Apelación tardía: piden indagar a cinco abogados del Estado por facilitar una cesión de tierras a mapuches
Lo requirió el fiscal Stornelli, en una causa iniciada por diputados de la oposición; sostiene que no hubo negligencia, sino “una conducta delictiva” y responsabiliza a letrados del Ministerio de Defensa, de la Procuración del Tesoro y del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas
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LA NACION
El fiscal federal Carlos Stornelli pidió la indagatoria de tres abogados del Ministerio de Defensa, una de la Procuración del Tesoro y uno del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), por considerarlos responsables de la presentación de una apelación fuera de término contra la sentencia judicial que reconoció el reclamo de una comunidad mapuche por la propiedad de tierras que tenía el Ejército en Bariloche.
El terreno que perdería el Estado por esa “conducta desaprensiva” de los letrados comprende 180 hectáreas reivindicadas por la comunidad Millalonco Ranquehue, en el predio de la Escuela Militar de Montaña de Bariloche. Ante la frustrada apelación, presentada una vez que el plazo de 48 horas había vencido por la abogada Silvia Cristina Vázquez, en ese momento delegada de la Procuración del Tesoro en Bariloche), quedó firme la orden judicial para que el Ministerio de Defensa le transfiera en 60 días el título de propiedad al grupo mapuche.
La denuncia -por violación de los deberes de funcionario público y prevaricato- fue presentada por los diputados nacionales Alberto Asseff, Gerardo Milman, Francisco Sánchez, Hernán Lombardi Laura Elena Rodríguerz Machado, Fernando Iglesias y Ricardo López Murphy (todos de Juntos por el Cambio), entre otros. Y recayó en el juzgado federal de Daniel Rafecas. La demora en la apelación ya había motivado un allanamiento judicial en el Ministerio de Defensa y en el Estado Mayor General del Ejército.
En su dictamen, Stornelli señala que, lejos de tratarse de “una simple negligencia profesional”, hay elementos para sospechar que las demoras de los abogados formaron parte de un “concierto delictivo” y manifiesta su sorpresa por la “tamaña despreocupación o des aprensión en la tutela de bienes jurídicos de semejante envergadura”.
Para fundamentarlo, detalla las comunicaciones que tuvieron los abogados intervinientes en esas 48 horas decisivas, en la que deliberan sobre las directivas en favor de presentar o no presentar la apelación.
Además de Vázquez, que forma parte del plantel de abogados del organismo que conduce el kirchnerista Carlos Zannini, los abogados señalados por Stornelli para que declaren en una indagatoria son Julián Celso Fernández Duarte, director de Asuntos Jurídicos del INAI; Leonardo Gastón Havela, director de Asuntos Judiciales del Ministerio de Defensa; Agustín Gasparini, director general de Asuntos Jurídicos de esa cartera y Nicolás Rodríguez Vaccarezza, integrante del cuerpo de abogados de ese ministerio.
“Es alentador que, en medio de la alarma que se extiende en la región de Bariloche, la Justicia Federal de la Capital diga presente. En Buenos Aires se dieron u omitieron las instrucciones y es en esa jurisdicción donde hay que actuar”, dijo el diputado Asseff, al sostener que esta investigación se lleve adelante en los tribunales de Comodoro Py.
Las 48 horas decisivas
En el dictamen se indica que la decisión judicial que le otorgaba el predio a la comunidad Millalonco Ranquehue fue notificada a la doctora Vázquez, en repesentación del Ministerio de Defensa, el 2 de febrero, a las 12.11 del mediodía. Cincuenta minutos después, a las 12.59, la letrada puso en conocimiento de la sentencia al doctor Rodríguez Vaccarezza, de la Dirección de Asuntos Judiciales del Ministerio de Defensa, con la leyenda “Aguardo instrucciones”. El mensaje fue leído a las15.15 del mismo día.
El plazo para contestar era de 48 horas, por lo que al día siguiente, a las 13.26, le advierte en otra comunicación sobre el vencimiento del plazo. Rodríguez Vaccarezza le contesta a las 14.01, diciéndole que no le respondía porque estaba “en conversaciones” con sus superiores, a los efectos de recibir instrucciones y le adelantaba que “aparentemente la resolución no sería apelada”.
El mismo 3 de febrero, a las 16.27, Vázquez insiste y destaca que “el tema salió en la tapa de los diarios y es muy sensible en Bariloche”, a lo que Rodríguez Vaccarezza le responde que la noticia “ya tomó estado a nivel nacional” y que “seguramente” la apelación la haría el INAI.
Al día siguiente, a las 12, once minutos antes de expirar el plazo, Rodríguez Vaccarezza le indicó a la abogada de la Procuración: “Recién me llamó el director de Asuntos Jurídicos del ministerio, a pedido del Ejército: quiere que apelemos la sentencia. Le pido que esté atenta, ya que en algún momento del día o inclusive en el fin de semana le voy a enviar la apelación”. Y le agrega: “Tenemos las dos primeras del lunes”, en alusión al plazo de gracia con el que cuentan las presentaciones judiciales después del vencimiento del plazo.
Finalmente, el recurso de apelación fue presentado por la doctora Vázquez el 6 de febrero, a las 20.25, no en representación del Ministerio de Defensa, sino del Ejército.
Por otra parte, entre otra documentación, Stornelli aporta una nota del doctor Havela, director de Asuntos Judiciales de Defensa, dirigida al Ejército, secuestrada en el allanamiento realizado por su fiscalía el 13 de mayo. Fechada el 4 de febrero, a las 15.09 -ya expirado el plazo para apelar-, remite la sentencia “a efectos de tomar la correspondiente intervención”.
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