Narcoescándalo: revés en la Corte Suprema para un fiscal que había sido procesado por la jueza Sandra Arroyo Salgado
El máximo tribunal rechazó una planteo hecho por la defensa de Claudio Scapolan, que había solicitado la nulidad de la declaración de un “arrepentido”; mañana se podría dejar abierto el juicio político para el funcionario judicial
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LA NACION
En una de las últimas sentencias del año, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, rechazó un planteo del suspendido fiscal de San Isidro Claudio Scapolan, actualmente procesado por falsedad ideológica de documento público, donde solicitaba la nulidad de la declaración, en la causa que lo tiene bajo investigación, de un “imputado colaborador” que dio detalles de la trastienda del denominado caso Leones Blancos, un operativo de la policía bonaerense donde se informó el secuestro de unos 600 kilos de cocaína. Para la Justicia, otra media tonelada de la misma droga fue robada por los uniformados a cargo del operativo, hecho en diciembre de 2013 y en el que estuvo a cargo Scapolan.
“Se desestima la presentación directa. Intímese a la parte recurrente a que, dentro del quinto día de notificada, acompañe copia de la resolución que concede el beneficio de litigar sin gastos o efectúe el depósito que dispone el art. 286 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, a disposición del Tribunal, bajo apercibimiento de ejecución. Notifíquese y, oportunamente, archívese”, sostuvieron en el fallo el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, y los ministros Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.
El pedido de nulidad había sido presentado por los abogados defensores de Scapolan, Marcelo D’Angelo y Félix Linfante.
Son horas clave para el futuro de Scapolan. Mañana, el Tribunal de Enjuiciamiento bonaerense debe definir si se admitirá la acusación o serán archivadas las actuaciones contra el representante del Ministerio Público Fiscal.
En mayo pasado, con nueve votos a favor y dos en contra, el Tribunal de Enjuiciamiento, integrado por legisladores provinciales y conjueces bonaerense apartó preventivamente a Scapolan.
El Tribunal de Enjuiciamiento está presidido por la jueza Ana María Bourimborde, presidenta de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial N° 1 de La Plata; el diputado Walter Carusso (Espacio Abierto Juntos), el senador Juan Pablo Allan (Juntos), el diputado Daniel Lipovetzky (Juntos), diputada María Eugenia Brizzi (Juntos), la senadora Sofía Vannelli (Frente de Todos), y los abogados, que actúan como conjueces, José Manuel Del Cerro, Carlos Garavaglia, Carlos Valdez, Héctor Mendoza Peña y Juan Spinelli.
Fuentes cercanas al tribunal adelantaron a LA NACION que “lo más probable” es que se abra el juicio político a Scapolan. Si llega a ser destituido en el debate perderá los fueros.
“La Procuración General bonaerense acusó en dos ocasiones a Scapolan de la comisión de numerosos delitos en ejercicio de sus funciones en su rol como cabeza de una asociación ilícita cuya finalidad consistía en extorsionar a distintas personas (mayormente vinculadas al narcotráfico) para obtener dinero o bienes de manera ilegítima, en una red conformada por policías, funcionarios judiciales, abogados y civiles”, sostuvieron fuentes del Tribunal de Enjuiciamiento. Sobre esas imputaciones se centrará la audiencia de mañana
Scapolan había sido procesado, en octubre de 2021, por jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado como jefe de una asociación ilícita, que, entre otros delitos, habría robado cargamentos de cocaína a bandas narco. La banda criminal, integrada por policías bonaerenses y abogados particulares, también fraguaba procedimientos y extorsionaba a presuntos narcos.
Hasta el 24 de julio del año pasado, Scapolan estuvo al frente del Área Ejecutiva de Investigaciones Criminales de San Isidro. Ese día se hizo pública la citación del representante del Ministerio Público a prestar declaración indagatoria, pero por una serie de recusaciones y de planteos de nulidad logró cuatro suspensiones de la audiencia y recién fue indagado en marzo último.
