El plan Menstruar y los desvaríos institucionales
En vez de velar porque todos los ciudadanos cuenten con ingresos dignos para tener la libertad de autoabastecerse, el Gobierno sigue militando el absurdo
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La justicia argentina contabiliza un femicidio cada 35 horas. En la Argentina, en lo que va del año, hubo más de 252 víctimas de ese delito, lo que confirma que la tarea de prevención que debería realizar el cuestionado Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad se encuentra lejos de dar los resultados esperados.
Sin temor a equivocarnos, podríamos suponer que estas funcionarias están más ocupadas por estos días en asistir de otras formas ciertamente menos urgentes a las mujeres que, gracias a un simplificador trabajo de rediseño ideológico, han pasado a ser “personas menstruantes”.
El ministerio a cargo de Ayelén Mazzina presentó días atrás el programa nacional Menstruar, dirigido a garantizar el acceso igualitario a insumos para quienes transitan ese proceso fisiológico. Se trata de un universo de unas 12 millones de niñas, adolescentes y mujeres adultas –incluidas mujeres en transición de género y personas no binarias– que, como en tantos otros aspectos, padecen una desigualdad ligada principalmente a sus posibilidades económicas para acceder a los productos de higiene menstrual. Este nuevo plan de gestión estatal fue presentado como “una política integral que acompaña y asesora a gobiernos locales para el fortalecimiento de los programas que llevan adelante” en esta materia.
La iniciativa propone entregar copas menstruales a municipios de todo el país y promover el cuidado ambiental mediante el uso de productos reutilizables y, por tanto, sustentables. Además, prevé la capacitación a agentes territoriales en educación sexual comunitaria para quienes accedan a esos productos.
Durante el anuncio oficial, la ministra Mazzina afirmó que “menstruar es un acto político”. Más allá de que podría pensarse que se salteó biología y anatomía como materias de estudio, esa definición suena a tremendo disparate.
No conforme con politizar acciones fuera de toda lógica, apoyó su discurso en los resultados de un informe respecto de que las dificultades económicas –de las que una vez más el actual gobierno no se hace cargo– ha obligado al “43% de las mujeres y personas gestantes” a modificar sus hábitos en el uso de los productos en cuestión. En otro ejemplo de la liviandad e ignorancia con la que se tratan estos temas en la órbita de un ministerio definitivamente dedicado a fomentar políticas rentables para sus integrantes o para sus amigos proveedores de insumos varios, olvidó que tal vez podría estar dañando con sus expresiones supuestamente inclusivas –más allá de la realidad que imponen los nuevos géneros reconocidos– a muchas mujeres que por infinidad de razones no pueden o no podrán gestar por más que menstrúen.
El nivel de vergonzosa provocación que alcanzan muchos de nuestros funcionarios parece no encontrar límites. Cerrar el Ministerio de la Mujer no sería un acto político, sino un acto de sensatez y de justicia
La Unidad de Gabinete de Asesoras del Ministerio sumó su aporte al citar un estudio de Unicef, según el cual “el gasto que tiene un hogar por menstruar equivale a casi una Asignación Universal por Hijo”, es decir, al equivalente de otro supuesto “beneficio” que reciben muchas familias sumidas en la pobreza. De tener un trabajo digno, no necesitarían ni de dádivas ni de “subdádivas” derivadas de aquella carencia originaria. Hace mucho tiempo ya que la dignididad de obtener una paga por una tarea viene siendo reemplazada por parches con aires de presunta igualdad en el ejercicio de derechos humanos vitales que terminan siendo claramente cercenados.
El Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa) reporta que el 12% de las mujeres en América Latina no puede permitirse adquirir productos de higiene menstrual. Estudios realizados por #MenstruAcción y EcoFeminita en marzo de este año dieron cuenta de un gasto anual por este concepto superior a los 10.915 pesos. Según cálculos del Foro de Justicia Menstrual, esa erogación equivale al 44% de la Canasta Básica Alimentaria.
Pensar que en un país como el nuestro, que no puede combatir la pobreza que jaquea a la mitad de la población, la igualdad puede garantizarse demagógicamente con la provisión de protecciones higiénicas gratuitas es seguir pretendiendo tapar el sol con las manos.
Como era de esperar ante otro nuevo y monumental despropósito ministerial, llovieron las críticas. Sectores de la oposición hicieron notar que las preocupaciones del Gobierno siguen estando muy alejadas de las de la mayoría de la población y cuestionaron el tan brutal como absurdo direccionamiento del gasto público.
La diputada provincial santafesina Amalia Granata (bloque Movimiento Integral Somos Vida) puso en palabras una obviedad: “Mientras haya un pibe que no coma, no podemos estar haciendo un plan Menstruar”. La diputada nacional Graciela Ocaña (Pro-Buenos Aires) fue también categórica: “La locura es total”.
En tanto, el más disparatado de los ministerios lucra, milita y dilapida el dinero de los contribuyentes. El nivel de vergonzosa provocación que alcanzan muchos de nuestros funcionarios parece no encontrar límites. Cerrar este ministerio no sería un acto político, sino un acto de cordura.
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