La comisión de ‘bebés robados’ busca un impulso a los procesos judiciales

Trece días después de que el Parlamento vasco aprobase por unanimidad convertirse en la primera Cámara de representantes de todo el Estado en investigar la presunta trama de bebés robados ocurridos entre 1940 y 1990, la mesa daba ayer sus primeros pasos. Su presidenta, Arantza Quiroga, marcaba ocho días de plazo a los partidos para que presenten los nombres de sus representantes en el órgano. A partir de ahí, de no haber sorpresas, la comisión de estudio se constituiría a finales de marzo.

En la comisión estarán todos los partidos. Cada uno, PNV, PSE, PP, Aralar y el grupo mixto, con dos miembros. Sólo las discrepancias en este último caso podrían retrasar la puesta en marcha de la misma. Y es que serán UpyD, Ezker Anitza-IU y Eusko Alkartasuna quienes deban negociar quién ocupa dichos asientos ya que las tres formaciones se “muestran interesadas en estar presentes”. Desde EA entienden que su portavoz Juanjo Aguirrezabala, como proponente de la comisión y al presentar la proposición no de ley que ha dado origen a la misma, debiera estar.

En la misma reunión que convocará Arantza Quiroga, los grupos elegirán quién presidirá el órgano y a partir de entonces, cada partido tendrá un plazo para proponer un plan de trabajo y empezar a funcionar como muy por pronto a mediados de abril teniendo en cuenta que su arranque coincidiría con Semana Santa, periodo inhábil en la cámara, sostienen fuentes del Parlamento. Sobre la mesa: la necesidad de determinar cuántas veces se reunirá por semana ya que no hay periodicidad obligatoria o cuántos testimonios de afectados, expertos, funcionarios o responsables de instituciones pasarán por la misma.

El dictamen que resulte de la Cámara no tendrá carácter vinculante

Lo que sí está claro es que las sesiones serán abiertas y públicas tal y como se produce en todas las comisiones del Parlamento después de la última reforma parcial del Reglamento que se hizo el pasado mes de junio. Otra cosa, apuntan fuentes parlamentarias, será que las personas citadas a declarar y relacionadas con la presunta trama, como por ejemplo, médicos o enfermeras, pidan que su sesión tenga carácter secreto.

Los trabajos y su dictamen final no serán vinculantes. En este sentido, para el jurista y criminólogo, Miguel Alonso Belza, “la comisión tendrá un carácter muy limitado y en cualquier caso no llegará mucho más allá de lo que lo puedan hacer la Fiscalía o los juzgados”. En la tarea de la comisión se incluirá el análisis de toda la normativa que resulta de referencia y aplicación en los expedientes de adopción así como las reformas legislativas necesarias para el esclarecimiento de los hechos ocurridos como para evitar cualquier resquicio legal que pudiera dar cauce a la comisión de los mismos hechos en un futuro.

Gipuzkoa y Bizkaia también elegirán su propia comisión, decidida en Juntas

Entre 1940 y 1990, la asociación SOS Bebés Robados denuncia que algunos niños eran supuestamente arrebatados a sus madres al nacer para, acto seguido, ser entregados en adopción a cambio de dinero, pagando incluso un millón de pesetas por ellos. “Los trabajos del Parlamento sí que servirán para que como máximo exponente de la soberanía popular contagien un impulso a los procesos judiciales en marcha y para que se pueda poner el acento en quienes participaron en esa presunta trama y las partes personadas en las denuncias pueden plantearse llevar esos mismos testimonios a sede judicial”, añade Alonso Belza. Algo que comparte el profesor de Derecho Penal de la Universidad de Deusto, Xabier Etxebarria. “Como no estamos ante un proceso judicial y las declaraciones que se tomen no contarán con las garantías judiciales necesarias, no podrán tener valor a efectos de condena pero sí reparador para las víctimas porque se sentirán escuchadas en un ámbito institucional”

La puesta en marcha de la comisión del Parlamento vasco se unirá a la que también aprueben por unanimidad las Juntas Generales de Gipuzkoa en pleno ordinario el 7 de marzo. Lo mismo ocurrirá en Bizkaia donde su Parlamento foral abordará el próximo mes la propuesta del PP. De esta forma, los tres territorios podrían disponer de su propia comisión para ayudar a esclarecer lo sucedido entre 1940 y 1990.

En suma, un escenario que cuestiona el profesor de Derecho Penal de la Universidad de Deusto, Xabier Etxebarria. Para Etxebarria, que Euskadi cuente con cuatro comisiones diferentes "generaría conclusiones distintas, confusión, duplicidades y una revictimación a las víctimas".