Eliminar el IVA de la vivienda protegida abarataría automáticamente un 10% su precio
Un grupo de expertos proponen soluciones para el acceso de los jóvenes a la vivienda durante un curso en San Sebastián organizado por el notariado
Los jóvenes tienen un serio problema para alquilar o adquirir una vivienda. Los precios siguen subiendo y no hay suficiente oferta de vivienda pública. Para atajar el problema, es necesario contar con una legislación que proporcione mayor seguridad jurídica al urbanismo y articular mecanismos públicos y de colaboración con el sector privado para incentivar la financiación. Estas son algunas de las propuestas de distintos expertos y juristas que han debatido durante la segunda jornada del curso Persona, Empresa y Tecnología, que organiza la Fundación Notariado del Consejo General del Notariado en el marco de los cursos de verano de la Universidad del País Vasco.
El contexto se vio reflejado este miércoles con la publicación del informe interanual del Centro de Información Estadística del Notariado (CIEN) sobre la evolución del mercado inmobiliario, un termómetro de la situación habitacional en España. Entre las principales conclusiones: se compran más viviendas y se firman más hipotecas, pero los precios de los inmuebles siguen en un ascenso moderado. Los pisos suben un 3,4%, mientras que las viviendas unifamiliares bajan de precio: un 3,3%. Las hipotecas alcanzaron los 150.219 euros de promedio. Donde más se dispararon las ventas: La Rioja. Donde menos: Murcia.
Déficit de 600.000 viviendas
“Tenemos una oferta muy rígida. En los últimos años se han construido 90.000 viviendas anuales, mientras que en el periodo de 2022 y 2023 se crearon 275.000 hogares. Con estos datos estimamos que -en proyección hasta 2025- tenemos un déficit de unas 600.000 viviendas”, ha detallado Roberto Blanco, director del departamento de análisis macrofinanciero y política monetaria del Banco de España. Sobre el mercado del alquiler, Blanco apuntó que “España es de los países del mundo que dedica menos al alquiler social, solamente el 1,5 % del parque de vivienda frente al 7% de media que tienen en Europa. El sector público por sí mismo no puede corregirlo, hay que fomentar la colaboración público-privado”.
Por su parte, Juan Antonio Gómez-Pintado, presidente de la Asociación de Promotores y Constructores (APCE), ha hecho hincapié en la necesidad de contar con “una ley de seguridad jurídica en el urbanismo: una ley que garantice que vamos a tener suelo finalista en plazos razonables”. Gómez-Pintado ha señalado que “tenemos un problema de una magnitud impresionante del que venimos avisando desde hace 14 años. A las dificultades de los jóvenes para acceder a una vivienda y la paralización del suelo se unen como factores determinantes la curva demográfica y el flujo migratorio de nuestro país”. El presidente de APCE ha dado algunas claves: “Necesitamos que nuestras ayudas sean las mismas que las de otros sectores; quitar el estigma a la vivienda para fomentar el proceso de industrialización y facilitar la financiación; frente a la falta de mano de obra, ofrecer formación profesional dual que nos proporcione gente cualificada; contar con sistemas y herramientas digitales que agilicen la concesión de licencias; y fomentar la colaboración público-privada”.
Ambos han intervenido en una mesa de la jornada sobre construcción de vivienda pública y privada -moderada por Ramón Múgica, notario de Bilbao-, junto a Fernando Cos-Gayón, director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación y del Observatorio de la Vivienda de la Universidad Politécnica de Valencia; y Mario Yoldi, director de Planificación y Procesos Operativos de Vivienda del Gobierno Vasco.
“Destinamos el 1 % del PIB vasco a política de vivienda y en los últimos 10 años el 16 % de toda la vivienda protegida en España la ha hecho el País Vasco, pero sigue siendo insuficiente. El mercado nos ha derrotado y tenemos que intervenir. Hasta ahora el 40 % de las adjudicaciones de vivienda pública -en alquiler- del Gobierno Vasco iba destinado a jóvenes; a partir de esta legislatura será el 50 %”, ha anunciado Yoldi.
En este sentido, Cos-Gayón ha señalado que “la única opción para los jóvenes es el alquiler; ahí es donde hay que poner los esfuerzos. Una de las mejores soluciones a corto plazo pasa por aprovechar las viviendas vacías, que podrían estar en condiciones de salir al mercado de manera rápida utilizando los fondos europeos Next Generation”. Como solución a la compra de vivienda por parte de los jóvenes ha apuntado: “Podemos hacer que la vivienda protegida sea un 10 % más barata de forma automática eliminando el IVA”.
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