Caso Cuadernos: la UIF recusó a los tres camaristas de Casación que fallaron a favor de Angelo Calcaterra

La Unidad de Información Financiera (UIF), organismo antilavado de dinero que depende del Poder Ejecutivo, recusó hoy a los tres camaristas de Casación que fallaron a favor del empresario Angelo Calcaterra cuando sostuvieron que no había pagado un soborno sino un “aporte de campaña” no declarado y lo sacaron del caso de “los cuadernos de las coimas”.

Contra ese fallo de la Casación, el fiscal de Cámara Raúl Pleé presentó un pedido de nulidad, al que adhirió la UIF. Lo que pidió hoy la unidad antilavado es que ese planteo de nulidad sea resuelto por otros jueces y no por los tres camaristas que fueron los autores del fallo que se pretende dejar sin efecto: Diego Barroetaveña, Carlos Mahiques y Daniel Petrone.

El argumento de la UIF fue el “temor de parcialidad”. En su planteo, el organismo sostuvo: “El caso presenta elementos objetivos que han infundido a esta parte, razonablemente, la duda sobre la imparcialidad de los magistrados que debe pronunciarse acerca del planteo de nulidad efectuado por el representante del Ministerio Público Fiscal, al que adherimos oportunamente”.

“Entendemos -insistió la UIF- que existen suficientes puntos de sustento objetivos para albergar razonables temores acerca de la afectación a la garantía de imparcialidad de los jueces.”

Pleé pidió la nulidad del fallo basado en que la Cámara de Casación resolvió sacar a Calcaterra del caso sin haberle dado intervención a la UIF para que opinara. El organismo, que había adherido a ese planteo de Pleé, dijo hoy que se violó el debido proceso porque no se le dio a la UIF “oportunidad de alegar y ser oída con anterioridad al dictado de un pronunciamiento que va en contra de los intereses del organismo” (que es que el proceso avance y Calcaterra vaya a juicio por presunto cohecho).

La UIF sostuvo que tiene “motivos razonables para sospechar” que está en riesgo su derecho a ser oída por un tribunal imparcial “si la nulidad fuera resuelta por los mismos jueces que entendieron en la resolución contra la cual se formuló”. Destacó que el argumento para pedir la nulidad fue “una deficiente gestión” del propio tribunal, que omitió oírla antes de decidir.

“Naturalmente su intervención en el planteo de nulidad importa la emisión de un juicio sobre su propio actuar, el del personal a su cargo y sobre el modo en que se llevó a cabo el trabajo en su Sala”, destacó la UIF. Consideró que eso “puede afectar la adecuada resolución del planteo”.

“Está claro que los magistrados, ante la postulada nulidad deben ponderar no sólo la afectación del derecho de esta parte sino también la corrección formal del propio actuar y el de sus equipos de trabajo. En ese sentido, el interés por demostrar la corrección del trabajo realizado naturalmente colisiona con la objetividad con la que se debe ponderar el planteo de invalidez”, afirmó la UIF.

El organismo sostuvo además que los camaristas incurrieron en “serias extralimitaciones” cuando fallaron a favor de Calcaterra. En primer lugar, porque no les correspondía a ellos decidir si el caso debía pasar o no a la justicia electoral porque era algo que solo la Corte podía resolver; en segundo lugar, porque cuando dijeron que los pagos de Calcaterra eran aportes de campaña no declarados “han emitido una opinión sobre el fondo del asunto que deben resolver”.

Según la UIF, los camaristas hicieron “una valoración de los hechos y la prueba que debía ser hecha en la instancia de juicio y por el Tribunal Oral”.

“Este accionar de la Cámara, de trascender los límites de competencia en más de un sentido y arrogarse facultades que corresponden a otro tribunal, hace sospechar fundadamente -dijo la UIF- de la parcialidad [del tribunal].”

La UIF citó entre sus argumentos el fallo del tribunal oral del caso cuadernos, que la semana pasada criticó con dureza la decisión de la Casación que favoreció a Calcaterra.

La UIF hizo referencia a la trascendencia que tomó el caso y dijo que “el juez o tribunal además de ser imparcial, debe ofrecer objetivamente dicha imagen frente a la opinión pública”.

“El hecho de que se investiguen presuntos graves delitos de corrupción, que habrían sido cometidos desde las más altas esferas de la función pública y por importantes figuras del empresariado argentino, obligan a adoptar la mayor de las seguridades”, dijo la UIF.

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