Allanamientos en Nordelta y Canning para desbaratar una banda de estafadores integrada por un búlgaro que hackeó a Bill Gates

Uno fue detenido en su casa del complejo urbanístico Nordelta, en Tigre, junto con su pareja, una abogada. Otro fue capturado en una propiedad del country San Lucas, en la localidad de Canning. Ambos son conocidos por su expertise en la clonación de tarjetas de débito y crédito, operatoria que les habría dejado una ganancia millonaria. En las últimas horas, Daniel Esperón y Plamen Stroyanov Petrov fueron apresados acusados de integrar una asociación ilícita conformada para cometer estafas, falsificaciones y usurpaciones de identidad, entre otros delitos.

Así lo informaron a LA NACION calificadas fuentes judiciales. Petrov, un ciudadano búlgaro de 47 años, ya había sido detenido en 2021 en Ushuaia por personal de la Policía de Tierra del Fuego acusado de cometer estafas con tarjetas de crédito adulteradas. En su momento se afirmó que había formado parte de la banda de hackers que años atrás llegó a apropiarse de miles de dólares de la cuenta bancaria del magnate estadounidense Bill Gates.

En 2019, Esperón, de 76 años, había sido condenado en Neuquén a la pena de tres años de cárcel por haber protagonizado 31 casos de defraudación tras haber clonado tarjetas de crédito y débito. En el allanamiento hecho por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en el barrio Los Lagos de Nordelta fueron secuestrados dos automóviles BMW, una camioneta Honda HR-V y un vehículo Toyota Corolla.

El clonador búlgaro fue apresado en el country San Lucas de Canning, en San Vicente, donde los detectives de la PSA decomisaron un automóvil marca Audi, un BMW 335i y una camioneta Toyota Hilux, según informaron fuentes de la investigación.

Además, de Esperón, su pareja y Stoyanov, por orden del juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena, fueron detenidos otros nueve sospechosos, acusados de integrar la organización criminal bajo investigación.

“Es imposible calcular el monto de las estafas que cometieron los sospechosos detenidos”, afirmó a LA NACION un detective judicial.

La investigación comenzó el 20 de junio de 2017 cuando, al revisar las imágenes de las cámaras de seguridad del aeropuerto internacional de Ezeiza, agentes de la PSA descubrió que dos delincuentes habían instalado un dispositivo para clonar tarjetas en un cajero automático perteneciente al Banco Nación.

“Al analizar la filmación, los encargados de Red Link reconocieron a uno de los clonadores. Sin dudar, señalaron a uno de los sospechosos como Daniel Esperón y dijeron que era un experto en falsificar tarjetas y que ya había instalado dispositivos similares en otros cajeros de la red”, afirmó una fuente de la causa. Fue el primer dato que obtuvieron el juez Villena y su equipo de colaboradores para poder iniciar la investigación.

Tras reunir una serie de pruebas, el magistrado ordenó intervenir varias líneas telefónicas para determinar la operatoria de la banda criminal.

“A partir de las intervenciones telefónicas, advertimos que estábamos ante una organización más grande de lo que pensábamos. No solo clonaban tarjetas de crédito y débito para hacer compras. También falsificaban documentos para sacar préstamos personales y registros de conducir, entre otras operatorias ilegales” afirmaron las fuentes consultadas.

En un momento, se abrieron varias líneas de investigación porque de las escuchas telefónicas surgía información sobre la posible participación de parte de la banda en la organización de un contrabando de cocaína en la provincia de Tucumán y de hasta un viaje a Colombia para hacer negocios con narcotraficantes, explicaron fuentes judiciales.

La pandemia de Covid-19 hizo que los clonadores tuvieran “un parate” obligatorio, tiempo en el que se habrían dedicado a las estafas virtuales, según especulan los investigadores a partir de información recopilada durante la investigación.

“Los sospechosos no se esperaban los allanamientos, quedaron sorprendidos cuando la PSA efectivizó los procedimientos”, dijo un investigador.

En uno de los procedimientos, los detectives policiales y judiciales encontraron una pizarra completa con pequeños “pegatinas” donde cada una tenía anotado un nombre y apellido, u número de DNI y de CUIL, un domicilio y fecha de nacimiento. “Evidentemente, era una base de datos para poder ‘fabricas’ las tarjetas truchas”, sostuvo un investigador.

El software utilizado por los estafadores tenía su origen en China y los dispositivos para instalar en los cajeros automáticos y clonar las tarjetas de débito habían sido traídos desde Bulgaria.

Ayer, el juez Villena indagó a los sospechosos por formar parte de una organización criminal que “desde fecha incierta de creación, pero con anterioridad al 23 de mayo de 2017, tenía por objeto la comisión de diversos delitos como ser la realización de maniobras delictivas compatibles con la clonación de tarjetas bancarias. La maniobra investigada consistiría en la concurrencia por parte de algunos miembros de la organización ilícita a distintos cajeros automáticos con el objeto de instalar diversos dispositivos electrónicos y microcámaras que les permitirían obtener distintos datos tales como PIN/claves y otra información relevante, para luego retirar los equipos instalados y remitirlos a otros integrantes de aquella a los fines de que examinen los videos obtenidos y con la información allí contenida proceder a la clonación de tarjetas de clientes de diversas entidades bancarias”.

La causa tiene 16 prófugos, algunos de nacionalidades chilena y brasileña, que no fueron ubicados cuando fueron allanados sus últimos domicilios.

“Las tarjetas clonadas serían utilizadas con distintos fines, tales como extracciones de dinero en cajeros automáticos. Asimismo, dicha organización se dedicaría a la falsificación de documentos públicos tales como documentos nacionales de identidad y licencias nacionales de conducir, valiéndose para ello de distintos instrumentos aptos para su confección”, se sostuvo en la imputación de los sospechosos.

En el expediente, el Ministerio Público está representado por la fiscal federal Cecilia Incardona.

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