La víctima del 'caso Oltra' pide tres años y medio de prisión para la exvicepresidenta valenciana

La víctima del 'caso Oltra', la menor abusada por el exmarido de la que fuera vicepresidenta de la Generalitat valenciana con el anterior Gobierno regional, solicita tres años y medio de prisión y 12 años de inhabilitación para la exlíder de Compromís por los delitos de prevaricación, malversación y contra la integridad moral. Una eventual condena supondría el fin de su carrera política. Un retorno que, por otra parte, parece complicada si la exconsejera autonómica de Igualdad se sienta finalmente en el banquillo de los acusados. Hoy por hoy esa es la tesis más probable tras el reciente pronunciamiento de la Audiencia.

El titular de Instrucción número 15 de Valencia dictó hace unos días el auto de procedimiento abreviado contra Mónica Oltra y el resto de su equipo. Una resolución que equivale al procesamiento en otro tipo de procedimientos. El magistrado aclaró, no obstante, que lo hacía por «imperativo legal» tras la orden de la Audiencia Provincial que cuestionó las conclusiones de su exhaustiva investigación. Para el magistrado del caso no existía ni un solo indicio de reproche penal. Un dictamen en el que coincidía la Fiscalía.

La sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia reabrió la causa contra Oltra y sus ex altos cargos por el presunto encubrimiento de los abusos sexuales cometidos por su exmarido a una menor tutelada. La tesis de los magistrados es que existen indicios de una desprotección a la menor y que las dudas existentes acerca de la actuación de los dirigentes deben resolverse en el juicio.

Teresa Tanco es la menor abusada por el exmarido de la vicepresidenta, que era docente en un centro de protección de menores. Luis Ramírez Icardi fue condenado a cinco años de cárcel por estos hechos. Ahora cumple pena en Picassent.

La acusación particular, que dirige el presidente de España 2000, José Luis Roberto, sostiene que la primera vez que la entonces menor comunicó los hechos a personal del centro El Faro, la directora del centro donde vivía Tanco tardó una semana en actuar. De igual modo, recuerda que cuando esta responsable acude a la Fiscalía por otro asunto relacionado con la adolescente no comunica que había denunciado ser víctima de abusos.

Más tarde, siempre según el relato del representante de la menor, la acusada Inmaculada Martín, psicóloga de la Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas, se le preguntó que sí conocía perfectamente el motivo de la entrevista, pero nada le preguntó sobre los abusos. No obstante, «no tuvo empacho en emitir un informe: 'No ha aparecido ningún indicio, palabra o frase a partir del cual pudiéramos investigar la posibilidad de la existencia de una experiencia en la que ella se sintió abusada sexualmente.»

Son indicios, según esta tesis incriminatoria, de que desde el primer momento se trató de silenciar los hechos porque afectaban a la pareja de la vicepresidenta y en un intento, además, por proteger a la Consejería de Igualdad. «Fue el típico caso de profecía autocumplida», recoge el escrito de calificación.

La menor sostiene que cuando la Fiscalía conoció el asunto -a través, casi por casualidad, de unos agentes de la Policía Autonómica- la actuación de los investigados se orientó a «entorpecer la investigación». Así, recuerdan el retraso en comunicar al ministerio público la existencia de esta denuncia y los motivos por los que no se había hecho en un primer momento justo tras la denuncia inicial.

La acusación atribuye a Oltra la idea del ya famoso expediente de Tanco, una especie de dosier para analizar el protocolo de actuación que se convirtió, finalmente, en un arma para desacreditar a la adolescente. Es ahí donde la acusación carga contra toda la cúpula de la Consejería incluyendo la propia vicepresidenta del Ejecutivo autonómico que compartían los socialistas valenciano y Compromís.

«Todas ellas – consejera, directora general, subdirectora, directora territorial y funcionaria, actuaron con conocimiento de la evidente ilegalidad, arbitrariedad y desviación de poder que suponía el dictado y ejecución de una resolución que ordenaba tramitar un expediente de averiguación de hechos delictivos y bajo investigación judicial», sostiene el escrito.

Oltra admitió en un principio ser la autora de esa orden. Pero después rectificó y se justificó diciendo que había sido una especie de explosión emocional, una forma de proteger a su equipo y asumir ella toda la responsabilidad ante la avalancha de acusaciones. Así lo reafirmó en su declaración judicial.

Para la acusación, el expediente supuso «un ejemplo lacerante de victimización secundaria: primero se acumula y destaca la información más negativa sobre la niña y, a continuación se detalla lo incoherente, difuso e incongruente de su relato para llegar así a la contundente conclusión de su falta de credibilidad». La Audiencia de Valencia, en su sentencia contra el monitor Icardi, también criticó con dureza el sesgo, siempre contrario a la menor, de ese informe. Es este uno de los puntales de todas las acusaciones populares en la causa.

La menor, por otra parte, tampoco tuvo asistencia jurídica de la Generalitat Valenciana, un abogado que representara directamente sus intereses al margen de la Fiscalía. La acusación cree que se han producido cuatro delitos, abandono de menor, prevaricación, malversación (el coste de los informes en el Instituto Espill para el expediente reservado) y un delito contra la integridad moral. Oltra sería autora de los tres últimos. Ni Miquel Real ni Francesc Gamero, dos altos cargos de la vicepresidenta, aparecen en el escrito de acusación.

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