El fiscal expuso nuevos chats explosivos y los nexos entre los cuadernos de las coimas, el lavado de Hotesur y las obras cedidas a Báez

Con mensajes promiscuos entre los funcionarios acusados de corrupción y los empresarios que hacían obras públicas, revelaciones sobre cómo los negocios entre Cristina Kirchner y Lázaro Báez fueron el verdadero objetivo detrás de las licitaciones en favor del empresario patagónico y la estrategia de desmantelar los organismos de control del Estado, el fiscal federal Diego Luciani concluyó la séptima jornada de acusaciones contra la vicepresidenta.

En sus diez horas de alegato, Luciani y el fiscal Sergio Mola consideraron que el verdadero móvil detrás de las licitaciones para favorecer a Báez eran los negocios del empresario con los Kirchner, a quienes les transfirió 6,5 millones de pesos entre 2012 y 2013 desde Austral Construcciones a sus cuentas, luego de pasar por Valle Mitre.

Este tramo de la maniobra, del retorno del dinero a la familia Kirchner, es justamente lo que se investiga en el caso Hotesur y Los Sauces, causa en que Cristina Kirchner fue sobreseída sin realizar el juicio y que se encuentra en revisión en la Cámara de Casación.

“Está acreditado el móvil del beneficio indebido de Lázaro Báez, que tenía un conflicto de interés con los expresidentes que le otorgaban de manera irregular y arbitraria la obra pública”, dijo Luciani.

Insistió en que estas sociedades entra Báez y los Kirchner “son claros actos de corrupción”. Dijo: “No hacemos referencia a un simple adjudicador de obras, sino a los presidentes que están en la mas alta jerarquía del Estado, donde los vínculos y los negocios se realizaban a partir de un claro interés económico”.

“La simple posibilidad de influir en una licitación es un obstáculo para otorgar obra pública, imagínese la influencia que manejaron dos presidentes durante 12 años para entregar fondos del tesoro nacional con discrecionalidad y arbitrariedad”, afirmó, por momentos disfónico.

Y repitió, como un mantra que quiere dejar grabado en la memoria de los jueces: “Lázaro Báez era Néstor Kirchner, Lázaro Báez era Cristina Kirchner”.

Esta idea de combinar las evidencias de las diversas causas contra el kirchnerismo fue retomada por Mola, que vinculó el caso de la obra pública patagónica con el de los cuadernos de la corrupción. Dijo que en ambos se trata de una organización que funcionó entre 2005 y 2010, dedicada a la recaudación ilegal de fondos de manos de empresarios que tienen contratos con el Estado. Daniel Muñoz, secretario de los Kirchner, era el depositario de esas recaudaciones.

En el caso de los cuadernos, los arrepentidos dijeron que debían pagar como “aporte” entre el 5 y el 10 por ciento del anticipo de obras para poder cobrar luego esos certificados, pero aclaró que en el caso de Vialidad, los Kirchner directamente habían creado a Lázaro Báez como el empresario al que decidieron beneficiar para que luego les retornara parte de esos fondos.

Cuando había campaña electoral se reunían más fondos, dijo Mola, y puso como ejemplos transferencias en obras públicas, recibidas en coincidencia con el calendario electoral.

“En esta causa no existió la necesidad de acudir a empresarios ajenos para extraer fondos ilegales porque tenían al empresario propio Lázaro Báez”, dijo Mola. Y enumeró que en 2006 y 2007, en la previa de las elecciones presidenciales, se adjudicaron a Báez 26 licitaciones por 1047 millones de dólares. Y que en 2011 se adjudicaron otras seis obras, pero solo dos de ellas eran por 1230 millones de pesos, es decir unos 300 millones de dólares.

Nuevos chats

El fiscal Luciani cerró la audiencia con la difusión de nuevos mensajes de WhastApp del teléfono de José López que evidencian los contactos entre empresarios y funcionarios, donde incluso hablan de adecuar los pliegos porque no dan los costos o enfatizan que es necesario evitar que determinados trámites pasen por el área de Asuntos Jurídicos, para evitar las obvias objeciones que iban a recibir.

El fiscal dijo que los chats “evidencian que los funcionarios no solo estaban al tanto, sino que tenían una injerencia real en la Obra Pública”. Por ejemplo, leyó: “José, la verdad de la milanesa es que ambas empresas están pidiendo que la apertura del Materno de Gallegos se haga el 25 de junio”, le informa Abel Fatala a López el 10 de junio de 2015.

Días más tarde, el exsubsecretario de Obra Pública vuelve a comentarle sobre su intercambio con las empresas. “José, estuve reunido por el Hospital de Gallegos por separado por un lado con Esuco y por otro con CPC [la empresa de Cristóbal López]. Ambas plantean que no llegan al presupuesto oficial. La variación de precio del último semestre del año pasado, las paritarias y el nivel de conflicto con la Uocra Gallegos, son algunos de los temas que ponen sobre la mesa. Tengo 3 alternativas para que veas”, le comunica Fatala a López.

