La Corte Suprema rechaza impugnación republicana a que el gobierno de Biden contacte a empresas de redes sociales

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La Corte Suprema otorgó al gobierno del presidente Joe Biden una importante victoria el miércoles, al rechazar un recurso republicano que pretendía impedir que el gobierno se pusiera en contacto con las plataformas de medios sociales para combatir lo que considere como desinformación.

La corte dictaminó que los estados y los usuarios que habían impugnado esas interacciones no habían sufrido el tipo de perjuicio directo que les daba la legitimación necesaria para demandar.

La decisión, de 6 votos contra 3, dejó para otro día el análisis de temas fundamentales como cuáles son los límites que impone la Primera Enmienda al poder del gobierno para influir en las empresas tecnológicas que son los principales guardianes de la información en la era de internet.

El caso surgió a raíz de una serie de comunicaciones de funcionarios gubernamentales en las que se instaba a las plataformas a retirar publicaciones sobre temas como la vacuna contra el coronavirus y las denuncias de fraude electoral. Los fiscales generales de Misuri y Luisiana, ambos republicanos, fueron los demandantes, junto con tres médicos, el propietario de un sitio web de derecha que suele divulgar teorías conspirativas y una activista preocupada porque Facebook había suprimido sus publicaciones sobre los supuestos efectos secundarios de la vacuna contra el coronavirus.

“Los demandantes, sin ningún vínculo concreto entre sus problemas y la conducta de los demandados, nos piden que hagamos una revisión de las comunicaciones establecidas durante años entre decenas de funcionarios federales, a través de diferentes agencias, con diferentes plataformas de medios sociales, sobre diferentes temas”, escribió la jueza Amy Coney Barrett. “La doctrina de legitimación de esta corte nos impide ejercer tal supervisión legal general de las otras ramas del gobierno”.

Sin embargo, el juez Samuel A. Alito Jr, al que se unieron los jueces Clarence Thomas y Neil M. Gorsuch, disintió.

“Durante meses”, escribió Alito, “funcionarios gubernamentales de alto rango ejercieron una presión implacable sobre Facebook para suprimir la libertad de expresión de los estadounidenses. Como la corte se niega injustificadamente a abordar esta grave amenaza a la Primera Enmienda, respetuosamente disiento”.

La Casa Blanca acogió con satisfacción el fallo. “La decisión de la Corte Suprema es la correcta, y ayuda a garantizar que el gobierno de Biden pueda continuar nuestro importante trabajo con las empresas tecnológicas para proteger la seguridad del pueblo estadounidense”, dijo Karine Jean-Pierre, secretaria de prensa de la Casa Blanca, en un comunicado.

Andrew Bailey, fiscal general de Misuri, dijo que seguiría intentando “construir el muro de separación entre tecnología y Estado”.

“Los hechos son claros: el Estado profundo presionó y forzó a las compañías de medios sociales a retirar el discurso veraz simplemente porque era conservador”, dijo en un comunicado. “La sentencia de hoy no discute eso”.

En el documento en el que expresa su disidencia, Alito sostiene que, al eludir las cuestiones de la Primera Enmienda en el caso, la corte había perjudicado a la libertad de expresión.

“Si la evaluación de los tribunales inferiores del voluminoso expediente es correcta”, escribió, “este es uno de los casos de libertad de expresión más importantes que han llegado a este tribunal en años”.

Los demandantes dijeron que muchos de los contactos del gobierno con las empresas de medios sociales violaban la Primera Enmienda; Barrett no abordó ese argumento. Pero en una nota a pie de página notablemente mordaz, criticó al juez Terry A. Doughty, del Tribunal Federal de Distrito para el Distrito Oeste de Luisiana, quien había dictado una medida cautelar que prohibía nuevos contactos para enfrentar lo que, según él, podría ser “el ataque más masivo contra la libertad de expresión en la historia de Estados Unidos”.

La jueza Barrett criticó las “conclusiones fácticas de Doughty, muchas de las cuales desafortunadamente parecen ser claramente erróneas”. Entre sus ejemplos estaba una supuesta “petición de censura” del gobierno citada en la opinión del juez.

“El acta que cita no dice nada sobre ‘peticiones de censura’”, escribió Barrett. “Más bien, en respuesta a un funcionario de la Casa Blanca que le pidió a Twitter que eliminara una cuenta que suplantaba la identidad de la nieta del presidente Biden, Twitter informó al funcionario sobre un portal que podía utilizar para señalar problemas similares”.

En su disidencia, Alito parecía dispuesto a aceptar las conclusiones de Doughty, junto con sus implicaciones.

