Juicio por blanqueo a un histórico narco de O Grove

Con uno de los historiales policiales más largos que se remontan a los años ochenta, el transportista Eduardo Eugenio Otero Castro, O Rubio de San Vicente, se sienta de nuevo ante un tribunal. En esta ocasión no tendrá que explicar los pormenores de una descarga de cocaína o hachís en las Rías Baixas, sino demostrar el origen del dinero con el que compró coches, motores fueraborda, embarcaciones, fincas y un chalé en San Vicente de O Grove donde reside, valorado en más de 315.000.

El caso es un recopilatorio de su actividad delictiva. A la Fiscalía de Pontevedra ni a Hacienda le cuadran las cifras al cruzar los datos de su ficha laboral y tributaria. Condenado en 1998 por tráfico de hachís y en 2002 por el alijo de casi una tonelada de cocaína que transportó el yate The Sara James, de bandera norteamericana, Otero Castro comenzó con los transportes de tabaco en 1981 cuando fue implicado por primera vez en el contrabando.

La investigación resalta que “no consta ninguna fuente de ingresos del acusado, sino tan solo seis años de trabajo cotizado de una vida laboral de 31, con prestación de desempleo en 1996 y 1997”. Entre 2000 y 2002 declaró unos ingresos de 12.000 euros.

La Fiscalía acusa al veterano transportista del delito blanqueo y pide para él una condena de 6 años de prisión y el decomiso de todos sus bienes. También en esta causa está procesada su mujer y a sus dos hijas que afrontan condenas de un año a 9 meses de prisión y una multa conjunta de casi un millón de euros.

Dice la acusación de la fiscal que Otero Castro utilizó a una de sus hijas para poner a su nombre los bienes que adquirió entre 1997 y 2002, valorados en 729.000 euros. “Una cantidad que excedía de forma notoria su, en apariencia, nula o exigua capacidad económica”, señala.

Con su “precaria” situación económica, la acusación destaca el nivel de vida del acusado, como la plaza de atraque que adquirió en el puerto de Pedras Negras de O Grove, acciones en dos astilleros y en una empresa de construcción, la compra de dos embarcaciones neumáticas, además de otra con dos motores de 200 cv de potencia. Recuerda la fiscalía que, en 2003, la policía localizó en su casa dos lanchas semirrígidas, sin folio ni matrícula, con potentes motores, un yate de 15 metros de eslora, sin bandera pero muy similar a las construidas en Gran Bretaña, y un casco de planeadora de 12 metros.

Además, otro dato que llama la atención de la fiscal Carmen Díez García, es que en 2005, pese a estar ingresado en prisión cumpliendo condena por el alijo de cocaína, sus cuentas corrientes arrojaron un saldo de 168.000 euros. Y añade que su mujer y otra de sus hijas también han colaborado con la actividad de blanqueo del acusado, por lo que su familia le ayudó a “ocultar el origen delictivo del dinero empleado y a eludir las consecuencias derivadas de su participación en los delitos de narcotráfico para conseguirlo, utilizarlo y a aprovecharse de él, a sabiendas de su procedencia, en la medida en que convivían juntos y porque era él el que soportaba los gastos de la unidad familiar”, concluye.