“Se espera de los funcionarios policiales y judiciales una conducta acorde con su rol social, y por ello, la sola idea de que una organización criminal esté conformada por quienes han sido autorizados por el Estado a utilizar el monopolio de la fuerza física legítima, intranquiliza, genera conmoción y mina la paz social que aquellos deben garantizar”, sostuvo el fiscal federal de San Isidro Fernando Domínguez, a cargo de la investigación, en el dictamen donde había pedido el procesamiento de Scapolan.
Arroyo Salgado, además, trabó un embargo sobre los bienes de Scapolan hasta cubrir la suma de 2.000.000.000 de pesos.
Pero, en junio pasado, la Sala I de la Cámara Federal de San Martín revocó el procesamiento por asociación ilícita que pesaba sobre Scapolan. Sí,confirmó la imputación por presunta falsedad ideológica de documento público en relación con el operativo Leones Blancos.
En su defensa, Scapolan había acusado a Arroyo Salgado y al fiscal federal Fernando Domínguez de haber desatado una “cacería”en su contra. Sostuvo que era inocente y negó todos “los cargos” que se le hicieron. Ahora, los camaristas Marcelo Darío Fernández, Marcos Morán y Juan Pablo Salas le dieron la razón en la mayor parte de las imputaciones, al menos, en las más graves.
La Cámara Federal de San Martín también le redujo sustancialmente el embargo que pesaba sobre sus bienes: pasó de 2000 millones a un millón de pesos.
Los camaristas consideraron que el grueso de la acusación se asentaba en los testimonios de testigos de identidad reservada y “arrepentidos” de los propios casos en los que se señalaban maniobras espurias de policías –y abogados penalistas– para fraguar procedimientos, “plantarles” droga a narcos y extorsionarlos, pero que la jueza y el fiscal no habían logrado corroborar esos dichos con pruebas objetivas en lo referente a la actuación del fiscal Scapolan y de quienes eran sus secretarios, que ya habían sido beneficiados con una falta de mérito en la causa.
La defensa de Scapolan había pedido la nulidad de la declaración del “arrepentido” Carlos Maidana, que lo ubicó en el procedimiento bautizado Leones Blancos, donde se secuestró casi media tonelada de cocaína, mientras que entre 520 o 560 kilos de esa droga fueron robados por los uniformados a cargo del operativo, según definió la acusación.
Scapolan dijo que la descripción que Maidana dio de él no correspondía con su fisonomía del momento del hecho, de lo que debía deducirse que le habían mostrado una foto para que pudiera señalarlo, como condición para obtener el beneficio de una reducción de su condena. Según la defensa, Maidana debía declarar que Scapolan habían dirigido las acciones de los policías corruptos y había ordenado la sustracción de una parte del cargamento de droga. Los camaristas afirmaron que nada de eso se pudo probar, y que, incluso, los elementos obrantes en el expediente lo desmienten.
Para pedir la nulidad de la declaración de Maidana, la defensa de Scapolan sostuvo que ”el acto procesal incumplió con las normas que regulan el instituto del arrepentido por falta de registro fílmico, audiovisual o técnico y que “no tener un registro audiovisual se traduce en la imposibilidad de conocer en qué términos se realizó el acto, conocer si el contenido del acta es fidedigno a lo declarado, si el material contiene saltos, ediciones o simplemente no se registró” y, según su criterio, esas irregularidades demuestran que los hechos fueron inventados con el único objetivo de “satisfacer un interés personal de la persona que los denuncia”.
La presentación de la defensa de Scapolan llegó al máximo tribunal después del rechazo en primera y segunda instancia. Si la Corte Suprema hacía lugar al pedido de nulidad, la investigación encabezada por el fiscal Domínguez iba a recibir un duro golpe, pero el fallo conocido hoy, en cambio, le dio un fuerte respaldo.
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