Dignidad, palabra devaluada
Es necesario que las causas por corrupción no se eternicen, demostrar que no es gratuito robarle al Estado y que los culpables paguen por todos sus delitos
Los gobernantes no solo deben satisfacer las demandas de los votantes, sino también evitar irritarlos con afrentas inesperadas. Recientemente, el presidente Alberto Fernández dijo que había imaginado que sería aplaudida su decisión de expropiar la empresa Vicentin y que se sorprendió cuando ocurrió lo contrario. Sin embargo, como bien ha dicho el periodista Carlos Pagni en una de sus columnas semanales en LA NACION, con esta poco elegante y tardía salida Fernández expuso su negativa a confirmar su posición ideológica ante un tema tan delicado, limitándose a referirse al inesperado descontento registrado en la población.
Estas reflexiones vienen al caso con relación a la exposición pública de la injustificable riqueza del exsecretario privado de la actual vicepresidenta de la Nación Fabián Gutiérrez,con motivo de su lamentable asesinato.
Cualquiera sea el móvil directo de esa muerte violenta, su trascendencia pública llevó a exponer un crecimiento de más del 700% de su patrimonio, siendo que contaba con escasos recursos económicos antes de cumplir aquella función oficial. Está más que claro que el origen de su fortuna fue consecuencia de haber trabajado en el Estado, a las órdenes de la actual vicepresidenta de la Nación.
No puede dejar de recordarse que muchos secretarios del matrimonio Kirchner terminaron con causas por enriquecimiento ilícito, aunque la mayoría resultaron sobreseídos. Juan Francisco Alarcón, Héctor Farías Brito, Héctor Patrignani, Martín Aguirres, Mariano Cabral, Fabián Gutiérrez, Daniel Álvarez, Daniel Muñoz, Isidro Bounine, y Pablo y Ricardo Barreiro.
El caso de Muñoz no difiere del de Gutiérrez en cuanto a su inexplicable situación patrimonial, ya que también llegó a la función pública con un patrimonio escaso y la dejó con 65 millones de dólares, entre dinero en efectivo, lujosas propiedades y otros bienes.
La reveladora investigación sobre los cuadernos de Oscar Centeno realizada por el periodista de LA NACION Diego Cabot, que desnudó la mecánica del aceitado mecanismo de corrupción llevado adelante por el kirchnerismo en su anterior gestión de gobierno, fue confirmada ante la Justicia por el propio Gutiérrez, quien como imputado colaborador dio fe de haber sido testigo directo de aquel robo a las finanzas públicas.
El injustificable enriquecimiento de los secretarios privados es una prueba contundente como para que resulte totalmente inexplicable la morosidad de la Justicia en aplicar las condenas que correspondan.
Lejos de contribuir con los jueces, una parte de nuestra dirigencia política se dedica a entorpecer su tarea y, en no pocos casos, a intentar cooptarlos con el fin de asegurarse impunidad.
"La corrupción mata y la impunidad asesina" fue el título de una columna de 2012 que reclamaba condenas para los responsables de la tragedia de Once. Destacaba los efectos disuasivos y preventivos de ajustarse a las resoluciones de la Justicia.
El compromiso activo de una ciudadanía cada día más agobiada ante quienes desfachatadamente pretenden librarse de la acción de un Poder Judicial tan burdamente sometido al político es el único que puede intentar poner coto a tanto atropello. Retomar la senda de la ética republicana y de la estricta división de poderes resulta clave para condenar ejemplarmente a quienes se robaron lo de todos.
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