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El Síndic invita al Consell a que elabore un presupuesto sin déficit

La Sindicatura no ha completado todavía el informe de las cuentas de Emarsa

El Síndic de Comptes, Rafael Vicente Queralt, en las Cortes.
El Síndic de Comptes, Rafael Vicente Queralt, en las Cortes.TANIA CASTRO

El déficit de la Generalitat Valenciana, del 3,69% del PIB en 2011, es inaceptable y obligará a adoptar nuevas medidas en el futuro. En eso coincidieron este martes el Síndic Major de Comptes, Rafael Vicente Queralt, y los portavoces de la oposición. La situación “no puede permanecer durante mucho tiempo”, señalaba Queralt en declaraciones previas a la comisión de Economía de las Cortes Valencianas, donde explicó el informe de fiscalización de las cuentas autonómicas de 2010 realizado por la Sindicatura de Comptes.

Ya en la comisión, Queralt abundó en las dificultades de las cuentas autonómicas. Tras explicar que el informe hace referencia al decreto de ajustes del Consell por su relevancia, pese a que es un hecho posterior al ejercicio de 2010, apuntó su “opinión personal”. Queralt dijo que le gusta que el decreto implique la reducción del sector público de la Generalitat y que se someta a control de la intervención a esas empresas, “que se crearon precisamente para huir de ello”.

El Síndic habló de las obligaciones no reconocidas en Sanidad, que calificó de “problema endémico”, y atribuyó a la “infrafinanciación autonómica” que los gastos sanitarios acaben “desmadrando” el presupuesto. “Me conformaría con que se presupuestara suficientemente”, confesó Queralt, a quien el portavoz socialista en la comisión, Julián López Milla, había preguntado si podía detallar los efectos de unas medidas de ajuste del Consell que “no sirvieron para cumplir los objetivos de reequilibrio”.

El PP atribuye a la falta de financiación autonómica los problemas

Las tensiones de tesorería y la deuda de la Generalitat centraron la intervención de López Milla, que destacó cómo el informe de la Sindicatura revela que el fondo de maniobra era negativo y alcanzaba los 8.800 millones en 2010, lo que quiere decir que “si la Generalitat fuera capaz de cobrar todas las deudas a corto plazo, le faltarían 8.800 millones para afrontar las obligaciones de pago”. Sobre el déficit, destacó que se multiplicó por tres y que las cuentas registraron una desviación de 2.500 millones sobre lo presupuestado.

El portavoz del PP, Ricardo Costa, insistió mucho en que, mientras el Gobierno central estaba en manos de los socialistas, la Comunidad Valenciana fue la segunda que resultó peor financiada per cápita y calculó en 11.800 millones de euros la infrafinanciación. Costa explicó que el Consell ha puesto en marcha medidas pactadas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera para corregir el déficit y hacer frente a la difícil situación económica de la Generalitat y añadió que con “el apoyo del nuevo Gobierno de España” se cumplirán los objetivos marcados.

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Por su parte, Ignacio Blanco, de Esquerra Unida del País Valencià, incidió en el “gran volumen de deuda” de la Generalitat y, aunque reconoció que la financiación autonómica es insuficiente, criticó los gastos en grandes eventos y “fanfarria” y calificó de “irresponsables” a quienes “están gastando lo que no tenemos”.

El PSPV quiere que Queralt explique el informe de las ayudas de Blasco

Antes de celebrarse la comisión, a la que no pudo asistir la diputada de Compromís Mireia Mollà, que se encontraba enferma, Queralt explicó que la Sindicatura de Comptes todavía no ha completado el informe sobre las cuentas de Emarsa , la empresa pública cuyo saqueo es investigado judicialmente y que también centra una comisión de investigación en las Cortes. “Es un tema especialmente complicado”, dijo.

Ya en la comisión, el socialista López Milla mencionó el informe que elaboró en su día la Sindicatura sobre dos de las subvenciones de cooperación de la época de Rafael Blasco cuyas irregularidades han llevado a la detención de 15 personas. Queralt dijo que son las Cortes la institución “propietaria” del informe, ya que fue la Cámara la que lo encargó. Al final, la presidenta de la comisión, la socialista Cristina Moreno, anunció que se harán gestiones para que el Síndic acuda a las Cortes a explicar aquel informe.

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