La Junta andaluza recula en su amnistía para algunos agricultores ilegales de Doñana

Un día después de que se quedara en el aire el pacto por Doñana entre el Gobierno y la Junta andaluza (PP), esta última ha reculado. El Ejecutivo autonómico publicó el viernes pasado un decreto ley con un polémico artículo para amnistiar a los agricultores infractores con frutos rojos en suelo forestal junto a la reserva y otros cultivos en diferentes zonas de la región. Lo hizo por sorpresa y menos de tres meses después de haber firmado un acuerdo con el Ministerio para la Transición Ecológica que traerá al entorno de Doñana una lluvia de 350 millones a través de un plan social para revitalizar la zona y minimizar el impacto ecológico sobre el acuífero sobreexplotado.

Ante el cambio legislativo andaluz, el Gobierno dejó este lunes en suspenso dicho plan hasta que a última hora de la tarde se recondujo la situación y el presidente, Juan Manuel Moreno, anunció que recogerá la alfombra roja extendida a los agricultores multados por haber sustituido sus árboles por frutos rojos, pese a que la ley forestal lo impedía.

“Desde el Gobierno andaluz no queremos guerra de ningún tipo y estamos dispuestos a sentarnos con ellos [Ministerio], que nos digan lo que no les gusta y a modificarlo”, ha dicho este martes Moreno, que ha quitado hierro a su amnistía, a pesar de que la redacción del breve artículo del extensísimo decreto ley es muy clara: “No pasa absolutamente nada, el Ministerio ha interpretado que había alguna causa que podía revertir la situación de los suelos. Nosotros no estamos de acuerdo, pero en cualquier caso, como el interés general prima, no vamos a tardar ni 10 minutos en ponernos de acuerdo”, ha añadido el presidente andaluz.

Después de acumular un listado de oposiciones contra su proposición de ley para ampliar regadíos junto al parque que incluía la Comisión Europea, la Unesco y el Gobierno, Moreno dio marcha atrás y solo retiró la norma el pasado octubre a cambio del plan social millonario. Antes admitió el desgaste para su Gobierno, pero durante casi dos años siguió vendiendo su imagen de político verde mientras los hechos le contradecían. Ahora ha dado su brazo a torcer en solo un día, pero a sabiendas de que arriesgaba una inversión multimillonaria por mantener un breve texto que beneficia aún más a unos agricultores que ya serán agraciados con ayudas económicas. El encontronazo evidencia la fragilidad de la paz firmada en noviembre entre el Gobierno y la Junta.

Este martes, la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha rebajado el tono de su sorpresa del lunes tras el Consejo de Ministros: “Espero que esto se resuelva cuanto antes y posiblemente requiera una disposición específica porque ya fue publicado en el Boletín Oficial (…) Moreno me trasladó su disponibilidad para corregir las disposiciones que puedan afectar a ese decreto ley y es imprescindible para poder seguir adelante. Obviamente, no es una señal correcta, incrementar presiones sobre Doñana”.

Después de una larga jornada en la que el pacto de Doñana estuvo a punto de saltar por los aires, y tras llamativos cambios de postura por parte de la Junta, esta ha insistido este martes en resaltar que “no hay puerta de atrás”. Es decir, que el polémico artículo no se aprobó y publicó en el Boletín Oficial con ánimo de ocultárselo al ministerio, pese a que se rescató del articulado de su proposición de ley inicial que ampliaba regadíos junto al espacio protegido, y de que se incluyó en un mastodóntico decreto ley que cambia 176 normas de una tacada y con solo siete días para su revisión por parte de la oposición.

¿Si el ministerio le exige a la Junta la trasposición de la ley forestal estatal a la andaluza con la misma redacción para evitar confusiones, lo hará? “Aceptaríamos el texto literal de la ley nacional”, aseguran fuentes del Gobierno andaluz. La batalla de ahora durará supuestamente poco y consistirá en la imposición del texto apropiado por parte de Transición Ecológica, si Moreno mantiene su optimista promesa de un diálogo breve y exitoso.

Este miércoles el consejero de Medio Ambiente y portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, y el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, mantendrán una reunión para acordar el alcance de los cambios en el super decreto ley de simplificación administrativa. La idea es utilizar un decreto ley de otro asunto para limar el texto inicial. Pero esa decisión no se tomará en el Consejo de Gobierno de este miércoles, sino en otro posterior, según fuentes del Ejecutivo autónomo. Al día siguiente, el jueves, Ribera y Moreno se verán en Sevilla para hablar de medidas contra la sequía y confirmar los cambios acordados por sus equipos.

Mientras, el PSOE andaluz, que dio la voz de alarma sobre el intento de Moreno para amnistiar a los agricultores con carácter retroactivo, recurrirá el decreto ley ante el Tribunal Constitucional por no existir razones de “extraordinaria y urgente necesidad” que justifiquen la reforma de esas 176 normas con esa rapidez que impone el procedimiento escogido, y por carecer de los informes preceptivos del Consejo de Gobiernos locales. “El compromiso del PP con los agricultores es revertir la calificación del suelo de Doñana y por eso traspusieron la ley forestal con carácter retroactivo. Pero no la puedes aplicar sobre situaciones fuera de norma, como pretende Moreno reactivar ahora, por la puerta de atrás”, critica el líder de los socialistas andaluces, Juan Espadas.

El cambio legal aprobado por la Junta y ahora en el aire buscaba avalar que desde ahora los agricultores sancionados los últimos 30 años por haber puesto cultivos —de regadío o de secano— donde había bosques de pinos, chopos o eucaliptos —especies de ciclo corto— sean eximidos de dichas multas administrativas. Es decir, que si la ley forestal andaluza prohibía desde 1992 a un agricultor plantar fresas donde antes había plantado árboles, para así favorecer la regeneración de los montes andaluces, ahora se elimina esa prohibición.

En paralelo, también este miércoles el Parlamento andaluz convalidará el decreto de simplificación con los votos a favor de la mayoría absoluta del grupo popular y también de Vox. El resto de la oposición exige la tramitación del decreto ley como proyecto de ley, lo que daría lugar a que pudieran participar en la reforma a través de la presentación de enmiendas y abriría un periodo de audiencia a los sectores concernidos. El Gobierno de Juan Manuel Moreno no contempla en absoluto esta posibilidad. Desde el PSOE y Por Andalucía se tilda de “cacicada” la vía exprés usada por el Gobierno del PP.

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