La Rioja urge al Ministerio de Hacienda el desbloqueo de las entregas a cuenta

El Gobierno de La Rioja urge al Ministerio de Hacienda el desbloqueo de las entregas a cuenta de 2024, congeladas por la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado de 2023. Así lo ha exigido este martes el portavoz del Ejecutivo, Alfonso Domínguez, quien calcula que esta situación ha supuesto una merma de 256 millones de euros en los ingresos de enero a julio en esta comunidad. «Dinero -ha dicho- que es de los riojanos y pone en riesgo la prestación de calidad de los servicios públicos, la contratación de sanitarios y la realización de proyectos estratégicos, como la segunda convocatoria del plan de autónomos».

El también consejero de Hacienda ha acusado al Gobierno de España de «hurtar información» a La Rioja, que «sigue impidiéndonos incorporar de forma real las cuantías al Presupuesto regional obstaculizando nuestra acción de gobierno en beneficio de los ciudadanos».

Domínguez, tras la rueda de prensa del Consejo de Gobierno, ha explicado que 14 días después de que la ministra María Jesús Montero anunciara la actualización de las entregas a cuenta a través de un Real Decreto, «lo único cierto es que la norma que debería regularlo no ofrece la información que resulta imprescindible para que esa revisión sea una realidad efectiva, es decir, para que generemos el crédito y, de esta forma, podamos incorporar el dinero al Presupuesto».

El Real Decreto sí recoge que difiere las entregas a cuenta a septiembre lo que supondrá que La Rioja sufra un déficit de recursos nueve meses de todo el año. Es, a su juicio, «una situación altamente preocupante», por cuanto este dinero es clave para afrontar la prestación de competencias autonómicas como la sanidad, la educación y los servicios esenciales, ya que el Sistema de Financiación Autonómica supone de media el 80% del presupuesto no financiero con el que la Comunidad sufraga las políticas públicas de gasto.

El Estado, ha señalado, «incauta mensualmente 8,7 millones de euros a nuestra comunidad al incumplir su compromiso de actualizar las entregas a cuenta». «A esta cuantía –ha incidido– hay que añadir otros 195,7 millones procedentes de la liquidación del sistema de 2022, de tal forma que, sólo en los siete primeros meses del ejercicio, el Gobierno de España ha inmovilizado 256,87 millones de euros del dinero que es de todos los ciudadanos riojanos».

En el conjunto del año, «la imprudencia del Ministerio de Hacienda le puede provocar a La Rioja un quebranto de más de 300 millones de euros, que es la diferencia entre los 1.141,8 millones que actualmente está recibiendo la Comunidad y los 1.442,3 millones que el Estado estimó que le corresponden durante el último Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) celebrado el pasado mes de diciembre». En este sentido, Alfonso Domínguez ha recordado que el cálculo realizado por el Ministerio superó los 1.346,3 millones de euros estimados por el Ejecutivo regional cuando elaboró las Cuentas regionales 2024, basándose en «un cálculo prudente avalado por la AIReF y otros analistas independientes».

La diferencia entre la cifra comunicada por el Ministerio en diciembre y las estimaciones recogidas por el Presupuesto regional (1.346,3 millones de euros) «genera un problema de índole presupuestario, por cuanto compromete nuestra capacidad de gasto adicional de 96 millones de euros que tenemos intención de movilizar para poner en marcha medidas consideradas estratégicas. Sin embargo, y en tanto no se produzca el ajuste real y efectivo de las cifras del sistema de financiación autonómica, no se podrán tramitar los correspondientes expedientes de modificación presupuestaria, con el consiguiente retraso en la ejecución de políticas regionales que redunden en el beneficio de la sociedad riojana».

El consejero ha señalado que a día de hoy la Presidencia del Gobierno de España «sigue desatendido las reiteradas demandas de diferentes comunidades autónomas, entre ellas La Rioja, para celebrar una Conferencia de Presidentes que, como está comprobando, cada vez resulta más urgente», y tampoco el Ministerio de Hacienda ha convocado formalmente a la Comunidad al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de julio.

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