Cuatro beneficiarias del planes sociales que trabajaban en los comedores del Polo Obrero fueron indagadas en la causa por fraude al Estado

Cuatro beneficiarias de planes sociales que trabajaban en uno de los comedores comunitarios que manejaba el Polo Obrero fueron indagadas este martes en la causa que tiene como principal implicado al dirigente Eduardo Belliboni. Se investiga en este expediente la presunta administración fraudulenta de fondos que la organización recibió del Estado como parte del plan Potenciar Trabajo mediante el desvío de dinero y la producción de facturas apócrifas.

Las mujeres que declararon ante el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Gerardo Pollicita integran la organización Polo Obrero y son Dina Patricia Iramain, Brisa Noelia Paucara Choque, Elizabeth Galindo Mamani y Cynthia Delgado Vilches. Según supo este medio, las primeras tres eran beneficiarias del plan Potenciar Trabajo. Esto significa, de acuerdo a la hipótesis que tienen en sus manos los funcionarios judiciales a cargo del caso, que se encontraban en lo más bajo del escalafón. De hecho, supo este medio, vivían en condiciones de extrema vulnerabilidad.

Iramain, Paucara Choque y Mamani son representadas en el expediente por el defensor oficial Martín Hermida. Según reconstruyó LA NACION, Iramain y Paucara Choque se negaron a responder preguntas, pero sí hicieron un repaso a lo largo de sus declaraciones de cómo llegaron a vincularse a la organización y al comedor social al que asisten

Mamani, en cambio, declaró y respondió preguntas de los funcionarios judiciales. Dijo que para poder percibir el plan Potenciar Trabajo debió afiliarse al Polo Obrero, cobrar las cápitas y llevar gente a las protestas callejeras de la agrupación.

Por encima de ellas, en la cadena de responsabilidades trazada hasta ahora por la justicia, se encuentran las “cuadrillas o esenciales”, los “delegados”, los “referentes”, y, encima de todos ellos, el “líder piquetero”, en este caso Belliboni. Otro de los nombres relevantes para la justicia es el de Jeremías Cantero, quien coordinaba varios comedores.

Las imputadas trabajan en el comedor Rivadavia I, ubicado en Camilo Torres 2066, en la Capital Federal. En ese comedor, que fue allanado el mes pasado, las autoridades judiciales encontraron información sobre movilizaciones además de cuadernillos con la rendición de asistencias y otro con detalles de sanciones.

Cynthia Delgado Vilches, otra de las mujeres indagadas este martes, tiene un equipo de defensa distinto y estuvo respaldada por el propio Belliboni, quien asistió a los tribunales federales de Comodoro Py.

Según la información que tiene la justicia federal, en el período entre junio de 2020 y diciembre de 2022, el Polo Obrero y la Cooperativa El Resplandor Ltda. suscribieron un total de cinco convenios con la Secretaría de Economía Social, entonces a cargo de Emilio Pérsico, tras constituirse como Unidades de Gestión y/o Certificación. Recibieron un total de $361.087.500 en concepto de subsidio institucional y asumieron las obligaciones tanto de generación de las actividades antes detalladas y la rendición de los gastos comprometidos, como de certificación del cumplimiento de trabajo por parte de los beneficiarios del programa.

Una de los hechos bajo investigación es que con gran parte del dinero recibido en concepto de subsidio como Unidad de Gestión para la ejecución del Plan Potenciar Trabajo la organización Polo Obrero habría financiado sus actividades partidarias, tales como gastos corrientes de la agrupación, actividades de prensa, militancia y campaña electoral.

Belliboni, que deberá presentarse a declarar el 25 de junio, a las 9, integra una lista de citados a indagatoria que son, en total, 23. La nómina está formada además por otros dirigentes del Polo Obrero y dos grupos de personas asociadas bajo la Cooperativa Agustín Tosco y la Asociación Civil Caminos de Tiza. En el caso de estas dos últimas agrupaciones, las indagatorias no incluyen la sospecha de la administración fraudulenta de los fondos, pero sí de extorsión y amenazas a los beneficiarios de planes.

Una arista de la investigación es el desvío de los fondos. Otra es la presunta extorsión a los beneficiarios de los planes sociales. Y otra es la producción de facturas apócrifas para presentar en concepto de rendición de gastos al Estado, que habrían sido emitidas por empresas que se encuentran bajo sospecha de la AFIP.

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