Detenida hace un año, la expresidenta boliviana Jeanine Añez inició una huelga de hambre contra “los machos” del poder

A un día del inicio de un juicio en su contra, la expresidenta boliviana Jeanine Añez inició una huelga de hambre en el penal de Miraflores, donde cumple prisión preventiva desde hace casi un año. Desde la cárcel, rechazó el proceso y acusó al Gobierno boliviano de “controlar” a la Justicia.

Carolina Ribera, hija de la exmandataria, comunicó la decisión en el programa radiofónico del diario ‘El Deber’, donde, entre lágrimas, leyó una carta que escribió Añez. “Tomó una de las decisiones más duras de mi vida, ingresó en una huelga de hambre”, manifestó Rivera.

En la carta, Añez lanzó fuertes cuestionamientos contra el Gobierno de ese país. “Estoy desesperada de ver un país sin justicia, ni ley. Que la comunidad internacional entienda que la justicia es de Evo Morales y Luis Arce. Estoy enferma, pero mis últimas fuerzas serán para demostrar que estos hombres, machos del poder, no podrán ocultar de la historia el fraude que cometieron”.

La carta se conoció en la previa al inicio del juicio en su contra denominado “Golpe de Estado II”, por el que está acusada de haber actuado en contra de la Constitución al proclamarse presidenta. Añez asumió el poder en 2019 después de la crisis que detonó un estallido social con 37 muertos y precipitó la renuncia de Evo Morales (2006-2019). Desde el oficialista MAS le cuestionan, en ese sentido, haber jurado sin el respaldo legislativo necesario.

La expresidenta boliviana tiene varios casos abiertos. En el caso ‘Golpe de Estado II’, Añez está imputada por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes por haber asumido la Presidencia “sin cumplir los procedimientos”, según la Fiscalía. También está acusada de terrorismo, conspiración y sedición en el marco del caso ‘Golpe de Estado I’.

Frente al avance judicial, la hija de Añez aseguró que la medida de su madre será hasta las “últimas consecuencias”. “Dios quiera que las autoridades, tanto de justicia como el gobierno, se pongan una mano al pecho y vean que primero hay que priorizar la vida de una mujer, de una madre, dejando a un lado la política y la venganza”, agregó.

Según manifestó Ribera, su madre está “resignada” a que la Justicia boliviana la condene, ya que “no hay poder humano que pueda hacer algo para evitarlo”. A su vez, señaló que el proceso contra Áñez es “irregular”. Sostuvo que hubo al menos 16 “irregularidades”, como por ejemplo no haber notificado a los más de 40 testigos que presentó la defensa de la expresidenta.

Por su parte, según trascendió, la expresidenta convocó a una manifestación para respaldar a presos y perseguidos políticos para este jueves a las 8.30 (hora local) frente al Tribunal Anticorrupción en La Paz. “Nos están robado la libertad (desde) hace 333 días, sin delitos, sin pruebas, sin debido procesos, sin garantías y sin justicia”, expuso a través de su cuenta en la red social Twitter, desde donde convocó la protesta.

Añez fue detenida en marzo de 2021. A los pocos meses, intentó suicidarse, según informó el gobierno de Luis Arce. En agosto, las autoridades de ese país indicaron que se provocó lesiones en el brazo, aunque fueron superficiales y más tarde se detalló que no representaban un riesgo para su vida.

“Debido proceso”

La situación de Añez ha expuesto en más de una oportunidad al gobierno de Luis Arce, que busca despegarse de las controversias que genera que la exmandateria esté encarcelada. El mandatario respaldado por Evo Morales ha reiterado que su gobierno busca que se haga justicia, frente a los reclamos de distintos puntos de la región.

En concreto, 21 expresidentes de América Latina señalaron que la exgobernante tiene derecho a gozar de un juicio en libertad y a un debido proceso.

Un grupo de expertos internacionales que investigó los hechos de 2019 concluyó que la responsabilidad de la crisis y de las muertes recae en los gobiernos de Morales y Áñez y reclamó una reforma pronta para evitar que el Poder Judicial y la Fiscalía sigan siendo usados por el poder político con fines de “persecución”.

Con información de AP y Europa Press

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