Suisse Secrets: salen a la luz los movimientos millonarios de los lobistas que intermediaron entre Argentina y Venezuela

Los lobistas investigados por haber cobrado supuestos sobornos de empresas argentinas que le vendieron maquinaria agrícola al gobierno de Venezuela montaron un entramado de sociedades en paraísos fiscales, manejaron una cuenta en Suiza e invirtieron fortunas en varias propiedades de lujo en Miami, según reconstruyó el Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), que integra LA NACION, tras cuatro meses de investigación periodística.

Las millonarias comisiones que Palmat International cobró como intermediaria, que se realizaron bajo el paraguas de un acuerdo binacional firmado por los presidentes Hugo Chávez y Néstor Kirchner, se canalizaron a través de esas jurisdicciones opacas que, hasta ahora, no le han permitido a la Justicia argentina localizar los fondos obtenidos en las intermediaciones bajo sospecha.

El venezolano Francisco Carrasquero y el argentino Roberto Wellisch, los hombres detrás de Palmat, son investigados por la Justicia argentina por haber cobrado un 15% de comisiones en una larga lista de transacciones comerciales que empresas privadas argentinas mantuvieron con empresas públicas de Venezuela. La hipótesis del fiscal argentino Gerardo Pollicita es que esas comisiones, en realidad, eran coimas encubiertas que se repartían entre los funcionarios de ambos países que permitían realizar la operación a través de un fideicomiso bilateral.

Mientras las empresas argentinas firmaban los contratos con los lobistas, Carrasquero, representante legal de Palmat, abría una cuenta bancaria en el Credit Suisse que llegó a manejar US$3 millones, según la información que aparece en la filtración Suisse Secret que lidera OCCRP. A pesar de que el escándalo por el cobro de estas operaciones millonarias se hizo público en 2009, el banco suizo nunca cerró la cuenta, que permaneció abierta por ocho años. Los fondos, que se podrían haber incautado, ahora están invertidos en mansiones en Miami.

Suisse Secrets es un proyecto de periodismo colaborativo basado en la filtración de datos de cuentas bancarias facilitados por una fuente anónima al periódico alemán Süddeutsche Zeitung, que los compartió con OCCRP y otros 48 medios de comunicación aliados de todo el mundo, entre ellos Infobae por Argentina, junto al diario LA NACION. Más de 150 periodistas de 39 países revisaron miles de registros bancarios, entrevistaron fuentes internas, reguladores, fiscales, examinaron documentos judiciales y financieros para corroborar los hallazgos.

La historia comenzó en abril de 2004, cuando los presidentes Chávez y Kirchner firmaron el “Convenio Integral de Cooperación entre la Argentina y la República Bolivariana de Venezuela”, el primer convenio de negocios bilateral entre Argentina y Venezuela. ¿Cómo funcionaba este fideicomiso? Venezuela ingresaba crédito de la petrolera estatal PDVSA, mientras que distintas empresas argentinas balanceaban ese saldo con la venta de alimentos y maquinarias para mejorar la producción alimenticia en suelo venezolano. La relación Estado-Estado era el resguardo para los empresarios ante un cliente como Venezuela que habitualmente carecía de garantías de pago.

Las transacciones que se realizaban a través del fideicomiso luego fueron diversificando sus rubros y le permitieron a muchos pequeños empresarios argentinos convertirse en millonarios con ventas al Estado venezolano. Pero estos lobistas ingresaron desde el principio en ese convenio. De hecho, Palmat Intertrade se creó como sociedad el 16 de abril de 2004 en Panamá, apenas diez días después de que los presidentes firmaran las actas oficiales, según se desprende de los documentos que conforman la filtración conocida como Pandora Papers.

Una decena de empresarios repitieron lo mismo ante el juez argentino Julián Ercolini: era obligatorio contratar los servicios de intermediación de Palmat si querían exportar maquinaria agrícola a Venezuela a través del fideicomiso bilateral. Ese contrato establecía el pago de una comisión del 15% sobre el total de la operación, insistieron los empresarios. Ese porcentaje representaba montos millonarios que podrían haber sido cobrados -sospecha el fiscal- como un soborno encubierto para los funcionarios que manejaban el fideicomiso en ambas orillas.

LA NACION e Infobae contactaron a Carrasquero antes de publicar esta historia. El abogado venezolano afirmó en un intercambio de correos electrónicos que respondería las consultas periodísticas, pero luego no contestó el cuestionario que se le remitió pese a los reiterados recordatorios.

Mientras los contratos de Palmat con empresas argentinas se multiplicaban, Carraquero abrió una cuenta bancaria en Suiza en abril de 2006, según los registros que aparecen en Suisse Secrets. Los movimientos financieros y políticos de los lobbistas continuaban a toda marcha: Palmat International, cuya razón social original estaba registrada en Florida, Estados Unidos, canceló los contratos con las compañías argentinas y los rehizo en abril de 2007 a través de la firma gemela Palmat Intertrade, creada en Panamá. Recurrieron al estudio Alemán, Cordero y Galindo (Alcogal), un bufete panameño especializado en paraísos fiscales que también fue utilizado por cientos de clientes que evadieron o lavaron activos.

