El poder judicial y el franquismo

Los últimos años del franquismos se caracterizaron, según se acentuaba su descomposición interna, la presión de las nuevas generaciones y la lucha clandestina de las fuerzas de la oposición democrática, por los constantes y siempre fracasados intentos del régimen de dotarse de los necesarios instrumentos legales, mediante la reforma cada vez más restrictiva de su propia legalidad, para poder hacer frente a la nueva situación.Estados de excepción, suspensión de garantías concretas reconocidas abstractamente en las leyes fundamentales, empleo de violencia indiscriminada, abusiva e impune endurecimiento de la ley de Orden Público, del Código Penal y del Código de Justicia Militar, indulto Matesa y decretos como el destinado a la prevención y represión del terrorismo, de agosto de 1975, son algunas de estas formas pseudolegales con las que el régimen franquista intentaba en sus postrimerías seguir manteniendo la ficción del Estado de derecho que se había visto obligado a crear en los años sesenta de cara a la opinión pública, sobre todo la internacional, por razones de supervivencia.

En este contexto, en el que el poder judicial aparece en su cúspide como dócil ejecutor de la voluntad del dictador, incapaz de mantener siquiera la independencia formal que exigía la ficción del Estado de derecho, surge al filo de los años sesenta y setenta Justicia Democrática. Un núcleo importante de jueces, magistrados, fiscales y secretarios judiciales estimaron que se había llegado al límite de lo soportable y que callar, aunque en aquellos años sólo se pudiera hablar en la clandestinidad v en el anonimato, hubiera significado la complicidad con un sistema que intentaba anular hasta la propia conciencia profesional de los servidores de la justicia.

A partir del año 1971 y hasta 1975, muerte de Franco e inicio del actual proceso democrático, Justicia Democrática, a través de memorias anuales anónimas, que corrieron de mano en mano entre los profesionales, los estudiantes y los obreros mas conscientes, realizó una implacable denuncia de las múltiples leyes y disposiciones aberrantes con que el régimen intentaba contener la descomposición inevitable de su poder y de todo lo que se amparaba en él. Por otra parte, el sector demócrata de la Magistratura española intentó con su testimonio contribuir al replanteamiento de la función de juzgar sobre bases realmente democráticas, mediante la elaboración de alternativas viables. Su esfuerzo no ha sido vano, y hoy puede apreciarse, releyendo los trabajos colectivos de Justicia Democrática, que algunos de los principios defendidos y mantenidos con riesgo por sus miembros en los años de la represión han sido ya introducidos en la nueva legalidad democrática. Sin embargo, las razones que motivaron el nacimiento de Justicia Democrática en 1970 no han desaparecido del todo en 1978. La organización del poder judicial que contempla el proyecto de Constitución queda todavía lejos de las conclusiones elaboradas al respecto por el primer congreso nacional de Justicia Democrática celebrado en Madrid en enero de 1977. Un poder judicial realmente independiente del ejecutivo, controlado democráticamente por la sociedad, no inmune a la crítica gobernado internamente por principios democráticos y sometidos sus miembros a la exigencia de responsabilidades, constituye todavía en este momento histórico un ideal, del que queda todavía lejos el modelo de organización de la justicia propuesto por el texto constitucional.