Chantaje electoral
El oficialismo recurre a las más obscenas y vergonzosas formas de clientelismo político y de manipulación de recursos públicos para intentar dar vuelta el resultado electoral
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La discrecionalidad en la administración de los recursos del Estado es lo que convierte a un servidor público, elegido para combatir la inequidad, en un administrador de pobreza para solo perpetuarla. Es lamentablemente ese camino el que muchos gobernantes parecen haber elegido para tomar a la ciudadanía como rehén de sus actos y el que los aleja del rol de buenos funcionarios, capaces de aplicar políticas de Estado al margen de todo mezquino interés particular.
Esta repudiable práctica, que no se acota ni a un partido político ni a un momento, acostumbra exacerbarse en períodos electorales. Sin embargo, se advierte con mayor recurrencia entre dirigentes y gobernadores peronistas. Desde hace años, numerosos informes periodísticos generan evidencias contundentes respecto de esta costumbre de convertir significativos recursos públicos en prebendas para obtener votos o, como en la actualidad, para revertir resultados electorales desfavorables.
Se pueden ver en los medios de comunicación y en redes sociales filmaciones de punteros políticos entregando desde electrodomésticos hasta bicicletas, al igual que imágenes de largas filas de personas que esperan recibir subsidios y créditos blandos ofrecidos por gobiernos municipales o provinciales pocos días antes de las elecciones.
Las provincias de San Luis y La Pampa son, sin duda, casos paradigmáticos en materia de discrecionalidad y uso electoralista de los recursos públicos. Su máxima expresión la alcanzaron los hermanos Rodríguez Saá en 2017, cuando en las primarias de agosto el candidato a senador de Cambiemos Claudio Poggi superó por casi 20 puntos al candidato oficialista Adolfo Rodríguez Saá. Los dos meses que separaron esa primera instancia de las elecciones generales fueron aprovechados por el gobierno provincial para ofrecer todo tipo de beneficios a la población más necesitada. El resultado fue tan contundente que revirtieron el guarismo de las PASO y los hermanos Rodríguez Saá se impusieron finalmente por una diferencia de 10 puntos.
Frente a un nuevo revés electoral en septiembre pasado, el gobierno encabezado por Alberto Rodríguez Saá volvió a preparar una batería de medidas para apelar a la discrecional repartija de recursos del estado provincial. Pero esta vez una ciudadanía atenta presentó una medida cautelar que impidió al mandatario provincial y a sus funcionarios hacer uso de fondos públicos para maniobras clientelares, a partir de un fallo del juez federal con competencia electoral Juan Esteban Maqueda. Deberán entonces esperar a que las elecciones queden atrás para destinar fondos de cajas chicas y otros rubros presupuestarios a subsidios por valores de entre 20 y 50.000 pesos y al otorgamiento de microcréditos de hasta 50.000.
La burda estrategia no es patrimonio exclusivo del feudo sanluiseño, sino que tiene alcance federal, tal como fue documentado recientemente en el programa Periodismo para todos, que conduce Jorge Lanata. Con medidas de distinto corte, planes y políticas que se extienden desde municipios del conurbano bonaerense, como La Matanza, José C. Paz y General Rodríguez, hasta Tierra del Fuego, donde se repartieron calefactores y termotanques, los ejemplos sobran. El acceso al agua, un derecho humano básico, fue denigrado en Santiago del Estero, donde vecinos del paraje La Resbalosa y de la ciudad de Loreto denunciaron a dirigentes cercanos al gobernador Gerardo Zamora por ofrecer nada menos que agua potable a cambio de votos. Incluso, circuló la imagen de un tanque de agua con la leyenda “agua potable para todos” junto a la de los candidatos del Frente de Todos. Algo similar se replicó en la feudal Formosa de Gildo Insfrán, donde vecinos tuvieron que agradecer la entrega de otro tanque de agua potable decorado con las caras de los candidatos del oficialismo.
Igualmente vergonzosas resultan las maniobras urdidas por el gobierno de La Pampa, al mando de Sergio Ziliotto. En esta provincia, donde se renuevan senadores nacionales y donde el Frente de Todos cayó derrotado en las PASO por una diferencia de unos 20.000 votos ante Juntos por el Cambio, el gobierno está haciendo entrega de subsidios de hasta 10.000 pesos a quienes tengan deudas, tanto por alquileres adeudados como por facturas de luz o de gas vencidas. Del mismo modo se viralizaron imágenes que mostraron la entrega de heladeras y otros electrodomésticos en la zona de Laguna Don Tomás.
Estas prácticas, tan nefastas para el sistema democrático como denigrantes para las personas, no solo se ejecutan en distritos donde los gobiernos peronistas ven peligrar sus resultados. En provincias como La Rioja o Tucumán, donde sí triunfaron los candidatos del oficialismo, también se denunciaron maniobras semejantes. Parecería que la discrecionalidad no solo sirve para revertir resultados adversos, sino que también es sumamente útil para consolidar favorables votaciones.
Años de populismo, caudillaje y corrupción han malacostumbrado a muchos dirigentes políticos, intendentes y gobernadores. Pretenden una vez más manipular a los votantes para que vendan su voto al mejor postor, convirtiéndolos en carne de cañón desde el punto de vista político. En tiempos electorales, frenar su cosecha de víctimas implica poner coto a un vergonzoso chantaje electoral, alimentado del más burdo clientelismo político. Una ciudadanía despierta y activa es el mayor reaseguro contra quienes buscan en la obscenidad de sus acciones los apoyos que no consiguen con sus actos.
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