Pese al impacto fiscal, el oficialismo avanzará con el plan de pagos previsional que aprobó el Senado

Apurado por los tiempos, el oficialismo en la Cámara de Diputados arrancó el debate sobre el proyecto de ley que propone una nueva moratoria previsional, la cual obtuvo media sanción del Senado la semana pasada. Sin embargo, difícilmente llegue a tiempo para convertirla en ley antes del 23 del actual, cuando vence la moratoria hoy vigente: por esa razón, harán presión para que el Poder Ejecutivo la prorrogue por decreto hasta que la Cámara baja sancione la norma, confiaron fuentes oficialistas.

La iniciativa era resistida por el exministro de Economía Martín Guzmán no sólo por su impacto fiscal sino porque va a contramano de los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En efecto, la iniciativa, de convertirse en ley, demandaría unos $200.000 millones en los próximos dos años según informó la Anses; consultores privados estiman, sin embargo, un impacto fiscal mayor y cercano al punto del PBI. Más allá de la disparidad en las estimaciones, lo cierto es que, de aprobarse, la ley se daría de bruces con las pautas que marcó el FMI en su último informe técnico, en el cual le recomendó al Gobierno llevar adelante una política fiscal más austera. Apuntó a las jubilaciones: sugirió no sólo reducir el gasto previsional en términos del PBI, sino también impulsar una reforma previsional que garantice la equidad y la sostenibilidad del sistema.

La iniciativa, que se aprobó la semana pasada en el Senado, va a contramano de estas indicaciones. Por ello, el exministro Guzmán nunca avaló explícitamente el proyecto y los senadores kirchneristas avanzaron sin consultarlo. La semana pasada le dieron media sanción en la Cámara alta y, ahora, el oficialismo en la Cámara de Diputados buscará apurar la sanción de la ley.

En el debate que se desarrolló esta tarde en la Comisión de Previsión y Seguridad Social, que preside la diputada kirchnerista Marisa Uceda, participaron funcionarios de la Anses y expertos en temas previsionales. Desde la oposición, los diputados de Juntos por el Cambio Alejandro Cacace y Lisandro Nieri reclamaron la presencia de autoridades del Ministerio de Economía, máxime porque la flamante ministra Silvina Batakis, en sus primeras definiciones sobre el rumbo que debería adoptar la economía en medio de la crisis, reivindicó el modelo de equilibrio fiscal que llevó adelante su antecesor en el cargo.

El propósito de los diputados kirchneristas es que el Gobierno prorrogue la actual moratoria hasta tanto el Congreso convierta en ley la media sanción del Senado. Confía en que tendrá los votos suficientes para aprobar la ley: en el Senado, esta nueva moratoria previsional contó con el apoyo de Alberto Weretilneck (Juntos somos Río Negro) y de Alejandra Vigo (Córdoba Federal), con lo cual sus respectivos bloques en la Cámara de Diputados deberían actuar de igual manera. De ser así, el oficialismo tendría asegurada la mayoría.

Los senadores del interbloque Juntos por el Cambio no respaldaron el proyecto. La mayoría se pronunció por la abstención y una minoría, de Pro, votó en contra. “Este proyecto, más allá de su justicia, agrava el déficit fiscal, que es una de las mayores distorsiones que tiene la macroeconomía argentina –planteó el senador de Pro Humberto Schiavoni-. Sin una macroeconomía sana que permita que en el país se generen inversiones y puestos de trabajo registrados, el sistema previsional no tendrá sustentabilidad porque uno de sus pilares, los aportes y contribuciones, va a fallar. Sin este pilar no hay posibilidad de un sistema previsional sano”.

En efecto, un reciente informe que elaboró la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) sobre el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) advierte que, en virtud de la relación entre cantidad de activos y pasivos que componen el régimen, “resulta necesario contar con mayor cantidad de activos aportantes (en promedio, el doble) para sostener los beneficios que paga el SIPA si se mantuvieran los niveles de remuneración y de haberes previsionales actualmente vigentes”.

El proyecto

La iniciativa del Frente de Todos contempla un plan de pagos al que podrán acceder, durante un período de dos años, aquellas personas que ya cumplieron o estén por cumplir la edad jubilatoria (60 años las mujeres y 65 los hombres) y no tengan los 30 años de aportes exigidos. El objetivo es que puedan regularizar los períodos faltantes hasta el mes de diciembre de 2008, inclusive. Esto se podrá hacer con un pago en hasta 120 cuotas que serán descontadas de manera directa del haber jubilatorio que se obtenga a través del programa.

El proyecto permite, además, que aquellas personas que estén a una distancia de hasta 5 años de la edad necesaria para obtener la jubilación y que saben que no cumplieron con los 30 años de aportes puedan regularizar su situación. Estas personas podrán pagar unidades de cancelación de aportes, que son equivalentes a un mes de servicios y tendrán un valor fijo del 29% de la base mínima imponible de remuneración, en coincidencia con lo que aportan los trabajadores en actividad cuando se realizan sus aportes en tiempo y forma.

En Diputados, Juntos por el Cambio buscará sortear el desafío del oficialismo con una propuesta superadora que evite la división de la bancada que se evidenció en el Senado. El senador Martín Lousteau esbozó la idea durante la sesión y el diputado Cacace buscará darle forma en un proyecto que proponga, en líneas generales, que aquellos trabajadores que no completaron sus aportes puedan percibir un beneficio variable proporcional a los aportes realizados (actualizados y con una tasa de interés imputada).

“Podríamos aplicar una fórmula que reconozca lo que cada uno hizo de aportes. Eso es posible y así tendríamos un sistema más igualitario y equitativo, con premios para quienes aportaron e incentivos para los que quieran regularizar su situación”, sostuvo.

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