Meses más tarde, los contactos políticos de Palmat se cristalizaron en Buenos Aires cuando Carrasquero ingresó el 6 de agosto de 2007 a un acto oficial en la Casa Rosada junto a Guido Antonini Wilson. La lista de invitados, que fue rubricada por la Secretaría General de la Presidencia, había estado a cargo del Ministerio de Planificación Federal que, en la práctica, manejaba una especie de embajada paralela con el gobierno chavista fortalecida por los negocios en ambas orillas. Carrasquero ingresó a la Casa de Gobierno en representación de Palmat.

Esas relaciones comerciales con Caracas eran manejadas por José María Olazagasti desde Buenos Aires, la mano derecha del entonces ministro Julio De Vido, según reveló el exfuncionario argentino Claudio Uberti en su confesión dentro del caso de los cuadernos de las coimas. Olazagasti fue, además, el encargado de destrabar el ingreso a la Casa Rosada de Antonini Wilson, 48 horas después de que al venezolano le decomisaran una maleta con USD 800.000 en el Aeroparque porteño.

El negocio de los lobbistas continuó, pero no exento de polémicas. Una denuncia anónima llegó en 2008 a manos del defensor del Pueblo argentino, Eduardo Mondino. El relato indicaba lo mismo que luego ratificaron ante la justicia un puñado de empresarios locales: quienes quisieran hacer negocios bajo el paraguas del fideicomiso bilateral “debían pasar por una escribanía, de la calle Rivadavia (en Ciudad de Buenos Aires), donde se comprometían ante un representante de la empresa Palmat a pagar un 15% en concepto de servicios”, indicaba la denuncia.

Ante la Justicia, José María Alustiza, presidente de la Cámara Argentina Fabricantes de Maquinaria Agrícola (CAFMA), confirmó fue uno de los empresarios que tuvo que pasar por Palmat. “Cuando teníamos dificultades para cobrar, hablábamos con Palmat y ellos gestionaban la solución. Se le hizo un poder para que Carrasquero, que vivía en Venezuela, firmara un addendum como apoderado (…) La gente de Palmat conocía a los funcionarios de las dependencias públicas y conocían el manejo burocrático de un expediente. Sus gestiones siempre fueron exitosas”.

Una decena de empresarios repitieron lo mismo que Alustiza ante el juez Ercolini: era obligatorio contratar los servicios de intermediación de Palmat si pretendían exportar maquinaria agrícola a Venezuela a través del fideicomiso bilateral, informaron fuentes judiciales. Ese contrato establecía el pago de una comisión del 15% sobre el total de la operación, coincidieron los empresarios.

Por su parte, Palmat reconoció públicamente haber sido “seleccionada por 39 empresas fabricantes de maquinarias agrícolas de la Argentina” para hacer negocios con Venezuela. Los reportes de la UIF indicaron que entre las operaciones sospechosas se encontraban contrataciones realizadas por el Fondas y la compañía estatal venezolana Pedro Camejo, ambos dependientes del Ministerio de Agricultura de dicho país que manejaba el dirigente chavista Elías Jaua.

Pero el protagonismo mediático del escándalo conllevó un costo adicional para Palmat. Fue en Panamá. Los ejecutivos del estudio Alcogal, especializado en operar offshore, encendieron las alarmas cuando supieron que tanto la firma, como Carrasquero y Wellisch, habían quedado bajo la lupa de la justicia argentina.

Jaime Alemán, uno de los fundadores del estudio, envió una nota interna a su equipo en abril de 2010 que copiaba fragmentos de un artículo periodístico que detallaba las acusaciones que afrontaban Palmat y Alcogal en la Argentina. “En base a lo que dice el artículo, procedimos a renunciar como agentes de esta empresa y reiteramos que no tuvimos nada que ver con los negocios y asuntos de Palmat. Y no es cierto que nos estén investigando por el esquema fraudulento”, afirmó, según consta en los correos electrónicos que forman parte de los Pandora Papers.

Pero Alcogal tomó más medidas. “La sociedad está envuelta en negocios fraudulentos”, detalló un oficial de compliance del bufete panameño, que volcó los nombres cuestionados en una planilla de cálculo llamada “Listado de alerta”. Incluyó a Palmat International, Palmat Intertrade, así como a Wellisch, y a los venezolanos Carrasquero, Domingo Alvarez Boccardo, Yone Boccardo, Marc David Reich y el millonario estadounidense Marc Rich, fundador de Glencore.

