Polémica: en solo una semana, arrestaron a 125 personas que portaban cuchillos en las calles, pero la Justicia anuló las detenciones

En la tarea de prevención del delito, la Policía de la Ciudad arrestó en solo una semana a 125 personas que en las calles portaban en cuchillos, hierros afilados, puntas de tijeras y largos destornillados con anormal filo. Las fiscalías convalidaron esos arrestos, pero ahora una magistrada porteña dio marcha atrás con esas medidas, anuló las detenciones y advirtió que se trataba de una vulneración de los derechos de quienes fueron requisados por actitudes que generaron sospechas a policías. Y esa decisión judicial causó fuerte polémica, ya que las principales autoridades de la ciudad criticaron el fallo.

Llama la atención la cantidad de personas que caminan en la ciudad con elementos que bien pueden ser usados como un arma mortal. Si bien en todos los casos se trató de gente en situación de calle, los funcionarios porteños marcan un hecho irrefutable: el asesinato del ingeniero Mariano Barbieri. Esa víctima tenía 42 años y fue apuñalado por un hombre en situación de calle -con varios ingresos a comisarías por delitos de agresión y robo- que buscó quitarle el celular en la noche del 30 de agosto del año pasado, en la avenida del Libertador y Lafinur.

El arma usada en ese homicidio fue un clásico cuchillo de cocina, similar a la mayoría de los encontrados en las requisas que policías porteños efectuaron entre el 17 y el 23 de junio pasado en varios barrios de la ciudad al observar a personas que “merodeaban” la zona.

Esa figura del merodeo no fue aceptada por la jueza Natalia Ohman como elemento que pudiese derivar en la inspección de las pertenencias de una persona, quien, con criticas también al trabajo del Ministerio Público Fiscal, anuló todos los procedimientos.

“La jueza Ohman firmó un insólito fallo en el que ordena a la Policía de la Ciudad a no requisar personas en busca de armas blancas y a devolver las incautadas en procedimientos a sus dueños. Hace años que somos víctimas de u sector de la Justicia que opera por ideología y protege a los delincuentes, esto no va más”, señaló el jefe del gobierno porteño, Jorge Macri, que agregó un dato: en cuatro meses fueron incautadas 1000 armas blancas, entendiéndose de esa manera a cuchillos o elementos con filo o punta.

La magistrada, por su parte, expuso en su fallo sus objeciones a los procedimientos policiales. “Ni siquiera se describen hechos o conductas concretas, sino antes bien actitudes que a juicio del policía resultaron ser ‘sospechosas’ ‘de merodeo’ o ‘merodeando’. De este modo, compelida a revisar lo actuado, es que observo que el acto inicial que diera origen a las detenciones y requisas se encuentra viciado de nulidad. En efecto, no se ha dejado ni siquiera mínimamente en claro cuál fue la situación de excepción que dio origen a la restricción de libertad ambulatoria de los presuntos contraventores. Es decir, la detención se produce y es convalidada por la fiscalía sin mayores elementos que la propia subjetividad del efectivo policial, que consiste en una formulación estereotipada que justifica la detención para requisar y secuestrar sin orden, carente de toda exteriorización del razonamiento que lo llevó a concluir en la necesidad de proceder a la detención”.

Y agregó: “No es posible inferir que merodear o tener una actitud sospechosa y vivir en la calle puedan constituir una información cierta, suficiente y concreta para inferir razonablemente desde el punto de vista del observador criterioso que probablemente la persona fuese autora de alguna infracción contravencional. Por el contrario, la actuación policial luce a las claras como un método de hostilidad contra grupos sociales vulnerables infringiendo el principio de igualdad y de no discriminación”.

No hay en el fallo referencia a casos en los que elementos de esas características hubiesen sido utilizados en robos o asesinatos en las calles de la ciudad. En la resolución judicial se considera a cuchillos o hierros afilados como herramientas naturales de quienes viven en situación de calle. “Arroja mayores inconvenientes lo actuado por la policía y asimismo convalidado por la fiscalía, toda vez que además se procedió al secuestro de los elementos que en muchos casos manifestaron utilizar para llevar adelante su actividad de recicladores urbanos, tales como cuchillos que utilizaban para romper o cortar cartones, o, asimismo, para comer. Por todo ello resulta ser un imperativo legal declarar la nulidad de la detención, la requisa y el secuestro de los elementos, así como también de todos los actos practicados en consecuencia”.

Las visiones de los funcionarios y de la magistradas son divergentes en ese punto. Para las autoridades porteñas, uno de los elementos que generan riesgos de seguridad tienen que ver con la proliferación de las denominadas ranchadas -grupos de personas, especialmente varones, en situación de calle, mientras que la jueza Ohman se enfocó en la vulnerabilidad de esas personas.

“Al analizar este universo de casos se advierte que en su gran mayoría se trata de personas en situación de calle, que utilizan los elementos advertidos por los preventores para realizar actividades de subsistencia en la vía pública. Entonces, llegado el momento de practicar la detención y de identificar a la persona, una vez que explica que aquello que fuera advertido por el policía se trataría de una herramienta de uso habitual para una persona en situación de calle y extrema vulnerabilidad, ello debería ser suficiente para entender que la supuesta arma no convencional, arma blanca u objeto contundente no tenía su razón de ser en una futura intimidación o para ejercer violencia, sino que antes bien se trata de un elemento del que se vale para sobrellevar su situación”, se consignó en el fallo.

La posición de la jueza fue cuestionada por el ministro de Seguridad porteño, Waldo Wolff: “Esa ideología es la misma que liberó presos en pandemia. Todavía hay quienes eligen proteger a los delincuentes y perjudicar a los vecinos. Pero hay una buena noticia: la Argentina donde la policía es culpable y los delincuentes son las víctimas no existe más”. Adelantó el funcionario que será apelada la decisión de la magistrada.

Por su parte, el secretario de Seguridad porteño, Diego Kravetz, también criticó el fallo judicial. “Es un fallo ideológico que afecta a siete millones de vecinos. Es un fallo increíble, absurdo. ¿Cómo puede ser que elijan proteger a los delincuentes en vez de cuidar a los ciudadanos? La ciudad tiene la menor cantidad de homicidios en su historia, básicamente, porque trabajamos para que no hay armas en las calles”.

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