Escándalo judicial: apartaron al fiscal de San Isidro que está acusado de robar media tonelada de cocaína

Cinco meses después de que la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado lo procesara como jefe de una asociación ilícita que, entre otros delitos, habría robado media tonelada de cocaína, el Tribunal de Enjuiciamiento bonaerense apartó preventivamente al fiscal Claudio Scapolan. La decisión se tomó con nueve votos a favor y dos en contra.

La causa en la que fue procesado Scapolan es un expediente que comenzó en junio de 2016 con la declaración de un testigo de identidad reservada ante el fiscal federal de San Isidro Fernando Domínguez. El representante del Ministerio Público fue procesado, pero no fue detenido porque tiene inmunidad de arresto.

El 1° de octubre pasado, Arroyo Salgado procesó a Scapolán y trabó un embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de 2000 millones de pesos. En el fallo, además, la magistrada, en uno de los puntos de la parte resolutiva, le pidió a la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Buenos Aires, la formación del proceso de enjuiciamiento y consecuente remoción y/o desafuero.

Según informaron a LA NACION fuentes oficiales, Scapolan había solicitado que se suspendiera la sesión de hoy, donde el Tribunal de Enjuiciamiento bonaerense debía tratar su apartamiento preventivo. Argumentaba que el procesamiento firmado por la jueza Arroyo Salgado no está firme y que la Cámara Federal de San Martín aún debe resolver su apelación. También sostuvo que la magistrada, en diciembre pasado, fue apartada de la causa por el tribunal de alzada.

Entonces,el Tribunal de Enjuiciamiento bonaerense debatió primero la presentación de Scapolan. En una votación más ajustada que la que definió el apartamiento preventivo (siete votos contra cuatro), se decidió hoy rechazar el planteo presentado por el representante del Ministerio Público.

El apartamiento preventivo (que reemplaza la licencia obligatoria decretada por la Suprema Corte), pedido por la dirigente política Elisa Carrió, es un paso previo a la suspensión y a la reducción del 40 por ciento del sueldo. En una próxima sesión se deberá tratar la admisibilidad de la acusación. Si Scapolan llega a ser destituido en el juicio perderá los fueros y quedará detenido automáticamente.

Los legisladores que votaron en contra del apartamiento preventivo fueron la senadora Sofia Vannelli (Frente de Todos) y el diputado Walter Carusso (UCR). A favor, levantaron la mano el diputado Daniel Lipovetzky (Juntos), el senador Juan Pablo Allan (Juntos), la diputada María Eugenia Brizzi (Juntos), cinco abogados y la jueza Ana María Bourimborde, que preside el Tribunal de Enjuiciamiento.

Hasta el 24 de julio de 2020, Scapolan estuvo al frente del Área Ejecutiva de Investigaciones Criminales de San Isidro. Ese día se hizo pública la citación del representante del Ministerio Público a prestar declaración indagatoria, pero por una serie de recusaciones y de planteos de nulidad logró cuatro suspensiones de la audiencia y recién fue indagado en marzo último.

“Se espera de los funcionarios policiales y judiciales una conducta acorde con su rol social, y por ello, la sola idea de que una organización criminal esté conformada por quienes han sido autorizados por el Estado a utilizar el monopolio de la fuerza física legítima, intranquiliza, genera conmoción y mina la paz social que aquellos deben garantizar”, sostuvo el fiscal Domínguez, a cargo de la investigación, en el dictamen donde había pedido el procesamiento de Scapolan.

Cuando fue indagado, en marzo del año pasado, el fiscal acusado sostuvo que la causa en su contra fue “montada desde su origen, en forma absolutamente ilícita” con el único objetivo de su persecución “por intereses espurios y designios siniestros” que todavía no pudo descubrir.

En su estrategia de defensa, Scapolan acusó a la jueza federal Arroyo Salgado y al fiscal Domínguez de haber desatado una “cacería”en su contra. Además, sostuvo que es inocente y negó todos “los cargos” que se le hicieron.

Arroyo Salgado no solo procesó a Scapolan como jefe de una asociación ilícita. También le endilgó los delitos de “instigador de falso testimonio agravado por haber sido cometido en causa criminal”, falsedad ideológica de documento público”, “sustracción de medio de prueba” y “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización doblemente agravada por haber intervenido tres o más personas organizadas y por haber sido cometido por un funcionario público encargado de la prevención o persecución”, entre otros.

La magistrada, según se desprende de la resolución, mantuvo la decisión de prohibición de salida del país del suspendido fiscal.

Las acusaciones

Según lo explicado por el fiscal Domínguez en el expediente judicial, la organización criminal era liderada por Scapolan e integrada por abogados y comisarios, oficiales y suboficiales bonaerenses.

Uno de los abogados imputados, Gustavo Semorile, está prófugo desde el 24 de julio de 2020. A fines de enero del año pasado, Arroyo Salgado procesó con prisión preventiva a un eslabón esencial de la organización: el sargento de la policía bonaerense Adrián Baeta. Fue considerado como organizador de la banda. Estuvo más de cinco meses prófugo hasta que fue atrapado, a principios de este año, en un complejo de departamentos de Rincón de Milberg, Tigre.

Una de las imputaciones contra la denominada “banda del fiscal” es el robo de parte del cargamento de cocaína del operativo Leones Blancos, de fines de diciembre de 2013. En la presentación de ese golpe contra el narcotráfico ante los medios de comunicación estuvo presente el por entonces gobernador Daniel Scioli, que se paseó entre los ladrillos de cocaína secuestrados por el fiscal Scapolan y los detectives de la policía bonaerense.

Esa vez se informó de la incautación de 600 kilos de cocaína. Pero eran más... Una parte de los 520 o 560 kilos de droga robados a la banda narco terminó en unas cabañas de Santa Clara del Mar. Antes del traslado a la costa, según la declaración de imputados arrepentidos y de testigos de identidad reservada, la sustancia estuvo almacenada en un local de Quilmes que funcionaba como concesionaria de autos y salón de fiestas, y que pertenecería a Baeta.

Según informaron fuentes judiciales, las cabañas de Santa Clara del Mar donde habría sido escondido el lote de estupefacientes pertenecían a Luis Tourn, alias El Polaco, amigo de Baeta. Consta en el expediente que, además de haber recibido la cocaína robada durante el procedimiento policial, el Polaco Tourn habría tenido la misión de comercializar la droga en la costa atlántica durante el verano de 2014.

Baeta era amigo y hombre de confianza de Diego Xavier Guastini, el contador asesinado en Quilmes en 2019, que era el cerebro financiero detrás de las grandes bandas narco que operaban en el país. Según la Justicia, gracias a esa relación obtuvo el dato clave para diseñar un operativo policial que, tal como creen los detectives del caso, derivó en el robo de entre 520 y 560 kilos de cocaína del operativo Leones Blancos. Se presume que una parte de ese cargamento, valuado en US$2.800.000, se vendió en la costa atlántica y que otra fue enviada a Brasil y a Europa.

Baeta fue una de las primeras personas en llegar a la escena del homicidio de Guastini, sucedido a pocos metros de la Municipalidad de Quilmes.

En enero pasado, cuando fue detenido, se le secuestró un teléfono celular. En los archivos del móvil de Baeta se encontraron dos fotografías que llamaron la atención de los investigadores: una imagen era la del cadáver del contador y la otra, una lápida en un cementerio privado en la que se puede leer “Familia Guastini”.

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