Una justicia con incógnitas para las campesinas peruanas violadas por militares en los años ochenta

María aún estaba en la secundaria cuando los terroristas llegaron a su pueblo y mataron a una de sus amigas de un disparo en la cabeza. Corría mediados de los años ochenta y el Perú vivía entre dos fuegos: los subversivos y aquellos militares que con la justificación de perseguir a los sediciosos en las regiones de la serranía saquearon tiendas, asesinaron ganados y desgraciaron a familias enteras.

En marzo de 1984, con sus fusiles cargados al hombro, las Fuerzas Armadas instalaron una base militar en Manta, uno de los diecinueve distritos de Huancavelica, a más de 3.700 metros sobre el nivel del mar. Según el Registro Único de Víctimas del Consejo de Reparaciones del Ministerio de Justicia se reportaron 4.866 casos de violación sexual entre 1980 y el 2000, de los cuales el 83% fueron perpetrados por las fuerzas del orden, según las conclusiones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR). María es una de esas mujeres que experimentó el horror de parte de quienes debían protegerla.

Como ha relatado en Nuestras voces existen, libro editado por Demus (Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer), una noche María fue dopada por un grupo de soldados. Despertó, adolorida, en un almacén entre costales de arroz y azúcar. Le dolían sus partes íntimas y le costaba caminar. La había violado un regimiento. No sería la única vez. En una ocasión una tropa la ultrajó a ella y a su tía. Producto de ello salió embarazada y dio a luz a una niña. Tuvo que huir a otra región. Era quechuahablante, pobre, no había acabado el colegio y ahora debía encargarse de una hija.

“La gente en vez de tener pena hablaba mal. Ahí van esas perras que con los militares están”, ha contado María, quien alguna vez amarró una soga a su cuello y lo ató a una viga de su casa, pero en el último instante se arrepintió de saltar de la silla. En su momento, además, tuvo que enfrentarse al desprecio de su padre que no aceptó que saliera en cinta por segunda vez. “Tuvieron que llegar los terroristas a Manta para pasar todo esto, y luego los militares. Si ellos no hubieran llegado, nada hubiera pasado”, dice en la publicación.

El caso Manta y Vilca —el nombre obedece a otro distrito cercano donde también se perpetraron vejaciones— es emblemático porque es la primera vez en el Perú que el delito de violación sexual es procesado como un crimen de lesa humanidad. Así fue presentado en la acusación judicial en el 2015. Para llegar a ese punto pasaron décadas, donde las mujeres vulneradas fueron entendiendo que tenían derechos y podían denunciar a sus agresores. Son nueve las ciudadanas que dieron ese paso en contra de trece soldados del Ejército peruano. Una de ellas murió hace algunos meses, aquejada por diversos males.

Después de un primer juicio que quedó invalidado por una serie de irregularidades, el segundo juicio oral ha entrado a la recta final: el 19 de junio la Sala a cargo del caso dará lectura a la sentencia. Una sentencia que ha tardado 40 años. La escritora Claudia Jiménez se pregunta en el prólogo del libro: “¿Cómo se ramifica en la nación peruana esta violencia que, por cuatro décadas, ha permanecido impune? ¿Qué país es este que permite que los culpables de estos crímenes continúen con sus vidas mientras que las mujeres de Manta han visto sus vidas partidas en dos? ¿Qué Estado es este que violenta a sus ciudadanas y les deja una bola de silencio en la lengua?”.

Cuando por fin las víctimas confiaban en un fallo favorable, este jueves se aprobó en primera instancia un proyecto de ley que beneficia a investigados y sentenciados por crímenes de lesa humanidad. El Pleno aprobó una norma que pretende exculpar a terroristas, militares o policías que hayan sido procesados y sancionados por hechos cometidos antes del primero de julio del 2002, fecha en que entró en vigencia el Estatuto de Roma al que el Perú se adhirió. La norma será votada por segunda vez dentro de una semana para su ratificación, pero ha despertado la preocupación de un gran sector de la población que desaprueba la prescripción de dichos procesos.

Cynthia Silva, abogada y directora de Demus, la institución que ha acompañado el proceso legal y psicológico de las denunciantes, expresa sus temores por el veredicto del 19 de junio, pero también remarca la fortaleza de las víctimas quienes se mantienen firmes en su búsqueda de verdad, justicia y reparación. “Ellas se encuentran muy indignadas con todo lo ocurrido. Los congresistas han sido sumamente indolentes y negacionistas, pues estos hechos han impactado en su salud mental y sus proyectos de vida. Este proyecto definitivamente pone en riesgo que se obtenga justicia y más bien da pie a la impunidad”, señala.

Silva considera importante que se visibilice quiénes son los impulsores de estas iniciativas legislativas: “No solo son los exmilitares que pretenden olvido para sus crímenes sino también el bando fujimorista que es el más interesado en blindar los delitos del régimen de Alberto Fujimori, entre ellos está el congresista Alejandro Aguinaga, investigado por las esterilizaciones forzosas de miles de campesinas”.

La abogada sostiene que pedirán medidas provisionales a la Corte Interamericana de Derechos Humanos con la finalidad de que todos los casos de delitos de lesa humanidad sean protegidos de toda posibilidad de injusticia. Pero también remarca que confía en la integridad del colegiado que dará el veredicto. “Las normas no son válidas jurídicamente solo por el hecho de haber sido aprobadas por el órgano competente, en este caso el Congreso, sino que su contenido y sentido debe ser conforme a los derechos humanos y las obligaciones internacionales del Estado. Es potestad del colegiado ejercer el control difuso e inaplicar la ley en caso se apruebe en segunda votación. Tendría total sustento”, arguye.

Manta es una localidad de Huancavelica donde muchos niños crecieron sin padre y no llevan su apellido real en sus documentos de identidad. Hijos de la violencia cuyas madres, hoy de más de cincuenta años, aún duermen con la luz prendida y se inquietan cada vez que escuchan pasos extraños. Este miércoles 19 de junio, después de 40 años, aguardan una sentencia justa, un fallo que desate el nudo de sus gargantas.

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