La mayor exportadora de atún rojo del mundo, a un paso del banquillo por pesca ilegal y blanqueo

La juez de la Audiencia Nacional María Tardón ha propuesto juzgar al grupo Ricardo Fuentes, el mayor exportador de atún rojo del mundo, por la comercialización de este producto procedente de la pesca ilegal así como por el blanqueo de los “cuantiosos” beneficios obtenidos. La magistrada instructora ha dictado un auto con el que pone fin a una investigación que se inició en marzo de 2018 e inicia la fase preparatoria del juicio contra otras 11 empresas por sortear los estrictos requisitos legales para la comercialización del atún rojo, no solo falsificando la documentación para pasar los controles fiscales, sino por la utilización de una “nave B” de almacenamiento para evitar inspecciones e inyectar aditivos a ejemplares en mal estado para dar una apariencia de frescura. La juez considera que existen indicios de la comisión de delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, falsedad documental, contra la salud pública, contra la fauna, contra los derechos de los consumidores, descubrimiento y revelación de secretos.

La investigación se inició tras la constatación por parte de Órgano Central con la Unidad Central Operativa Medioambiental (Ucoma) de la Guardia Civil de la existencia de un mercado ilícito de atún rojo con implicación directa de diferentes personas y empresas de otros países, principalmente de Malta e Italia. Las pesquisas arrancaron en un juzgado de la localidad valenciana de Picassent, pero en enero de 2019 se inhibió en favor del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, dirigido por María Tardón, ya que la causa iba dirigida contra empresas de distribución de varias provincias españolas, así como a personas y sociedades de distintos países. “Estas personas y empresas extranjeras, serían las encargadas de las capturas ilegales de los atunes rojos para posteriormente trasladarlos hasta diferentes puntos de la geografía española. Una vez llegada la mercancía a territorio nacional son los principales investigados (...) los que se dedican a la recepción de los atunes, manipulación, reacondicionamiento, blanqueo con falsificación de documentos y distribución para su posterior comercialización a diferentes empresas, mercados y personas”, concluye el auto de pase a procedimiento abreviado de la juez Tardón.

Por estos hechos, la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 ha acordado enviar a juicio a ocho personas, entre las que se encuentran los hermanos José y Juan Pedro Fuentes García, responsables del grupo Ricardo Fuentes, que tiene sede central en Cartagena (Murcia) y diferentes granjas de engorde en dicha provincia, Malta y Túnez, además de almadrabas en Cádiz, Marruecos, Italia y Portugal. También a los responsables del grupo Pescnortmar, Carlos Fernández Fernández, Javier Amorós y Khalid Mouslim, que participó en la comercialización del atún adulterado, así como un guardia civil que habría colaborado con la trama.

Modus operandi

La magistrada afirma que parte de la actividad se llevaba a cabo de “manera legal, de acuerdo con la normativa administrativa vigente”. Sin embargo, otra parte se realizaba de “manera irregular”, ya que el atún no contaba con la documentación necesaria para la captura y comercialización para el consumo humano o se falsificaba, señala la resolución. Asimismo, destaca que las intervenciones telefónicas de los investigados desprenden que la organización criminal instaba a sus compradores a destruir la documentación facilitada con el producto para “minimizar las posibilidades de que se descubriesen todas estas falsedades documentales”. El auto advierte de que la “constante” adquisición de atunes rojos de procedencia ilícita y su cobertura en el tráfico mercantil mediante documentación manipulada, alterada o simulada, impide la trazabilidad de los alimentos, una cuestión básica para la salud pública, dado que el almacenamiento y posterior venta se supone amparada bajo esta documentación, que debe especificar datos como procedencia del ejemplar, cuándo se había sacrificado o cuánto tiempo llevaba en expedición.

Otra de las formas utilizadas por la trama para esquivar los controles fue la habilitación de una nave industrial paralela. Según describe el auto de la juez Tardón, la empresa Marfishal, ubicada en Valencia y que se encontraba bajo el paraguas del grupo Pescnortmar, disponía de varias naves industriales donde se recibían los ejemplares de atún rojo. “Según las necesidades comerciales, proceden al despiece, o simplemente distribuyen los pescados tras la recepción, a otras empresas ubicadas en diferentes puntos de la geografía española. Asimismo, dependiendo de la procedencia legal o ilegal del atún, se realizan las operaciones descritas anteriormente en una nave u otra, que se identifica como nave B, evitando así inspecciones que puedan detectar la mercancía de esta última procedencia (...) Esta nave, que carecía de cualquier autorización administrativa, estaba siendo utilizada para la recepción, almacenamiento y comercialización de productos pesqueros (principalmente, de atún rojo pescado ilegalmente)”, explica.

“Peligro para la salud pública”

Así las cosas, la juez de la Audiencia Nacional afirma que la investigación ha acreditado “las pésimas condiciones de salubridad en las que se encontraban las instalaciones que utilizaban los investigados en su actuación”, a lo que se suma el hecho de que, durante el transporte, el género tampoco cumplía con unas mínimas condiciones de higiene (aislamiento de los productos alimenticios en continente hermético o mínimamente protegido). En esta línea, el auto también recalca que de las conversaciones telefónicas intervenidas se desprende que la trama inyectó aditivos a pescados de especies distintas para “avivar” el característico color rojo de la carne de atún rojo, o en el género congelado y almacenado durante mucho tiempo.

Algunas de las muestras analizadas por la Guardia Civil detectaron concentraciones de histamina en niveles superiores al máximo aconsejable, según consta en un informe pericial que obra en el sumario de la causa. “Este conjunto de irregularidades suponen un peligro evidente para la salud pública”, concluye el auto de pase a procedimiento abreviado, que recuerda que existen denuncias por intoxicaciones relacionadas con el pescado vendido por los investigados.

Por último, las pesquisas han concluido que las empresas implicadas en la trama tenían una contabilidad paralela, ni tampoco declaraban los “cuantiosos beneficios” que obtenían. Evidencia de ello, indica la resolución, es el abono de las compraventas de atún mediante dinero B que, en muchas ocasiones, trasladaban los transportistas considerados “de confianza” por la organización y a quienes los investigados encargaban estas tareas, así como la utilización de estos pagos en negro para abonar parte de los salarios de los trabajadores.

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