Córdoba: el legislador oficialista que causó un mortal choque sumó una denuncia en la Justicia Federal

CÓRDOBA.- El legislador oficialista cordobés Oscar González -suspendido y apartado de su cargo por la Unicameral- sumó a una imputación de la Justicia Federal a la que ya tenía por homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas por el choque que protagonizó en las Altas Cumbres cordobesas en el que murió una mujer, una adolescente quedó parapléjica y otra logró recuperarse de heridas graves.

González conducía un auto mellizo cedido por la Justicia al cuerpo legislativo luego de haber sido secuestrado en una causa. Este lunes el fiscal federal Maximiliano Hairabedián lo imputó por el delito de depositario infiel luego de considerar que “no estaba siendo utilizada en actividad oficial y sí para beneficio propio”.

Hairabedián también imputó a la sobrina de González por ocultamiento de prueba. Aunque la mujer fue al auto de su tío después del accidente y retiró un bolso, la acusación es porque “ocultó un celular de ella que tenía orden de secuestro”. Durante los allanamientos realizados en Villa Dolores, no se encontró el teléfono que era considerado una prueba clave.

El legislador conducía una BMW X1 negra “melliza”, uno de los vehículos que el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba entrega a diferentes organismos tras ser secuestrados en diversas causas.

La camioneta negra era de un hombre de Quilmes, al que se la habían robado. Tenía la documentación adulterada, cuyos datos reales pertenecen a otra camioneta radicada en Buenos Aires. La Justicia cordobesa retuvo el vehículo en Traslasierra a fines de 2018 en el marco de otra causa y, después quedó “en depósito judicial”. En agosto de 2019 el TSJ la entregó a la Unicameral.

Un año después, el juez de Control de Villa Dolores declaró la incompetencia de la Justicia provincial para investigar la adulteración de los documentos. En marzo de este año, la causa se giró a la Cámara Federal, que la derivó al Tribunal Federal N°2, donde no hubo nuevas medidas al respecto.

Hace una semana la Unicameral cambió la ley de cesión de autos judicializados. Se dispuso que el Tribunal Superior de Justicia los asigne en depósito con carácter provisorio y exclusivo para el uso del Poder Judicial, de las Fuerzas Armadas y de seguridad, y a fundaciones o asociaciones civiles de bien público, garantizando la trazabilidad de las entregas.

La iniciativa actualiza los mecanismos de asignación, registro e identificación, entre otros, con el fin de “garantizar la trazabilidad de los vehículos, incorporando resguardos y obligaciones mínimas que aseguren la transparencia, publicidad, claridad y atribución de responsabilidades que pudieren brotar de la entrega en depósito”, según expresa en sus argumentos.

Por otro lado, el fiscal Hairabedián ordenó archivar la causa federal sobre presunto lavado de dinero. Los denunciantes suponían que había dinero en los bolsos retirados que se repartiría entre abonados a la cooperativa de Villa Dolores -de donde es oriundo el legislado- que ese día celebraba elecciones internas.

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