El juez del Popular pide a Santander y PwC sus pólizas de seguro para garantizar una posible responsabilidad civil

El juez de la Audiencia Nacional que ha investigado el conocido como caso Popular, José Luis Calama, ha requerido al Banco Santander (como heredero del Banco Popular) y a la firma PwC (que auditó las cuentas de la entidad desaparecida) que aporten, en el plazo de tres días, las pólizas de seguro que pudieran tener contratadas con el fin de asegurar la posible responsabilidad civil en la causa abierta por las irregularidades en la ampliación de capital del Banco Popular en 2016, que está pendiente de ser juzgada. Esta diligencia es meramente preparatoria y no implica ningún tipo de decisión procesal frente a las compañías aseguradoras.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, propuso juzgar el pasado mes de marzo al expresidente del Banco Popular Ángel Ron y a su entonces cúpula directiva, así como a PwC y los dos auditores que revisaron las cuentas de la entidad por presunta estafa a los inversores que participaron en la ampliación de capital del año 2016 por 2.500 millones de euros. El magistrado instructor consideró que el folleto de información de dicha operación no reflejaba una imagen fiel del banco, que fue resuelto en junio de 2017, y que por tanto se había “engañado” a los inversores.

Esta decisión ha sido confirmada casi íntegramente por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que por el momento ha desestimado casi todos recursos de los procesados. Una vez que dicha sala haya resuelto todas las impugnaciones, y el auto de pase a procedimiento abreviado (el que acordó dejar a un paso del banquillo a un total de 13 exdirectivos, la auditora y dos de sus socios tras cinco años y medio de instrucción) sea firme, el magistrado emplaza a la Fiscalía Anticorrupción y otras acusaciones a presentar, en un plazo de 40 días, sus escritos de acusación o bien pidan el archivo de la causa, que se compone de 53.000 folios, distribuidos en 157 tomos y 358.259 acontecimientos.

En este contexto, el juez instructor ha iniciado los trámites de preparación del juicio. Así, en un auto con fecha de este jueves, el magistrado ha solicitado las pólizas de seguro para “dotar a las acusaciones de toda la información necesaria para que puedan ejercitar sus acciones civiles frente a quien o quienes consideren que tienen la obligación legal o convencional de asumir su pago”. Calama explica que la información facilitada permitirá a las acusaciones decidir “la viabilidad o no de dirigir sus acciones civiles frente a las entidades que puedan haber asumido el pago de la responsabilidad civil derivada de los hechos objeto de la presente causa”. Asimismo, podrán estimar el riesgo que pueden asumir en el caso de que se les impongan unas costas procesales si sus pretensiones no son finalmente estimadas en la sentencia.

Petición de antiguos accionistas

La petición se hace a instancia de la acusación ejercida por el fondo Algebris, y un antiguo accionista del Popular que ha llevado (sin éxito) hasta la justicia europea su batalla para recuperar la inversión perdida con la caída del Popular. A esta petición se adhirieron otros antiguos accionistas como Aeris Invest, de la familia Luksic, que también acudió a la justicia europea; o Cerquia Gestión, que planteó otra querella por la ampliación de capital del Popular de 2012, que ya ha sido archivada definitivamente. Por un lado, se requiere a Santander la póliza contratada en el momento de su absorción (por el valor simbólico de un euro tras la resolución por parte de la JUR) del Banco Popular. En cuanto a PwC se exigen las pólizas de seguro contratadas en relación a su actividad empresarial en el banco y la de los dos socios que auditaron las cuentas durante el ejercicio 2015 y primer trimestre de 2016, así como cualesquiera adendas o modificaciones.

Tanto Banco Santander como PwC se han opuesto a dicha diligencia. La entidad que pilota Ana Botín alegó que ya aportó en el procedimiento las pólizas de seguro de responsabilidad civil que en su día suscribió Banco Popular. Y añadió que, “cómo es lógico”, ni antes ni después de la fusión de ambas entidades, completada en septiembre de 2018, ha suscrito ninguna póliza de seguros para cubrir las eventuales responsabilidades civiles de los antiguos gestores del Banco Popular procesados o eventuales responsabilidades civiles de Banco Popular derivadas de hechos ocurridos con anterioridad a la resolución de esta entidad.

Por su parte, la firma de servicios profesionales considera que el periodo solicitado por las acusaciones (de 2013 a 2018) excede de los hechos punibles y, en cualquier caso, sería suficiente con facilitar el nombre de la entidad aseguradora. Asimismo, argumentó que el momento oportuno para hacer tal requerimiento sería con el dictado del auto de apertura de juicio oral.

El magistrado instructor rechaza estas alegaciones y recuerda que la negativa a cumplir el requerimiento, al margen de poder ser constitutivo de un delito de desobediencia, conllevará las consecuencias establecidas en el artículo 261.2º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que prevé la entrada y registro de las compañías para la localización de los documentos solicitados.

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