El momento del Partido Republicano en Chile

El domingo 7 de mayo, en una elección con voto obligatorio, un 85% del electorado concurrió a la quinta elección popular relativa al proceso de cambio constitucional en Chile. Esta vez para elegir a un segundo órgano constituyente (el primero, la Convención Constitucional, fue electo en mayo de 2021). Chile, una de las democracias más estables de América Latina, entró desde 2019 en un espiral de tensiones políticas y sociales, que ha tenido como derrotero tres ensayos constitucionales, considerando el del segundo Gobierno de Michelle Bachelet. En una gran paradoja, el resultado electoral del domingo 7 de mayo instala como gran ganador al partido Republicano, partido de extrema derecha, quien se ha manifestado contrario al cambio.

¿Giró la sociedad chilena a la extrema derecha? Me parece que es apresurado llegar a esa conclusión. Desde 2020 Chile entró en un mega ciclo electoral, que ha llevado a las chilenas y chilenos a 17 elecciones, de las cuales cinco procesos electorales fueron exclusivamente para pronunciarse y decidir sobre materias constitucionales: en octubre de 2020 el plebiscito para decidir sobre el proceso y el órgano que redactaría un nuevo texto constitucional, en mayo de 2021 la elección de la Convención Constitucional (con 155 integrantes), en septiembre de 2022 el plebiscito ratificatorio del texto constitucional. Como en el plebiscito de septiembre se impuso el rechazo al texto, se ha convocado a un nuevo proceso, y la elección del 7 de mayo de 2023 ha sido para elegir un nuevo órgano constituyente, esta vez integrado por 50 representantes.

Sin duda Chile vive una crisis política-institucional que se asimila a otras de América Latina: crisis de confianza y legitimidad hacia las instituciones políticas, desigualdades, violencia y criminalidad, fragmentación del sistema político, malestar de la sociedad. Lo que ha sido constantemente valorado en el caso de Chile, es la capacidad de canalizar esta crisis mediante procesos institucionales que se reflejan fundamentalmente en acuerdos políticos amplios y convocatoria a las urnas. Una añoranza a la política de las alianzas y los consensos que formaron parte de la transición a la democracia y que dieron estabilidad al sistema político hasta el 2010, y una búsqueda de la revalorización de la política, como principal mecanismo de resolución de los conflictos sociales.

Esta crisis de legitimidad y confianza ubica su origen en la década de 2010 con el fenómeno de la desinstitucionalización del sistema de partidos. Desde esta década, la pérdida de confianza de la ciudadanía frente a las principales instituciones políticas del país, debilitó el sistema político, y desde entonces se ha venido en un derrotero de reformas políticas (las más importantes entre 2014-2018), y la búsqueda del cambio constitucional, anhelado por unos y evitado por otros. Es relevante recordar que en Chile rige una Constitución Política promulgada en 1980, bajo dictadura, y reformada sustantivamente en 1989 y 2005. Esta Constitución de origen autoritario y rígida para adaptarse a los importantes cambios de la sociedad ha sido el eje de los procesos políticos y sociales en los últimos años, y ha mostrado una volatilidad electoral, que no se había visto en la política regular.

El péndulo electoral constituyente, pasó de un ciclo de las izquierdas en mayo de 2021, a un ciclo de las derechas en mayo de 2023. Luego del malestar social de 2019, los partidos políticos establecieron el Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución, y convocaron al plebiscito de octubre de 2020. Dicho plebiscito es el inicio del ciclo de las izquierdas, donde un 80% del electorado aprobó el cambio constitucional. Luego vino la elección de la Convención Constitucional en mayo de 2021, con una regla electoral especial que incluía paridad, pueblos indígenas e independientes, donde se eligió a una mayoría de las izquierdas e independientes. En las elecciones presidenciales de noviembre de 2021, se impuso en segunda vuelta Gabriel Boric, frente al candidato derechista José Antonio Kast. Sin embargo, en este mismo proceso electoral se votó para diputados y senadores, ingresando representantes de la derecha populista a la Cámara de Diputados, y obteniendo la derecha un 50% de representación en el Senado. Comenzó a darse un cambio en las preferencias.

En septiembre de 2022, la ciudadanía rechazó la propuesta Constitucional que propuso la convención, dando cuenta de un quiebre en la tendencia que venía desde 2020. Las razones del rechazo son múltiples, pero, a fin de cuentas, las élites políticas debieron concurrir a un nuevo acuerdo y convocar a la ciudadanía a las urnas. Esta vez los partidos políticos ya tenían un acuerdo sobre el mecanismo de cambio y sobre los contenidos constitucionales, que denominaron las 12 bases institucionales. Al Acuerdo por Chile no concurrió el Partido Republicano ni el Partido de la Gente, de corte populista. Sus razones: que las prioridades ciudadanas estaban en una agenda de seguridad, migraciones y economía. Pero a pesar de no concurrir a este acuerdo constitucional, participaron del proceso electoral. Como una paradoja, el gran ganador en las elecciones del Consejo Constitucional es el Partido Republicano, que obtuvo el 35% de los votos, y eligió a 23 de los 51 integrantes del Consejo (50 por los distritos regionales más un representante de los pueblos indígenas), teniendo la mayor relevancia en el nuevo órgano constituyente.

El triunfo del Partido Republicano es el principal hecho político de este momento. Ya no hablamos de la paridad, la representación inclusiva, de la importancia de que las bases institucionales incluyen temas clave como la propuesta de un Estado Social y Democrático de Derecho, del cuidado y la conservación de la naturaleza y su biodiversidad, de la continuidad que se da a las principales instituciones políticas del país a través de un régimen presidencial. Y se entiende que este sea el foco, porque es un giro importante a la voluntad ciudadana. Pero los problemas sociales persisten y la crisis político-institucional también. Esto da cuenta que la grieta entre expectativas ciudadanas y la capacidad institucional de responder a las necesidades de la ciudadanía no se ha resuelto, y que el desacople del sistema político con la ciudadanía es una de las razones de ello. La experiencia de Chile nos enseña que todo es un proceso, con distintos momentos, pero que para que la democracia persista se requiere de un sistema político con anclaje social. Más allá del actual momento, el desafío perdura, y el proceso continúa.