La Coalición Cívica denuncia “un pacto de impunidad” detrás del fallo que benefició a Calcaterra en la causa Cuadernos
Los diputados del partido de Elisa Carrió pedirán al Consejo de la Magistratura que investigue a los camaristas Barroetaveña, Mahiques y Petrone
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LA NACION
Tras denunciar un “pacto de impunidad” entre políticos y jueces, el bloque de diputados nacionales de la Coalición Cívica anunció que realizará una presentación ante el Consejo de la Magistratura para que se investigue y encuadre la conducta de los camaristas de la Casación Penal que sacaron al empresario Angelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri, del juicio oral por el caso de los cuadernos de las coimas.
“Creemos que hay un pacto de impunidad entre sectores de la Justicia y de la política –de distintos partidos– para que no avancen en causas de corrupción”, afirmaron los diputados de la Coalición Cívica, en referencia a los jueces Diego Barroetaveña, Carlos Mahiques y Daniel Petrone.
Los jueces entendieron que los 16 pagos que hizo Calcaterra a funcionarios del kirchnerismo, en bolsos que se entregaron en un garage subterráneo del Hotel Hilton, de Puerto Madero, no eran sobornos, sino aportes para la campaña electoral. Esta interpretación permitió separar a Calcaterra del juicio oral por los cuadernos y enviarlo a que la justicia electoral investigue si hizo aportes de campaña no declarados, una falta menor.
“Para nosotros este fallo es institucionalmente muy peligroso ya que exculparía de la causa penal a todos los empresarios que habrían pagado sobornos a funcionarios públicos. Por eso, creemos que debe investigarse a los tres jueces”, señalaron los legisladores.
“El Consejo de la Magistratura también debería analizar la conducta de los jueces de este Tribunal Oral a los efectos de conocer las razones de la demora en dictar sentencia y concluir el proceso penal”, agregaron.
El anuncio fue dado a conocer por los legisladores Juan Manuel López, Victoria Borrego, Marcela Campagnoli, Maximiliano Ferraro, Mónica Frade y Paula Oliveto.
Barroetaveña, Mahiques y Petrone decidieron en otro fallo analizar si corresponde aplicar el mismo criterio que benefició a Calcaterra para otros tres empresarios que admitieron haber hecho aportes de dinero a funcionarios del kirchnerismo. Son Armando Loson, Hugo Dragonetti y Jorge Balán. De prosperar estos pedidos, el juicio por los cuadernos de las coimas podría quedar vaciado de empresarios que argumentaran de este modo y solo serían juzgados Cristina Kirchner y sus exfuncionarios.
Desde hace dos años se habla en círculos políticos, empresarios y judiciales de encontrar una solución para los hombres de negocios que admitieron ante el fiscal Carlos Stornelli y el fallecido juez Claudio Bonadio haber efectuado pagos al kirchnerismo en el caso de los cuadernos, según supo LA NACION. Hubo operadores judiciales del macrismo, que pasan los gobiernos y siguen tejiendo redes, que sondearon alternativas, sin éxito, durante la gestión de Cambiemos, y otros que intentaron llegar al Gobierno de Javier Milei con esta preocupación.
El fiscal ante la Cámara de Casación, Raúl Pleé, y la Unidad de Información Financiera (UIF), que es el organismo encargado de investigar los casos de lavado de dinero, son los únicos habilitados para apelar el fallo de Barroetaveña, Petrone y Mahiques con la intención de que sea revisado por la Corte.
La idea es que sus recursos permitan que la Corte Suprema de Justicia revise la decisión de los jueces de considerar que en el caso de Calcaterra sus pagos deben ser analizados por la jueza federal con competencia electoral María Servini, y no por el tribunal oral federal que juzgará a otros empresarios, a Cristina Kirchner y a sus exfuncionarios como parte de una organización que cobraba sobornos a cambio de mantener los contratos con el Estado.
Pleé y la UIF tienen un plazo de diez días hábiles para plantear la apelación de esta decisión, que vencen el 12 de julio próximo, en plena feria judicial, por lo que el plazo se extiende al lunes 29 de julio.
Calcaterra era el dueño de la empresa Iecsa dedicada a la realización de obras públicas durante el kirchnerismo. En otra causa paralela se investiga a la firma por el pago de sobornos para mantener el contrato por la obra de soterramiento del Ferrocarril Sarmiento. En 2017, Calcaterra vendió a Marcelo Mindlin de Pampa Energía la empresa, pero las investigaciones en contra del primo de Macri siguen abiertas.
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