Ni las causas judiciales ni las alertas en el mundo offshore frenaron el negocio. Mientras el fiscal Pollicita recibía los primeros testimonios, la cuenta bancaria de Carrasquero en el Credit Suisse tocó techo: llegó a manejar 2.735.230 francos suizos el 30 de junio de 2009. El escándalo ya se había hecho público, pero eso no impidió que Palmat continuara con su rol de intermediación desde Panamá.

Una de esas operaciones ocurrió en septiembre de 2010, cuando el empresario argentino Gerardo Montenegro compró mercadería en China para luego venderla a Venezuela a un precio diez veces superior. Palmat fue la intermediaria en esa venta concretada con la compañía estatal venezolana Fondas, que dependía del ministerio de Agricultura de ese país. La UIF argentina señaló que había transferencias sospechosas en un reporte enviado a la justicia local e involucró antes los actores a Palmat.

La investigación del fiscal Pollicita reclutó una decena de empresarios que repitieron cuál era la metodología que se utilizaba para hacer negocios dentro del fideicomiso bilateral, pero la causa permanece estancada desde hace una década por la falta de colaboración de los funcionarios chavistas. Las autoridades enviaron un exhorto para conocer el detalle de antecedentes de Carrasquero y Wellisch, así como su detalle patrimonial, entre otros datos, pero esa información nunca fue respondida.

La cuenta de Carrasquero se cerró en julio de 2014 con un saldo de 600.876 francos suizos, pero el dinero siguió su camino. El lobbista venezolano había elegido Miami como el destino para realizar inversiones inmobiliarias, que fueron encapsuladas en sociedades offshore. Carrasquero ya había creado el 31 de diciembre de 2012 la firma de papel Chandler Ventures LLC en las Islas Vírgenes Británicas, una de las jurisdicciones más opacas del mundo.

Después de los problemas reportados con Alcogal, Carrasquero dejó en manos del estudio Trident Trust la conformación de la nueva sociedad. Se presentó como abogado venezolano con domicilio en Caracas y dijo que el propósito de esta offshore -de la que era su único accionista- era la compra de inmuebles. ¿El origen de los fondos? “Ingresos y ahorros personales provenientes de las ganancias acumuladas en el negocio del petróleo y la energía eléctrica”, declaró en el formulario de compliance del estudio.

Siete días después de haberse creado, Chandler Ventures LLC compró una casa frente al lago de Hammocks, en Coral Gables, Miami. La mansión, rodeada por una frondosa arboleda antes de desembocar en las orillas del lago, se distribuye sobre un terreno de 3600 m2. El valor de la propiedad al momento de la compra, en enero de 2013, era de US$2,3 millones. Cuando el venezolano la vendió, en octubre de 2018, el inmueble ascendió a US$2,9 millones, según el registro público de Miami Dade.

Carrasquero no había hecho más que replicar el modus operandi ya practicado por Palmat. Su socio Wellisch había abierto en enero de 2008, antes de que estallara el escándalo en Argentina, Wilcox Intertrade Inc en las Islas Vírgenes Británicas. La sociedad controló dos propiedades en el condominio Hamptons West de Aventura, Miami, que compraron con el apoyo de una hipoteca de US$1 millón en el Regions Bank de Estados Unidos. La hipoteca fue emitida a nombre de Wilcox, pero también de Palmat y del propio Wellisch.

Palmat adquirió un tercer inmueble en Florida. En agosto de 2008 pasó a controlar la Unidad 101 del condominio de oficinas y locales Square One Business Center, una propiedad que funciona como centro comercial en Doral, una zona de residencia de muchos inmigrantes venezolanos en Miami. La propiedad de 320 m2 tiene una valuación fiscal de US$620.000, según los registros públicos.

Como una copia de esos mismos pasos, Carrasquero pidió una hipoteca de 600.000 dólares y compró una segunda propiedad en Miami: adquirió otra mansión, esta vez en la zona de Pinecrest Gardens. Los primeros documentos oficiales que lo vinculan a la propiedad son permisos de obras firmados de puño y letra, que fueron autorizados por las autoridades en septiembre de 2016.

Sin embargo, el venezolano apareció detrás de Maxipetro Properties Ltd, la nueva titular del inmueble, recién en junio de 2020, cuando se efectivizó la compra a través de esta sociedad. La operación para adquirir esta casa, 1100 m2 construidos y una piscina a la sombra de sus palmeras, se concretó en US$1,5 millones durante la pandemia.

Diez años después del escándalo por las comisiones de Palmat, el dinero continúa girando por el mundo, ya sea en inversiones en Miami o a través de otros canales encriptados a través de las sociedades en paraísos fiscales. La justicia, los organismos de control y las autoridades de Argentina, Venezuela, Suiza, Estados Unidos, Panamá y las Islas Vírgenes Británicas, ninguno de ellos, han logrado cortar el flujo de esos fondos que acumulan indicios de ilegalidad. Tampoco lo hizo el banco Credit Suisse, que le permitió a Carrasquero mover durante ocho años sus millones sin más inconvenientes y luego, cerrar su cuenta y llevarse el dinero.

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