Avanzan en la Justicia por lo menos cuatro causas que involucran a Capital Humano
El megaministerio que conduce Pettovello es denunciado, pero también denunciante; los jueces ahondan en la falta de reparto de comida, en las contrataciones de personal y en las irregularidades en el Plan Potenciar Trabajo
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LA NACION
La Justicia ya tiene en sus manos al menos cuatro expedientes en los que investiga supuestas irregularidades en el reparto de alimentos a comedores por parte del Ministerio de Capital Humano, maniobras de fraude y extorsión por parte de piqueteros a beneficiarios de planes sociales y contrataciones irregulares en el área de minoridad de la cartera que está bajo la órbita de Sandra Pettovello.
El Gobierno es denunciante en dos de las causas y denunciado o demandado en las otras dos restantes. Los expedientes se agilizaron hace un mes, el 13 de mayo pasado, cunado fueron allanadas más de 20 casas y cooperativas de dirigentes piqueteros, pero desde entonces Capital Humano es objeto de cuestionamientos por ineficiencia, mala praxis y desprolijidades.
El primer caso que tiene al Gobierno como denunciante se inició por la llamadas anónimas recibidas en una línea del Ministerio de Seguridad, abierta por Patricia Bullrich, para recibir denuncias de personas a los que obligaban a concurrir a las marchas para asignarles planes sociales. Se recibieron más de 10.000 llamadas desde fin del año pasado. De esas, quedaron unas siete personas identificadas que estuvieron dispuestas a declarar para explicar las maniobras de las que fueron víctimas. Así, el fiscal Gerardo Pollicita y el juez Sebastián Casanello avanzaron sobre esos casos.
Descubrieron que era moneda habitual que se castigara a los beneficiarios del Plan Potenciar Trabajo que no iban a las marchas del Polo Obrero, se les impedía acudir al comedor comunitario, o no se les permitía vender alimentos que recibían del Estado. Se descubrió que había varios estratos de dirigentes piqueteros, que iban desde los aspirantes a planeros a los que cobraban más de un plan social.
Los WhatsApp de los dirigentes a los beneficiarios presionándolos y impidiéndoles acceder a los beneficios son al evidencia de estas prácticas que alcanzan a punteros del Polo Obrero, Frente de Organización en Lucha (FOL) y Barrios de Pie. Pero la Justicia fue más allá y encontró además evidencias de desvío de fondos, lo que implica el delito de fraude. De los 113 millones de pesos recibidos por el Polo Obrero del exministerio de Desarrollo Social, 25 millones de pesos fueron desviados a la imprenta Rumbos y a la empresa Coxtex S.A.
Esta última firma fue identificada como una empresa creada exclusivamente para generar facturas falsas. Esta compañía emitió recibos apócrifos por $5 millones a favor del Polo Obrero, los cuales, según la investigación, se ocultaron en otras tres empresas fantasmas.
La imprenta Rumbos, que recibió $20 millones del Polo Obrero, también está siendo investigada. La Cámara Nacional Electoral confirmó que esta imprenta aportó $18 millones para las campañas electorales e institucionales del Partido Obrero entre 2020 y 2023. Los investigadores creen que parte del dinero desviado financió al Partido Obrero, que compite en las elecciones dentro del Frente de Izquierda.
Por eso, el juez Casanello citó a prestar declaración indagatoria por fraude a Eduardo Beliboni, el líder de la agrupación, ante la sospecha de que el fraude era para financiar de manera ilegal la actividad política.
El juez citó a Dina Patricia Iramain, Brisa Noelia Paucara Choque, Elizabeth Galindo Mamani y Cynthia Delgado Vilches para el 11 de junio; a Gloria Paraguay Estrada, Rossmery Grande Arancibia, Mercedes Fossat y María Cecilia Cowper para el 12 de junio; a Carlos Fernández Kostiuk, Manuel Alonso y Lorenzo Martelli para el 13 de junio; a Jeremías Cantero, Gianna Puppo, Iván Ezequiel Candotti y Gustavo Guillermo Vásquez para el 18 de junio y a Mariano Alejandro Centanni, Erika Lubenfeld, Ezequiel Coego y Elizabeth del Carmen Palma para el 19 de junio. La ronda termina con la citación a Eduardo Silvio Belliboni, María Isolda Dotti, Iván Ortiz y Roberto Adrián Albornoz para el 25 de junio.