“¿Cómo es posible que los funcionarios de esta jerarquía se junten con los empresarios en pleno proceso de licitación? Es insólito”, planteó Luciani.

En los mensajes, vuelven a referirse a Cristina Kirchner, con quien se comunicaban a través de sus secretarios privados: Mariano Cabral, Pablo Barreiro y Diego Bermúdez. “Avisale PTA aprobó crédito Represas. Inician proceso desembolsó. José López”, le envía a Bermúdez. También hay mensajes a su hijo, Máximo Kirchner. López le dice el 30 de julio de 2015: “Encaminado lo de la Viv. De El Calafate y de 28 de Nov. El Miércoles firma los Dos Convenios Nivello. Viaja a los dos lugares”.

Falta de control

Más temprano, el fiscal había advertido cómo se habían neutralizado los organismos de control para evitar interferencias en el otorgamiento de las obras a Báez y cómo se había sometido al Congreso a un “apagón informativo” para que no tuviera detalles de las licitaciones adjudicas al empresario.

“Desde el Poder Ejecutivo se subestimaron los presupuestos, se manejaron a discreción los excedentes y los legisladores nunca tuvieron la posibilidad de controlar para saber lo que estaba pasando realmente con la obra vial de Santa Cruz”, dijo el fiscal, y afirmó: “Lisa y llanamente, les mintieron”.

Luciani dijo que “pese a lo sostenido por Cristina Fernández” en este juicio, el Poder Ejecutivo “monopolizó el manejo” de buena parte de la información sobre el manejo de los fondos públicos y “desconoció” normas que lo obligaban a darle más elementos al Congreso para que pudiera controlar.

“Contrariamente a lo esgrimido por la imputada Fernández, en los hechos, el diseño de las políticas de inversiones en materia vial fue dirigido por el Poder Ejecutivo Nacional”, dijo Luciani para responderle a la vicepresidenta.

En cuanto al rol de quienes fueron jefes de gabinete durante el kirchnerismo -incluido el actual presidente Alberto Fernández y el ministro Sergio Massa-, que firmaron el cambio de destino de los fondos, el fiscal dijo que ellos “han modificado los presupuestos aprobados por el Congreso a instancias del ministerio de Planificación Federal de Julio de Vido”, que es uno de los acusados de haber integrado la asociación ilícita. Los exjefes de gabinete no fueron imputados por el Ministerio Público Fiscal y no están siendo juzgados en este caso. Fernández declaró como testigo en la causa.

Luciani destacó un “informe demoledor” de la Auditoría General de la Nación (AGN) “sobre las metas y los controles” en las obras viales, que el gobierno de Cristina Kirchner desoyó.

Mola, se refirió a los controles de los órganos de la provincia, desarmados. “En vez de auditar lo que pasaba en la obra pública se dedicaban a controlar cosas muy menores; gastos de farmacia, de librería. No se controló absolutamente nada”, dijo. “Cuestionaban licitaciones de 80.000 pesos, 60.000 pesos y no se inmutaban con las obras de 600 millones de pesos que se adjudicaban en menos de 20 días”, sostuvo. “Del universo elegible que tenían para auditar, lo que hicieron fue, en los hechos, no auditar nada.”

“Hubo una ceguera intencional para aparentar un control que no existió. Cerraron los ojos”, afirmó el fiscal.

También destacó el rol que debió haber ejercido la Sigen (máximo organismo de control interno de la Nación) sobre la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y el Ministerio de Planificación Federal. Y remarcó que la esposa de De Vido, Alessandra Minnicelli, fue nombrada como “una de las cabezas” de ese organismo, pese a que el ministerio que controlaba su marido era “uno de los puntos más sensibles y riesgosos” dentro del Gobierno “en lo que hace a corrupción”.

El fiscal también apuntó contra el rol de la Unidad Información Financiera (UIF) tras los informes pedidos por Javier Iguacel en 2016. “Se auditaron otras cosas que nada tenían que ver con la legalidad de las licitaciones y con la correcta ejecución de los contratos”, afirmó. Mola trazó una diferencia con la AGN y consideró que “dio las alertas necesarias”.

Mola continuó con su enumeración sobre la falta de controles. “Desde la IGJ se otorgó cobertura a esta sociedad, pese a que había múltiples denuncias públicas que debieron generar la intervención”, apuntó. “Los órganos de control se encontraban absolutamente parasitados por la acción de los miembros de la organización. Contrariamente, cuando los controles y las alertas funcionaron, como en el caso de la AFIP, lo que sucedió es que los miembros de la sociedad ilícita neutralizaron la investigación”, dijo el fiscal.

En esa línea, señaló que hubo normas hechas “a medida” para que no se descubriera “el entramado delictivo”. Se refirió a una resolución de la AFIP, a cargo de Ricardo Echegaray en ese momento, gracias a la cual, según Mola, se frenaban investigaciones mediante el cambio de domicilio de la sociedad. “En la práctica, con un mero cambio de domicilio apartaban a los funcionarios intervinientes y podían escoger a quiénes querían que trataran su caso”, relato.

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