Imputaron al exministro de Seguridad de Córdoba por “hacerle una gauchada” y darle un auto a un comisario licenciado tras el crimen de un chico

CÓRDOBA.- El asesinato del adolescente Blas Correas, ocurrido en los primeros meses de la pandemia de coronavirus y por el que hay dos policías condenados a prisión perpetua, tendrá un nuevo capítulo judicial en las próximas semanas. Es que el fiscal Francisco Mondino del fuero Anticorrupción, que lleva adelante la pesquisa por otros eventuales delitos revelados a partir de la investigación del conmocionante caso de gatillo fácil, imputó a 18 personas, entre ellas, al exministro de Seguridad Alfonso Mosquera y al comisario Gonzalo Cumplido, implicados por la injustificada cesión de un auto.

Hace 15 meses la Cámara Octava del Crimen de Córdoba, con jurados populares, condenó a prisión perpetua a los policías Lucas Gómez y Javier Alarcón por el homicidio de Correas, que tenía 17 años, y por el intento de homicidio agravado contra los otros cuatro adolescentes que iban con él en el auto, el 6 de agosto de 2020. En esa ocasión, los camaristas solicitaron al fuero Anticorrupción que investigara la posible comisión de delitos en torno al manejo de recursos del Ministerio de Seguridad y en hechos vinculados a la falta de asistencia del joven y de las maniobras de encubrimiento.

Mondino citó a indagatoria el 2, 3 y 4 de julio a 18 personas, entre policías y exfuncionarios provinciales, previo decreto de imputación con diferentes cargos. El fiscal lo imputó por el delito de presentación u ofrecimiento de dádivas, en calidad de autor y a Cumplido por admisión de dádivas, en calidad de autor, y por encubrimiento por omisión de denuncia agravado por la calidad funcional, por la gravedad del hecho precedente (el homicidio) y por haber sido cometido en ejercicio de sus funciones.

El punto referido a la “dádiva” se vincula con que Mosquera le entregó un auto a Cumplido luego de que fuese licenciado, tras el crimen de Blas. Por ofrecimiento de dádiva está imputado Lucas Sebastián Mezzano, quien era mano derecha del entonces ministro.

En el juicio por el caso de gatillo fácil, Mosquera declaró como testigo. Calificó el crimen como “un hecho de violencia institucional violatorio de los derechos humanos” y lo calificó como “una de las páginas más oscuras de la historia de la Policía de Córdoba”.

Pero en las jornadas previas a su declaración había surgido, a partir de otras testimoniales, las sospechas por eventuales maniobras tendientes a minimizar el impacto del caso en el gobierno provincial. Uno de los fiscales del juicio, Marcelo Hidalgo, había exhibido mensajes de WhatsApp que el comisario Cumplido –que era subdirector de Seguridad Capital Sur en el momento del crimen– le había enviado a Mosquera, en los que le manifestaba el mal clima que había hacia el interior de la fuerza por las acusaciones contra policías por el caso Correas; esos mensajes eran del 5 de septiembre de 2020, el mismo día que los oficiales jefe Walter Soria y Jorge Galleguillo fueron imputados por encubrimiento en el asesinato de Blas.

En ese contexto apareció la “novedad” de que Mosquera le había cedido a Cumplido un Toyota Corolla registrado a nombre de Mario Valverde, un empleado administrativo del Ministerio de Seguridad. El exministro dijo que se lo había dado para hacerle “una gauchada”, ya que al haber sido licenciado le habían quitado el celular y el auto oficial, y el comisario le dijo que necesitaba un vehículo provisoriamente.

“Me entero de que un funcionario tenía dos autos, uno en desuso, y le digo que tengo que cumplir un favor personal por unos días”, afirmó el exministro en el juicio por el caso Correas. Admitió incluso haber pagado los vales de combustible y el seguro del auto que usó Cumplido. Mezzano, que era subsecretario del Ministerio, dijo en el juicio que “cumpliendo directivas” de su jefe debió hacer gestiones ante el comisario para que devolviera el Toyota, pero no tuvo éxito.

Cumplido, que había declarado antes que ellos, afirmó ante los camaristas que “hubo irregularidades y mala praxis policial” en el caso Correas y apuntó contra Mosquera. “Me voy a arrepentir toda la vida de haber acudido a un despacho alternativo que Mosquera tenía en la avenida Castro Barros”, admitió. Lo calificó de “persona abominable”.

Mosquera renunció a su cargo como ministro en agosto del 2022 para asumir como legislador provincial por Hacemos por Córdoba. En abril del 2023 pidió licencia tras una denuncia por presunta violencia de género realizada en su contra por una mujer con la que habría mantenido una relación.

El fiscal Mondino imputó por “violación de medios de prueba” a los policías Jorge Galleguillo, Walter Soria, Enzo Quiroga, Sergio González, Javier Alarcón, Wanda Esquivel y Juan Gatica. Por el presunto abuso de autoridad a los policías Víctor Di Stéfano, Diego González y a Emmanuel Fachisthers, Natalia Márquez, Melisa Escalante, Ezequiel Henot, Leonardo Martínez y Rodrigo Toloza.

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