En paralelo a este escándalo, estalló otro que esta vez puso al Ministerio de Capital Humano no como denunciante, sino como denunciado. El dirigente social Juan Grabois denunció que el Gobierno retenía los alimentos que estaban destinados a ser repartidos entre los comedores populares.
También intervino el juez Casanello, pero que delegó la causa en manos de la fiscal Paloma Ochoa. La fiscal dictaminó en una medida cautelar, que el juez debía ordenar al Gobierno entregar la comida que tenía almacenada en dos depósitos en Villa Martelli y en Tafi Viejo, Tucumán.
Pero Casanello rechazó el pedido de la fiscal y en cambio le ordenó al Gobierno que presentara un plan de reparto de esos alimentos de manera paulatina, que informara el stock completo de los alimentos acumulados y que aportara los expedientes de cada una de las compras. El Ministerio de Capital Humano se indignó. Desoyó la orden judicial, y la apeló.
Tras una escandalosa audiencia en la Cámara Federal, donde la abogada del ministerio Leila Gianni se cruzó a los gritos con Grabois, el tribunal decidió darle la razón a Casanello y obligó a que el Gobierno presentara el plan de reparto de alimentos. Finalmente, el Gobierno lo hizo la noche del jueves y dispuso repartir la leche y el resto de la comida en escuelas de bajos recursos y a través de la red de la Fundación Conin.
En su escrito dijo que la Justicia la obligaba a repartir esa comida que señaló tenía comprada para enfrentar catástrofes. Lo que luce contradictorio ya que estaban por vencer.
A todo esto la investigación de la fiscal Ochoa y la inspección que dispuso Casanello en los depósitos permitieron establecer que había leche en polvo que vencía el mes que viene, y que había faltantes, e inconsistencias entre lo que declaró el Gobierno en existencia y lo que había realmente en los depósitos.
Ademas de este incumplimiento, el Gobierno está en falta aún ya que Casanello le pidió los expedientes de compra de la comida, para hacer la trazabilidad de cada lote, pero la información aún no llegó de manera completa a los tribunales.
En paralelo, el juez en lo Contencioso Administrativo Federal Walter Lara Correa dispuso que otra causa iniciada por la Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) contra el Ministerio de Capital Humano sea tramitada como un amparo colectivo. Ordenó que se compulse si existen procesos similares en el Registro Público de Procesos Colectivos de la Corte Suprema.
Contratación de personal por la OEI
El cuarto expediente también está en Comodoro Py y fue iniciada por el Ministerio de Capital Humano pero puede convertirse en un boomerang y de denunciante puede terminar en denunciado. Este caso fue abierto por la cartera de Sandra Pettovello cuando arreciaban la críticas por su gestión de los alimentos en los comedores comunitarios y casi una causa tapó a la otra.
Con un escrito de Leila Gianni, el ministerio denunció que un exfuncionario, Pablo de la Torre, que estaba a cargo de la secretaría de Niñez, se valió de un mecanismo de contratación de empleados mediante la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) una entidad internacional que financia proyectos en diversos países.
Esta causa que aparece como un contrataque, cayó en el juzgado de Ariel Lijo. El magistrado es candidato del Gobierno a la Corte por lo que delegó la investigación en el fiscal Ramiro Gonzalez. El funcionario pidió informes al Gobierno sobre la cantidad de contratos, los montos involucrados y ordenó que declare el representante legal de la OEI.
Sin embargo, el Gobierno aún no completó esa información que el fiscal pidió que le envíen de manera urgente. La denuncia menciona que se usaban estos programas internacionales, adecuados para financiar consultorías, o capacitaciones, para pagar sueldos corrientes o sobresueldos, cuando en el inicio de la gestión estaban trabados los nombramientos en el Estado.
La denuncia está basada en los testimonios de un subordinado de De la Torre, Federico Fernández, quien, según declaró Leila Gianni el martes pasado en Comodoro Py, narró cómo funcionaba el esquema de contrataciones. Pero la declaración de la subsecretaria legal de Pettovello todavía no tiene sustento en la prueba documental que el fiscal pidió.
El fiscal citó a declaración testimonial para esta semana al subsecretario de Gestión Administrativa en Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, Alejandro Schiavi, y al representante legal de la Organización de Estado Iberoamericanos. Se sigue reuniendo la prueba, pero nadie apuesta a que la causa termine en De la Torre.
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