En un giro histórico, la Corte Suprema de Estados Unidos revocó la protección al derecho al aborto

WASHINGTON.- En un giro histórico que transformará a Estados Unidos, la Corte Suprema eliminó la protección constitucional que el tribunal había otorgado hace casi medio siglo a las mujeres para acceder a un aborto, una decisión de enorme impacto político que cambiará la vida en el país, al abrir la puerta para que los estados más conservadores restrinjan o directamente eliminen por completo la posibilidad de interrumpir un embarazo.

La Corte, dominada por una mayoría de seis jueces conservadores que se terminó de formar durante la presidencia de Donald Trump, revocó el fallo Roe vs. Wade, de 1973, al dictaminar a favor de una ley que restringió el aborto en Mississippi, una decisión que culminó con una pulida ofensiva política y legal desplegada durante las últimas décadas por la derecha para conseguir el histórico cambio en la legislación del país.

“Es un día triste para la Corte y para el país”, dijo el presidente, Joe Biden, al brindar un discurso en la Casa Blanca poco después de conocida la decisión, que fue celebrada por los republicanos y denostada por los demócratas.

“La salud y la vida de las mujeres están ahora en peligro”, afirmó.

Con su nuevo fallo, la Corte Suprema imprimirá uno de los cambios más radicales de su historia en el día a día del país, y desatará un verdadero tsunami político y social al imponer la impronta conservadora del tribunal en una de las discusiones más sensibles, candentes y divisivas en el país. La decisión del tribunal –un triunfo para la derecha y el movimiento pro-vida, y una derrota para la izquierda y el feminismo– coloca a Estados Unidos a contramano del mundo, y, sobre todo, de las naciones desarrolladas, que en las últimas décadas se ha movido hacia la legalización del aborto y la ampliación de derechos.

Biden advirtió además que la decisión puede llegar a abrir la puerta a que se toquen otros derechos, como el acceso a métodos anticonceptivos o el matrimonio gay, y dijo que la Corte había puesto a Estados Unidos en un “sendero extremo y peligroso”.

“Roe estaba terriblemente equivocado desde el principio. Su razonamiento fue excepcionalmente débil y la decisión ha tenido consecuencias perjudiciales. Y lejos de lograr un acuerdo nacional sobre el tema del aborto, Roe y Casey han inflamado el debate y profundizado la división”, escribió el juez, Samuel Alito, uno de los cinco jueces que votó a favor de la revocación de “Roe vs. Wade”, en la opinión de la mayoría, que el sitio Politico había anticipado a principios de mayo, en una filtración sin precedentes. El presidente del tribunal, John Roberts, se opuso junto con los tres jueces liberales. Los tres jueces nombrados por Trump votaron a favor de la revocación.

“Es hora de hacer caso a la constitución, y devolver el tema del aborto a los representantes electos del pueblo”, indicó Alito en su opinión.

Estados Unidos se preparaba desde hace tiempo para una posible eliminación de la protección constitucional que brindó Roe vs. Wade, un giro perseguido durante décadas por el Partido Republicano, los conservadores y los evangélicos, que la izquierda, el Partido Demócrata, el gobierno de Joe Biden, y activistas y organizaciones a favor de los derechos humanos y civiles intentaron por todos los medios –y sin éxito– impedir.

Con el cambio en la jurisprudencia que marcó la Corte, el derecho al aborto queda ahora en manos de los estados, una nueva realidad legal que, en los hechos, fractura a Estados Unidos en dos.

Los tres jueces liberales del tribunal reconocieron en su opinión, marcando su disenso, que varios estados del país se moverán con agilidad para restringir el derecho de las mujeres a interrumpir sus embarazos.

“Cualquiera que sea el alcance exacto de las próximas leyes, un resultado de la decisión de hoy es seguro: la reducción de los derechos de las mujeres y de su condición de ciudadanas libres e iguales”, escribieron en un disenso conjunto.

Impacto

Aunque el aborto históricamente ha divido a los norteamericanos, el país se ha movido en los últimos años marcadamente a favor de la legalización. Una amplia mayoría considera que la interrupción voluntaria de un embarazo debe ser legal, ya sea bajo cualquier circunstancia, o en casos específicos, cuando está en peligro la salud de la madre, o el embarazo es producto de una violación o incesto, según coinciden en señalar las encuestas. Sólo un 13% de los norteamericanos cree que el aborto debe ser ilegal bajo cualquier circunstancia, según Gallup. Un 55% del país se considera “pro-elección”, y un 39%, “pro-vida”. Las restricciones al aborto tienen un respaldo más alto entre los republicanos.

Al poner fin a la protección constitucional federal del derecho al aborto, la Corte delegó la facultad de permitirlo o prohibirlo a cada estado, un cambio radical que devolverá a Estados Unidos al escenario que existía antes de 1973, y lo partirá en dos.

Al menos 13 estados tienen leyes “gatillo” que, sin la protección federal, se moverán de inmediato para restringir al máximo el aborto: Arkansas, Idaho, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah y Wyoming. Otros estados tienen iniciativas en carpeta para prohibir o restringir severamente el acceso al aborto, incluso en casos de violación o incesto.

Los estados costeros demócratas, por el contrario, se preparan para moverse en la dirección opuesta, arraigando o ampliando el derecho a abortar. La anulación de Roe vs. Wade llevará casi de inmediato a límites más estrictos en el acceso al aborto en grandes franjas del sur y el medio oeste del país, y afectará, sobre todo, a las mujeres pobres y de las minorías latinas y afroamericanas, las más relegadas, y con menos posibilidades de moverse de un estado a otro en caso de que quieran acceder a un aborto legal.

El impacto del fallo comenzó a verse apenas se conoció la noticia. Louisiana implementó una ley, firmada días atrás por el gobernador, que prohíbe el aborto desde la “implantación” sin excepciones por incesto o violación, y penaliza a los médicos que realicen el procedimiento con hasta diez años de cárcel, o una multa de 100.000 dólares. Horas después de conocido el fallo, nueve estados –Alabama, Arkansas, Kentucky, Louisiana, Missouri, Oklahoma, Dakota del Sur, Texas y Utah– ya habían implementado sus leyes.

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