Colau se alía con el sector privado para construir pisos de alquiler a 500 euros

El Ayuntamiento de Barcelona y el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) han anunciado este jueves la constitución de una nueva empresa con capital y gestión público-privada con la que pretenden construir 4.500 viviendas destinadas a un alquiler asequible, entre siete y diez euros por metro cuadrado al mes, en menos de seis años. El objetivo es levantar y gestionar un parque de pisos destinado a inquilinos que puedan unos 500 euros de media —desde los 202 del alquiler social hasta 800 euros— de renta, según ha explicado el gerente de vivienda del Ayuntamiento, Javier Burón. 

El coordinador general de servicios del AMB, Eduard Saurina, ha anunciado la creación “antes de final de año” de una sociedad 100% pública de la que formarán parte el Ayuntamiento de Barcelona, gobernado por Ada Colau, y el AMB. La empresa llevará por nombre Habitatge Metrópolis Barcelona y seis meses después de la constitución pondrá en marcha un concurso público. La compañía o la unión temporal de empresas “que gane se encargará de la promoción, construcción y gestión de los parques de alquiler”. Entonces se reformulará la sociedad y pasará a ser 50% pública y 50% privada. Las administraciones cederán el suelo. Las empresas construirán y gestionarán los pisos.

“Serán unos alquileres que no sigan la lógica del mercado” ha señalado Burón. “Es una opción que existe en otros países de la Unión Europea donde 27 millones de personas viven como inquilino en un piso de estas características y donde el inversor consigue una rentabilidad moderada pero segura a largo plazo”, ha destacado. “Aquí ahora mismo tenemos algo de alquiler social, mucha vivienda en propiedad y poca de alquiler. Creemos que no hay absolutamente nada para aquella gente que pueda aportar una mensualidad entre 202 y 800 euros. La necesidad existe y el reto también.

Se trata de la primera experiencia de este tipo que se da en España y Burón asegura que la rentabilidad que obtendrán las empresas el 4%, “muy inferior al del mercado”. Los inquilinos serán, en el caso de Barcelona, los demandantes de vivienda de alquiler protegido cuyo registro ya suma 30.000 inscripciones en la capital catalana. Saurina ha anunciado que el Área Metropolitana tiene dos fincas en Gavà y dos en Montgat donde se comenzarán las promociones de este tipo de viviendas.

Antes de que finalice el mandato en 2019 el Ayuntamiento se ha comprometido a iniciar la construcción de 1.500 viviendas. En el mismo periodo la AMB se ha comprometido a otras 1.500 y, entre 2020 y 2024, 1.500 más.La segunda parte del proyecto consiste en emitir unos bonos que permitan a la ciudadanía formar parte del capital de este tipo de proyecto. “De esta manera, los inquilinos podrán ser accionistas y participar en los órganos de la sociedad”, ha asegurado Burón. El gerente de vivienda asegura que las primeras promociones en la capital catalana serán en el barrio de Marina Port Vell, La Sagrera y el 22@.

Aún así, Burón reconoce que España tiene entre “50 y 100 años y diez billones de retraso con otras ciudades como Viena donde un tercio de vivienda es privada, un tercio pública y un tercio de este tipo mixto entre público y privado. Allí las administraciones sí pueden influir en el precio de los alquileres. En Barcelona la influencia es reducida, el peso debería ser entre el 10 y 15% del total de la vivienda”.

Las administraciones serán las que garanticen a la empresa privada el pago del alquiler. Las empresas explotarán los alquileres durante un plazo de entre 30 y 40 años. Transcurrido este plazo se renegociará o directamente pasará el parque de vivienda pasará a ser público.