Los escenarios jurídicos que le esperan a Rodolfo Hernández

Rodolfo Hernández no ganó la presidencia de Colombia, pero consiguió 10,5 millones de votos. No es un logro menor. Por detrás de Gustavo Petro, su nombre ha alcanzado la segunda mayor votación en la historia de Colombia. El exalcalde de Bucaramanga, que hasta hace unos meses era un desconocido para buena parte del país, se convirtió en un fenómeno electoral sin tener que hablar mucho. Hasta el final de la campaña, su proyecto de nación seguía siendo una incógnita. Las elecciones pasaron y su figura sigue siendo un misterio.

Es incierto cuál será el papel de Hernández en el panorama político. Todavía no ha decidido si aceptará la curul en el Senado, que le garantiza el Estatuto de la Oposición al aspirante derrotado en segunda vuelta, o si se hará a un lado y continuará con su vida de constructor en Santander, donde se llevó el 74% de los votos y se consolidó como el nuevo cacique electoral. Al inicio de esta semana, su nombre como posible aspirante a la Gobernación del departamento empezaba a sonar como una posibilidad. Cualquier camino que elija estará atravesado por su proceso con la justicia. El próximo 21 de julio empieza el juicio en su contra por el caso Vitalogic. Hernández ha sido acusado por el delito de interés indebido en la celebración de contratos en un proyecto para el manejo de basuras en Bucaramanga, mientras fue alcalde, entre los años 2016 y 2019.

Juan Ospina, abogado constitucionalista y docente, explica que la situación que enfrenta Hernández tiene varios escenarios por delante. Si acepta un puesto en el Congreso, su proceso judicial pasaría a manos de la Corte Suprema de Justicia, el máximo tribunal. Los magistrados continuarían con el caso con las actuaciones que ya han sido adelantadas por la Fiscalía. No se iniciaría de nuevo, sino que seguiría con las pruebas recaudadas y con una imputación en firme. Si este tribunal decide, aun sin una condena, pedir orden de captura en su contra mientras avanza la investigación, Hernández debería abandonar su curul y esta no tendría reemplazo, ya que fue obtenida por ser el segundo en las presidenciales y su fin es garantizar un lugar en Congreso para el jefe de la oposición, señala Ospina. No es seguro que Hernández quiera serlo. Aunque más de diez millones de personas votaron por él y lo lógico sería que se convirtiera en el contrapeso del Gobierno de Petro en el parlamento, su proceso judicial puede pesar más a la hora de tomar la decisión.

La historia reciente ha demostrado que los senadores investigados prefieren perder su lugar en el Congreso a cambio de que sus casos los tomen jueces de menor jerarquía y no los magistrados de la Corte Suprema. Álvaro Uribe es un ejemplo reciente. Aunque fue el senador más votado en las parlamentarias de hace cuatro años, renunció tan pronto como el Supremo le llamó a indagatoria por los delitos de fraude procesal y soborno. Él y su defensa prefirieron que fuese un juez y no el máximo tribunal quien le investigara.

La instalación del nuevo Congreso es el próximo 20 de julio y si Hernández acepta la curul, al día siguiente debería sentarse en el banquillo de los acusados en el inicio de su juicio. Si la Corte no ordena su detención, mientras avanza el proceso, el exalcalde de Bucaramanga podría ejercer como senador en paralelo a la investigación. Se presume de su inocencia hasta que haya un fallo, que puede tardar meses e incluso años.

Hernández ha dicho que espera ser notificado por el Consejo Nacional Electoral para decidir si acepta o no ser el jefe de la oposición en el Congreso. Aunque el mismo día de las elecciones, su estratega, Ángel Beccassino, confirmó que sí lo haría, hasta este martes no había una respuesta definitiva. El exalcalde tomará la decisión pensando en su proceso judicial más que los 10,5 millones de ciudadanos que le respaldaron en las urnas.

El caso Vitalogic

Rodolfo Hernández enfrenta un proceso con la justicia porque durante su Alcaldía se celebró un contrato de consultoría para tecnificar el manejo de las basuras en Bucaramanga. El alcalde prometió el uso de la tecnología como solución al problema que durante décadas ha amenazado con una crisis ambiental en la ciudad, que dispone de un único lugar para la recepción de desechos de la capital de Santander y al menos otros 15 municipios. Pero el proyecto que pretendía hacer no se pudo concretar porque a mitad del camino, la justicia pidió detener la ejecución de la obra, que había sido puesta en marcha con vicios legales en el trámite.

Hernández debe responder por haber interferido, según las autoridades, para que la Empresa Municipal de Aseo de Bucaramanga (EMAB) le otorgara el poder como consultor al ingeniero Jorge Hernán Alarcón para que diseñara los pliegos de la licitación del proyecto a favor de la empresa Vitalogic. El hijo del exalcalde recibiría una millonaria suma de dinero si el contrato quedaba en manos de esa compañía, según las pruebas que ha recogido la investigación.

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