Julian Assange acepta declararse culpable a cambio de ser liberado

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Julian Assange, fundador de WikiLeaks, aceptó el lunes declararse culpable de un único delito grave de obtención y divulgación ilegal de material de seguridad nacional a cambio de su liberación de una prisión británica, poniendo así fin a su largo y amargo enfrentamiento con Estados Unidos.

A Assange, de 52 años, se le concedió la posibilidad de comparecer ante un juez federal en uno de los lugares más remotos del poder judicial federal, el tribunal de Saipán, capital de las Islas Marianas del Norte, según una breve declaración judicial hecha pública a última hora del lunes. Se espera que sea sentenciado a unos cinco años, el equivalente al tiempo que ya ha cumplido en Gran Bretaña, según un funcionario de las fuerzas del orden familiarizado con los términos del acuerdo.

Fue un giro final muy apropiado en el caso contra Assange, quien se opuso tenazmente a la extradición a EE. UU. continental. Las islas son una mancomunidad de Estados Unidos en medio del Océano Pacífico, y están mucho más cerca de la Australia natal de Assange, donde es ciudadano, que los tribunales en el territorio continental de Estados Unidos o Hawái.

Está previsto que Assange comparezca en Saipán el miércoles a las 9 a. m., hora local, y que vuele de regreso a Australia “una vez concluido el proceso”, escribió Matthew McKenzie, funcionario de la división antiterrorista del Departamento de Justicia, en una carta dirigida al juez del caso.

Poco después de conocerse el acuerdo, su esposa, Stella Assange, publicó un video de su marido firmando los papeles y embarcando en un avión. Más tarde, publicó información de seguimiento del vuelo que mostraba que el avión privado de dos motores había salido del aeropuerto londinense de Stansted el lunes por la noche, había hecho escala en Bangkok el martes por la noche y estaba de camino a Saipán, donde se esperaba que aterrizara el miércoles a las 6 a. m. hora local.

Salvo contratiempos de última hora, el acuerdo pondría fin a una prolongada batalla que comenzó después de que Assange se convirtiera al mismo tiempo en alguien celebrado y vilipendiado por revelar secretos de Estado en la década de 2010.

Entre ellos, material sobre la actividad militar estadounidense en Irak y Afganistán, así como cables confidenciales compartidos entre diplomáticos. Durante la campaña de 2016, WikiLeaks publicó miles de correos electrónicos robados del Comité Nacional Demócrata, lo que llevó a revelaciones que avergonzaron al partido y a la campaña de Hillary Clinton.

En 2019, un gran jurado federal imputó a Assange 18 cargos relacionados con la difusión por parte de WikiLeaks de una amplia gama de documentos de seguridad nacional. Entre ellos, un conjunto de materiales enviados a la organización por Chelsea Manning, una exanalista de inteligencia del ejército de EE. UU. que entregó información sobre planificación y operaciones militares de casi una década antes.

De ser declarado culpable, Assange podría haber sido condenado a un máximo de 170 años en una prisión federal. Hasta el lunes por la noche, Assange había estado recluido en Belmarsh, una de las prisiones británicas de mayor seguridad, en el sureste de Londres.

Assange estaba confinado en una celda durante 23 horas al día, comiendo solo en una bandeja, rodeado de 232 libros y solo se le permitía una hora al día para hacer ejercicio en el patio de la prisión, según un relato publicado en The Nation este año.

Cuando se le preguntó por su palidez, Assange —quien no ha podido salir a la calle sin supervisión desde hace más de una década— bromeó: “Lo llaman palidez carcelaria”.

Su liberación no fue inesperada. A principios de este año, el primer Ministro de Australia, Anthony Albanese, sugirió que los fiscales de EE. UU. debían concluir el caso, y el presidente Joe Biden señaló que estaba abierto a una resolución rápida. Altos funcionarios del Departamento de Justicia aceptaron un acuerdo sin penas de prisión adicionales porque Assange ya había cumplido una condena mayor que la mayoría de las personas acusadas de un delito similar, en este caso, más de cinco años de prisión en Gran Bretaña.

Poco después de que se desvelaran los cargos en 2019, la Policía Metropolitana de Londres entró en la embajada de Ecuador, donde Assange había buscado refugio años antes para evitar la extradición a Suecia, donde se enfrentaba a acusaciones de agresión sexual. Desde entonces ha estado detenido, ya que su equipo legal ha luchado contra los esfuerzos del Departamento de Justicia para extraditarlo.

Tras semanas de negociaciones, Assange se ha declarado culpable de uno de los cargos de la acusación —conspiración para difundir información de defensa nacional—, que conlleva una pena de hasta 10 años de prisión.

Assange y sus partidarios han argumentado durante mucho tiempo que sus esfuerzos para obtener y divulgar públicamente información sensible de seguridad nacional eran de interés público, y merecían las mismas protecciones de la Primera Enmienda concedidas a los periodistas de investigación.

Muchos de los partidarios de Assange reafirmaron esas preocupaciones, aunque expresaron su alivio por su puesta en libertad.

“Por primera vez en los más de 100 años de historia de la Ley de Espionaje, Estados Unidos ha obtenido una condena en virtud de la Ley de Espionaje por actos periodísticos básicos”, declaró David Greene, director de libertades civiles de Electronic Frontier Foundation, una organización sin fines de lucro dedicada a cuestiones relacionadas con la Primera Enmienda.

“Estos cargos nunca deberían haberse presentado”, añadió.

En 2021, una coalición de grupos defensores de las libertades civiles y los derechos humanos instó al gobierno de Biden a abandonar sus esfuerzos por extraditarlo desde Gran Bretaña y procesarlo, calificando el caso de “grave amenaza” para la libertad de prensa.

Gran parte de la conducta de la que se le acusa es la que “los periodistas llevan a cabo de forma rutinaria”, afirmó el grupo. “Las organizaciones de noticias publican con frecuencia y necesariamente información clasificada para informar al público de asuntos de profunda trascendencia pública”.

Pero las autoridades de EE. UU. argumentaron que las acciones de Assange iban mucho más allá de la recopilación de noticias y ponían en peligro la seguridad nacional. Según los fiscales, el material proporcionado por Manning ponía en peligro la vida de los miembros de las fuerzas armadas y de los iraquíes que trabajaban con ellas, y dificultaba la capacidad del país para hacer frente a amenazas externas.

Assange ha permanecido en Belmarsh y ha impugnado repetidamente la orden de expulsión. El mes pasado, Assange ganó un recurso contra la orden de extradición.

Después, Stella Assange dijo a los partidarios reunidos ante el tribunal del centro de Londres que el caso debería abandonarse.

“El gobierno de Biden debería distanciarse de esta vergonzosa acusación”, dijo Stella Assange, quien inició en secreto una relación con Julian Assange cuando este vivía en la embajada de Ecuador. La pareja tiene dos hijos pequeños.

Assange, citando problemas de salud, ha sido visto en público rara vez mientras su caso recorría su camino en los tribunales. En 2021, Assange sufrió un pequeño derrame cerebral mientras estaba en prisión. No asistió a la audiencia en mayo por razones de salud no reveladas.

En otro video publicado en las redes sociales a primera hora del martes, que fue grabado fuera de la prisión de Belmarsh la semana pasada, Stella Assange dijo que los acontecimientos se habían producido muy rápidamente.

“Estoy segura de que este periodo de nuestras vidas ha llegado a su fin”, dijo. Y añadió: “Lo que empieza ahora, con la libertad de Julian, es un nuevo capítulo”.