Alicante saca a concurso el servicio de estancias temporales de urgencia por dos años

El Ayuntamiento de Alicante ha aprobado este martes en Junta de Gobierno Local, la convocatoria de un procedimiento urgente para la adjudicación del servicio de estancias temporales para atención inmediata en situación de urgencia y emergencia social. El servicio depende de la concejalía de Bienestar Social y sale a concurso por un plazo de dos años, ampliables con tres posibles prórrogas de un año de duración cada una, y con un presupuesto base de licitación de 431.798 euros.

Las estancias temporales es uno de los servicios de atención ante urgencias sociales que presta el Ayuntamiento de Alicante. El Servicio de Urgencias sociales, coordinado con los demás sistemas de protección social, «consiste en un servicio de atención social permanente y universal a través del cual se atiende cualquier situación de urgencia o emergencia social durante las 24 horas del día, los 365 días del año», explica la concejala de Bienestar Social, Begoña León.

Este servicio ofrece «respuesta puntual y rápida a las necesidades más básicas e imprescindibles de las personas que se encuentren en una situación desfavorable y de intervención urgente», añade León.

Una de estas necesidades es la de alojamiento de urgencia, que ahora sale a concurso. A través de este servicio de respuesta inmediata a cualquier hora del día, se da cobertura a las necesidades de alojamiento de la población que se hayan producido de manera inesperada debido a sucesos o acontecimientos de emergencia tales como: colapso en edificaciones, desalojo de ocupantes en supuestos de ruina inminente y/o peligrosa, incendios, situaciones de desahucio, lanzamiento o abandono del domicilio familiar ocasionado por conflicto grave, entre otras.

Mientras se ponen en marcha las viviendas de emergencia en la ciudad siguen produciéndose lanzamientos. El próximo será el viernes 12 cuando, según han denunciado desde el Sindicat de Barri de Carolines, está programado el desahucio de un hombre de 66 años, con discapacidad del 55 por ciento y sin familia en España.

Desde este movimiento han hecho un llamamiento a parar el desalojo de este hombre que según han remarcado en un comunicado «está operado con una prótesis de cadera, con teleasistencia aprobada debido a su debilitada salud y con certificado de vulnerabilidad actualizado». Han reclamado para él un alquiler social ya que «ahora mismo sólo recibe una baja pensión no contributiva que apenas le llega para hacerse cargo de sus gastos mínimos mensuales, por lo que le es imposible acceder a algún tipo de alternativa habitacional.»

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