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Alemania expulsa a las empresas chinas de su red de 5G por posibles “riesgos de seguridad”

Pekín replica que “nunca ha habido pruebas que demuestren que las empresas de telecomunicaciones chinas dañan la seguridad nacional de los países europeos”

Huawei
Una mujer frente a un establecimiento de Huawei en Shenzhen, en ChinaDavid Kirton (REUTERS)
Elena G. Sevillano
Berlín -

Ha costado, pero finalmente Berlín ha puesto las bases para desligar sus redes de 5G de China. El Gobierno alemán ha ordenado una prohibición escalonada de los componentes de empresas como Huawei y ZTE, una decisión que le reclamaban socios internacionales como Estados Unidos y que ha provocado más de un quebradero de cabeza interno por las diferencias entre los tres socios de la coalición, socialdemócratas, verdes y liberales.

La prohibición responde a la creciente preocupación por la participación de empresas chinas en infraestructuras críticas como es el caso de las redes de comunicaciones 5G. Berlín ha impedido o acotado recientemente operaciones como la entrada de capital chino en una terminal de contenedores del puerto de Hamburgo o la compra de una empresa de semiconductores en pleno debate sobre la venta de activos críticos a China. La decisión de prohibir los componentes del país asiático se produce en medio de una creciente amenaza de espionaje y sabotaje por parte de gobiernos extranjeros de la que han alertado repetidamente los servicios secretos alemanes.

“Estamos protegiendo el sistema nervioso central de Alemania como lugar de negocios, y estamos protegiendo las comunicaciones de los ciudadanos, las empresas y el Estado”, aseguró este jueves la ministra del Interior, Nancy Faeser, al presentar los planes para desligarse de China. El Gobierno ha pactado con las empresas de telecomunicaciones retirar los componentes chinos de las redes en dos fases. En la primera, que termina en 2026, las empresas los tendrán que haber eliminado de las instalaciones básicas, como los centros de datos 5G. En una segunda fase, que se prolongará hasta 2029, los equipos chinos deberán desaparecer de toda la infraestructura, como la de transmisión de datos.

“Debemos reducir los riesgos de seguridad y, al contrario que en el pasado, evitar las dependencias unilaterales”, subrayó Faeser, en referencia clara a la dependencia del gas natural ruso que mantuvo Alemania hasta que Rusia atacó a Ucrania en febrero de 2022.  “Debemos ser más independientes y más a prueba de crisis”, insistió la ministra. Tras la invasión, Alemania se vio inmersa en una crisis energética para la que no se había preparado al dar por sentado el suministro barato y fiable del combustible ruso. Tuvo que reaccionar con rapidez e inaugurar en tiempo récord regasificadoras para importar gas natural licuado de otros puntos del globo.

“Las amenazas actuales subrayan la importancia de una infraestructura de telecomunicaciones segura y resistente, especialmente en lo que se refiere a los peligros del sabotaje y el espionaje”, señaló la ministra alemana, que dijo no temer que el régimen de Pekín pueda tomar represalias tras la decisión de Berlín. Las preocupaciones del ministerio de Faeser van desde la posible influencia del régimen chino en las empresas para espiar las conexiones telefónicas en Alemania hasta provocar un apagón en caso de conflicto, además de las dependencias económicas.

La embajada de China en Alemania aseguró este jueves que si se restringía o excluía a Huawei habría consecuencias y calificó el plan de Berlín un “intento despiadado” de suprimir la competencia y promover su propia propia tecnología. “Los supuestos riesgos para la seguridad de la red solo son un pretexto. El hecho es que hecho es que ningún país ha aportado aún pruebas concluyentes de hasta qué punto los equipos de Huawei suponen un riesgo para la seguridad”, dijo la embajada el jueves en declaraciones a la agencia Reuters.

En el Gobierno alemán no todos están de acuerdo con un calendario tan laxo, que retrasa cinco años la eliminación de todos los componentes chinos. Entre los tres socios hay distintos puntos de vista, desde los que priman las amenazas a la seguridad, hasta quienes ponen por delante las buenas relaciones con China, el mayor socio comercial del país. El ministro de Transportes y Asuntos Digitales, el liberal Volker Wissing, estaba según los medios alemanes entre los que reclamaban más tiempo para la transición. Es importante, ha dicho este jueves, “que no se produzcan pérdidas en la cobertura de telefonía móvil para la población”.

El Gobierno de Olaf Scholz se encontró una gran resistencia de los proveedores de telefonía móvil alemanes cuando hace unos meses se empezó a hablar de una posible prohibición de todos los componentes chinos en 2026. Las empresas alertaron de que los clientes sufrirían la pérdida de calidad de sus comunicaciones y denunciaron el elevado coste de la sustitución. Pedían más tiempo.

Este jueves un portavoz de Vodafone afirmó que el acuerdo supone un desafío técnico para los operadores: “Pero es factible y, en nuestra opinión, es el camino correcto a seguir”. En Deutsche Telekom describen en acuerdo como “un buen equilibrio entre los intereses de seguridad y la necesaria mayor expansión de la infraestructura digital en Alemania”. El compromiso alcanzando, añaden, beneficia a los clientes al “proporcionar el mejor suministro de red posible”.

El Ministerio del Interior anunció también la creación de un foro en el que, además del Gobierno federal, participarán todos los operadores de redes móviles 5G, así como socios industriales y fabricantes, para desarrollar conjuntamente soluciones para la implementación y promoción de los objetivos acordados. Este foro pretende garantizar también un diálogo estructurado, sobre interfaces abiertas, estándares 6G, protección de redes e información y ciberseguridad, añadió el departamento en una nota de prensa.

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Sobre la firma

Elena G. Sevillano
Es corresponsal de EL PAÍS en Alemania. Antes se ocupó de la información judicial y económica y formó parte del equipo de Investigación. Como especialista en sanidad, siguió la crisis del coronavirus y coescribió el libro Estado de Alarma (Península, 2020). Es licenciada en Traducción y en Periodismo por la UPF y máster de Periodismo UAM/El País.
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