La patronal del gas ve “urgentes” los pagos por capacidad para que los ciclos combinados sean viables

El auge renovable ha cambiado por completo la faz del mercado eléctrico español, variando la función de las centrales de gas: de suministrar energía las 24 horas del día han pasado a operar únicamente en momentos concretos de la jornada en los que la demanda crece y las fuentes verdes no dan abasto. Esta nueva realidad ha reducido notablemente su retribución, con los dueños de los ciclos combinados más antiguos incluso replanteándose la viabilidad de sus instalaciones y abogando por su cierre. Para evitarlo, la patronal gasista ha urgido este jueves a cerrar de una vez por todas el nuevo esquema de retribución que asegure su viabilidad.

“Los ciclos combinados son el garante de la seguridad de suministro en España: garantizan que no se produzcan apagones”, ha subrayado el presidente de Sedigas, Joan Batalla, en un encuentro con medios de comunicación celebrado en Madrid. “Tienen un carácter estratégico; son imprescindibles. Y no lo decimos nosotros, sino el propio PNIEC [la hoja de ruta del Gobierno en materia energética]. Esperamos que los mercados de capacidad puedan materializarse rápido, porque es urgente”. La reciente reforma del mercado eléctrico europeo ha allanado el camino para que los Estados miembro incorporen estos nuevos esquemas de retribución, pero queda su concreción definitiva.

La patronal gasista reconoce que las centrales en las que se quema gas para obtener electricidad han pasado de operar de forma continua a hacerlo en un régimen de “arranques y paradas”. Aunque los precios que capturan sus dueños son notablemente mayores que antes de la crisis energética —porque la brecha entre las horas baratas y las caras también es mayor—, el desplome en el número de horas de operación está poniendo en jaque su negocio. “Son críticas, sobre todo, en los meses de verano y en las situaciones anticiclónicas, cuando las renovables aportan menos y la demanda aumenta”, ha enfatizado Batalla.

El notable parque español de ciclos combinados está llamado a jugar un papel esencial como puente hacia otras tecnologías que aporten la misma flexibilidad al sistema eléctrico con un menor coste económico y, sobre todo, ambiental: las baterías y las centrales hidráulicas reversibles, también conocidas como bombeos.

Más demanda industrial

Tras el descalabro de 2022, cuando la invasión rusa de Ucrania disparó el precio del gas hasta su máximo histórico, el sector atisba hoy un notable cambio de patrón en el consumo de este combustible: la demanda industrial crece con cierto brío mientras su uso doméstico (en calefacciones y cocinas) y para generar electricidad sigue claramente a la baja.

En el caso del sector manufacturero, que supone alrededor del 55% de la demanda total de este combustible, Sedigas observa una “clara recuperación” del consumo, aunque todavía en niveles inferiores a los de la crisis energética. Un patrón al alza que, a juicio de Batalla, tiene visos de continuar en los próximos meses tanto por el mayor crecimiento económico como por la estabilidad en el precio de este combustible. Si aún no se ha regresado a los niveles de 2021, dice, es por “la eficiencia energética incorporada a muchos procesos” industriales.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) acaba de rebajar ligeramente su previsión de demanda de gas a cierre del año. Una revisión a la baja que achaca a dos factores: el menor uso de los ciclos combinados y de los usuarios domésticos, tras un invierno en el que la calefacción ha sido prácticamente innecesaria en amplias zonas de España. En el lado contrario, como Sedigas, el regulador contempla un repunte en la demanda del sector secundario.

Tajo a la retribución

La CNMC también ha anunciado este jueves un recorte en la retribución que reciben tres actividades reguladas del sistema gasista español: la regasificación —el proceso por el cual se convierte en gaseoso el combustible que llega congelado desde los países productores—, el transporte y la distribución.

El tajo se aplicará a partir del 1 de octubre de este año y hasta el 30 de septiembre del que viene, y rondará los 114,5 millones de euros en total. Las empresas más afectadas serán Enagás, Naturgy, Redexis, Nortegas o Madrileña de Gas.

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