Violencia frente al Congreso. Quiénes son los 35 detenidos por los desmanes y destrozos durante la votación en el Senado
Nueve fueron arrestados por las fuerzas federales y 22, por la Policía de la Ciudad; todos quedaron a disposición de la Justicia federal por diversos delitos contra la seguridad y el orden públicos
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Al final del día tras la histórica votación en Ley Bases en el Senado, las inmediaciones del Congreso parecían una zona de guerra: autos volcados e incendiados, bicicletas del sistema público prendidas fuego, contenedores y tachos de basura vandalizados, piedras y cascotes diseminados, canteros rotos. El gobierno porteño cuantificó el costo de las reparaciones de los daños causados y de las tareas de higiene urbana en al menos 278 millones de pesos. Y, en tanto, la cifra de detenidos durante la violenta protesta ascendió a 35, entre ellos, dos por el intento de robo de lo que había dentro del móvil de prensa de Cadena 3 que terminó arrasado por las llamas en el momento álgido de la barbarie.
Ninguno de ellos fue aún indagado. Fuentes oficiales dijeron a LA NACION que hay personas arrestadas por la Policía de la Ciudad y otras aprehendidas por efectivos de las fuerzas de seguridad nacionales, acusados por delitos tales como daños, estragos, atentado y resistencia a la autoridad, lesiones –de ocho policías federales y cuatro gendarmes– e intimidación pública y tentativa de robo.
Los detenidos por efectivos federales fueron remitidos al juzgado federal N°1, a cargo de María Romilda Servini; la situación de otros fue notificada a la Unidad de Flagrancia Este, encabezada por el fiscal Carlos Caputo, y los dos acusados por tentativa de robo al móvil de prensa de Cadena 3, imputados a cargo del juez Javier Sánchez Sarmiento, titular del juzgado nacional en lo criminal N°30.
Esta mañana, según explicaron fuentes del Poder Judicial porteño, se resolvió que todos los detenidos por los delitos contra la seguridad y el orden públicos quedarán a disposición de la Justicia federal, que podría investigarlos bajo el paraguas de un eventual atentado al orden constitucional y la vida democrática.
La acción penal es impulsada por el fiscal federal Carlos Stornelli, que pidió la indagatoria de los detenidos por delitos tales como lesiones, daños simples y agravados, incendio u estrago, delitos contra la seguridad pública, instigación a cometer delitos, intimidación pública, incitación a la violencia colectiva contra las instituciones, organización o pertenencia a agrupaciones que tengan por objeto imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor, delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional, atentado contra la autoridad agravado, resistencia a la autoridad y/o perturbación del orden en sesiones de cuerpos legislativos, con la posible agravante del artículo 41 quinquies del Código Penal, prevista para la comisión de eventuales “acciones terroristas”.
También adelantó que pedirá las prisiones preventivas de los imputados mientras avanza la investigación tendiente a determinar los actos de cada implicado y la individualización de otros autores de desmanes.
Esa hipótesis procesal es concordante con la opinión que el Gobierno tiene de los episodios ocurridos en las adyacencias del Palacio Judicial mientras los senadores exponían en la maratónica jornada que se selló con la aprobación de la ley que Javier Milei impulsa desde hace seis meses. Ayer, antes de partir hacia Europa para la reunión del G7, el Presidente había dicho, sin eufemismos: “Nos quieren tirar un muerto”.
Esta mañana, en su ronda habitual ante los periodistas acreditados, el vocero del Poder Ejecutivo, Manuel Adorni, sostuvo que los manifestantes que llevaron adelante los actos más violentos son “terroristas que quisieron poner de rodillas a la democracia”.
El secretario de Seguridad porteño, Diego Kravetz, en diálogo con LN+, también aseveró que “la falta de respeto a la policía es un atentado”, y que las personas que fueron detenidas ayer “merecen una sanción ejemplar”.
El Ministerio de Seguridad de la Nación ya adelantó que demandará los imputados, quienes sean identificados con posterioridad y los “líderes de las organizaciones” a las que pudieran responder, por los costos del operativo y la reparación de los daños.
Fuentes del Gobierno reconocieron que, más allá de las declaraciones y definiciones políticas, hasta el momento no se ha podido entrever en los episodios de ayer un patrón que sugiera una coordinación de acciones. Tampoco se estableció, por el momento, la filiación política de los detenidos en el sentido de poder vislumbrar, a partir de eso, un concierto previo para ejecutar actos desestabilizadores.
Las fuerzas federales arrestaron a 13 personas durante la concentración en el Congreso, según consta en la orden de servicio 1942/2024, son Nora Longo, Belén Yanina Ocampo, Mía Pilar Ocampo, Matías Lionel Ramírez, Ramón Ocampo, Facundo Gómez, Roberto María de la Cruz Gómez, Gabriel Horacio Famulari, Brian Ortiz, Santiago Lautaro Adano, David Sica, Dylan Gómez y Lucas Ezequiel Bálsamo; los dos últimos, según precisaron a LA NACION fuentes de la investigación, están acusados de haber intentado robar objetos y bienes del interior del móvil de prensa de Cadena 3 incendiado por los violentos manifestantes.
En tanto, en la sede de la Comisaría Vecinal 1B de la Policía de la Ciudad, donde se labraron actas por atentado y resistencia y daños por los episodios en la Plaza de los Congresos e inmediaciones, quedaron imputados: Martín Dirroco, Mateo Dettorre, Germán Moyano, Gonzalo Duró, Juan Spinetto, Julia Oliva, Sofía Ottogali, Sasha Lyardej, Héctor Mallea, Fernando Leone, Cristian Ferreira, Juan Colombo, María de la Paz Cerruti, Diego Iturburu, Ricardo Shariff, Lucía Puglia, Ramón Méndez Palacios y Ramona Tocaba, todos ellos sin antecedentes penales en los registros oficiales.
Además, en los listados figuran Nicolás Mayorga, domiciliado en San Martín y con antecedentes de este año por resistencia y desobediencia a la autoridad; Luis De la Vega, domiciliado en La Rioja, con antecedentes por comercio de estupefacientes, resistencia a la autoridad y cuidado ilegal coches, del año 2020, y atentado contra la autoridad y amenazas, del año 2021.
Además, Patricia Daniela Camargo Arredondo, con domicilio en Llavallol, provincia de Buenos Aires, y sin antecedentes, fue detenida, identificada y acusada de haber participado en la quema intencional de las bicicletas de la base del sistema oficial de movilidad sustentable de la Ciudad ubicada en el Congreso.
Y, por último, Cristian Valiente, domiciliado en el barrio porteño de San Nicolás, con antecedentes por robo (2017), averiguación de ilícito (2021), suministro de estupefacientes y violación de domicilio (2022) y lesiones leves (2024), está acusado de haber sido uno de los que arrojó granadas de tipo molotov.
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