hace más de veinte años varios chalés, una piscina y canchas de tenis para que algunos trabajadores que ocupaban altos cargos (con sueldos de 48.000 euros anuales) viviesen allí. En el momento del cierre, de ese grupo de trabajadores quedaban sólo siete con sus familias. Ahora, Agfa pretende vender los terrenos por 12 millones de euros al Ayuntamiento de la localidad; sin embargo, la operación tiene un pero: hasta que las siete familias, encabezadas por antiguos trabajadores de Agfa que tienen entre 45 y 62 años, no abandonen sus viviendas, el Ayuntamiento no adquirirá los terrenos.

'Con esos terrenos pretendemos construir una residencia para mayores, como ya tenemos hablado con el Gobierno regional, y viviendas de protección oficial, pero no vamos a seguir adelante hasta que Agfa no libere del todo el suelo', confirmaron fuentes del Ayuntamiento de Aranjuez.

Por motivos de seguridad

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Para cerrar el trato con el Ayuntamiento, Agfa ha intentado desahuciar a los trabajadores y a sus familias -un total de 37 personas- porque entiende que, cuando fueron extinguidos sus contratos, también terminó cualquier relación con la empresa, incluida aquella que les permitía disfrutar de su vivienda. Pero una sentencia del pasado 4 de julio del Juzgado de lo Social número 12 de Aranjuez dio la razón a los vecinos y desestimó la petición de desahucio de Agfa.

Al día siguiente de la publicación de la sentencia, los residentes recibieron una carta de la empresa en la que les informaba de que les iban a poner una valla rodeando sus casas 'por cuestiones obvias de seguridad'. Es decir, como la empresa cerró en enero y los vigilantes de seguridad ya no controlan las instalaciones, Agfa ha puesto la valla para 'proteger' a los residentes de robos o ataques vandálicos, según afirmaron desde la empresa.

En cambio, los trabajadores sostienen que la valla es un elemento de coacción, porque no quieren abandonar sus viviendas, extremo que la empresa niega rotundamente. 'Es un acto claro de coacción, y por este tema hemos puesto una querella a Agfa que ha sido admitida a trámite por el Juzgado de Instrucción número 3 de Aranjuez', explica Luis Fernando de Frías, abogado de los demandantes. No es la primera querella por coacciones que estas familias ponen a Agfa. En enero de este año, la empresa cortó la calefacción de las viviendas y los residentes se querellaron, pero los juzgados dieron esa vez la razón a la empresa porque no vieron ningún delito de coacción.

Ahora, los trabajadores y sus familias aseguran que no se pueden ir de vacaciones porque tienen miedo de que les roben. 'La valla no sirve para proteger, porque con que la levantes un poco se cuela cualquiera', explica Álvaro Plaza, de 57 años. Además, estas personas alegan que, en caso de que ocurra un incidente, ningún vehículo de bomberos o ambulancia puede entrar en el recinto, porque, además de la valla, los responsables de Agfa han cerrado la puerta principal del recinto por donde antes entraban y salían los residentes con sus vehículos y les ha abierto un pequeña entrada lateral. Por si se produjese alguna emergencia, la empresa ha dejado una llave de la puerta principal al Ayuntamiento y a los servicios de seguridad de Aranjuez.

La peculiar situación que viven estas familias es prácticamente su único tema de conversación. 'Apenas nos movemos de aquí, porque tenemos miedo a que nos roben. Quién nos iba a decir a nosotros que tendríamos estos problemas a estas alturas de la vida', concluye Alicia, una de las residentes.

'Parecemos gatos enjaulados'

Las 37 personas que viven tras la valla en la antigua fábrica de Agfa en Aranjuez reconocen que su situación les ha llevado a un estado anímico común: se aburren soberanamente. 'Parecemos gatos enjaulados. Cuando pusieron la valla y cerraron la entrada principal, a muchos nos pilló con el coche dentro del garaje y no podemos sacarlo. El pueblo está a dos kilómetros de aquí y tenemos un largo paseo', comentan.

Así que estas familias pasan los días sentadas en sus terrazas hablando y hablando. 'Cuando podemos, bajamos al pueblo y contamos a la gente nuestras penas. Es muy aburrido, pero también estamos muy tensos', explica Félix Olavarrieta, uno de los residentes. La edad de los traba-jadores- entre 45 y 62 años- les está poniendo muy difícil encontrar otro puesto de trabajo. 'Con nuestras edades tenemos poco que hacer de cara al mercado laboral. Ya no podemos trabajar', explica Jesús Muñoz, de 45 años. Jesús, para ocupar su tiempo, está haciendo un curso de programación informática en el Inem. 'En los últimos meses he mandado cerca de cuatrocientos currículos y sólo he hecho una entrevista', apunta.

Además de las indemnizaciones por el despido, estos trabajadores cobran el paro. Sus puestos, cuando trabajaban en Agfa, eran de alta responsabilidad. Por ejemplo, César Capdevilla era jefe de ingeniería; Félix Olavarrieta era el responsable de fabricación, y Alejandro San Marcos, el de personal. Sus sueldos rondaban los 48.000 euros (ocho millones de pesetas). 'Nos pagaban muy bien, no nos vamos a quejar, pero eso no justifica la situación de ahora, que es insostenible', afirman.

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