“La respuesta de nuestro país a la pandemia de la covid fue y sigue siendo un asunto de enorme importancia médica, social, política, geopolítica y económica, y nuestra dedicación a un libre mercado de ideas exige que se permitan opiniones discrepantes sobre esos asuntos”, escribió. “Asumo que una buena parte de lo que los usuarios de los medios sociales tenían que decir sobre la COVID-19 y la pandemia era de poco valor duradero. Sin duda, parte de ello era falso o engañoso, y otras publicaciones pueden haber sido francamente peligrosas. Pero ahora sabemos que también se suprimieron expresiones valiosas”.

Sobre este último punto se explayó en una nota a pie de página sobre el debate acerca del origen del virus, recitando pruebas de que se había filtrado desde un laboratorio. Esta teoría, defendida durante mucho tiempo por muchos conservadores que sostienen que China ha eludido su responsabilidad en la pandemia, ahora es generalmente reconocida como plausible aunque no ha sido probada.

Doughty, quien fue nombrado por el presidente Donald Trump, emitió una orden judicial de 10 partes que prohibía a innumerables funcionarios “amenazar, presionar o forzar a las compañías de medios sociales de cualquier manera para eliminar, borrar, suprimir o reducir el contenido publicado de publicaciones que contengan libertad de expresión protegida”.

Un panel unánime de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de EE. UU., con sede en Nueva Orleans, redujo la medida cautelar, pero no mucho.

El panel, en una opinión no firmada, dijo que los funcionarios gubernamentales habían contactado excesivamente a las plataformas o habían utilizado amenazas para incitarlas a actuar. El grupo dictó una orden judicial que prohíbe a muchos funcionarios forzar o alentar significativamente a las empresas de medios sociales a retirar contenidos protegidos por la Primera Enmienda.

Dos miembros del panel, las juezas Edith B. Clement y Jennifer W. Elrod, fueron nombradas por el presidente George W. Bush. El tercero, el juez Don R. Willett, fue nombrado por Trump.

Barrett escribió que los demandantes no habían superado al menos dos obstáculos de enormes proporciones en su intento de establecer lo que se requiere para demostrar la legitimación: que el gobierno había causado sus problemas y que se enfrentaban a una perspectiva de perjuicio futuro.

El primer problema, dijo, era que las empresas de medios sociales eran actores independientes con un compromiso demostrado para enfrentar la desinformación antes y aparte del estímulo del gobierno.

En segundo lugar, dijo, independientemente de lo que haya sucedido en el pasado, en particular en medio de la pandemia, un demandante que solicita una medida cautelar debe demostrar una amenaza real de perjuicio futuro.

El presidente de la corte, John G. Roberts Jr., y los jueces Sonia Sotomayor, Elena Kagan, Brett M. Kavanaugh y Ketanji Brown Jackson se unieron a la opinión mayoritaria.

En su disenso, Alito se centró en la experiencia de Jill Hines, una activista de la salud, quien ayudó a dirigir Health Freedom Louisiana, un grupo que se opuso al uso de la mascarilla y a los mandatos de vacunación.

“Hines demostró que, cuando demandó, Facebook estaba censurando sus publicaciones y grupos relacionados con la covid”, escribió Alito. “Y como la Casa Blanca impulsó a Facebook a modificar sus políticas de censura, la censura de Hines fue, al menos en parte, causada por la Casa Blanca y podría ser reparada por una orden judicial contra la continuación de esa conducta”.

En mayo, la corte falló por unanimidad a favor de la Asociación Nacional del Rifle en un caso que planteaba temas similares. En ese caso, NRA contra Vullo, los magistrados dijeron que el grupo podía presentar una demanda basada en la Primera Enmienda contra un funcionario del Estado de Nueva York que había animado a las empresas a dejar de hacer negocios con esa organización.

Esa decisión, unida a la del caso del miércoles, Murthy contra Missouri, número 23-411, envió un mensaje inquietante, escribió Alito.

“Lo que hicieron los funcionarios en este caso fue más sutil que la censura torpe declarada inconstitucional en el caso Vullo, pero no menos coercitiva”, escribió. “Y debido a los altos cargos de los autores, era aún más peligroso”.

Y añadió: “Los funcionarios que lean la decisión de hoy junto con la de Vullo captarán el mensaje. Si una campaña coercitiva se lleva a cabo con la suficiente sofisticación, puede salir adelante. Ese no es un mensaje que este tribunal deba enviar”.

Adam Liptak cubre la Corte Suprema y escribe Sidebar, una columna sobre novedades jurídicas. Graduado por la Escuela de Derecho de Yale, ejerció la abogacía durante 14 años antes de incorporarse al Times en 2002. Más de Adam Liptak