Qué pasará con el bono para los jubilados de la Anses, según salga o no una nueva ley previsional
Por cómo se establecieron, los refuerzos generaron distorsiones en el sistema; hoy el pago depende de decisiones discrecionales del Poder Ejecutivo, mientras que, según la iniciativa legislativa, serían reemplazados por un suplemento atado a un valor de referencia
LA NACION
¿Qué pasará en los próximos meses, según haya o no una nueva ley previsional, con los bonos que cobra un grupo de jubilados? Si todo siguiera sin modificaciones, el pago continuaría dependiendo mes a mes de decisiones discrecionales del Poder Ejecutivo. En cambio, si se aprobara y llegara a ponerse en práctica el polémico proyecto que fue votado en Diputados, ese plus sería reemplazado por el pago de un suplemento atado al costo de la canasta básica de la pobreza y a un mecanismo de cálculo que se explica más adelante, en esta nota.
La política de pago de bonos o refuerzos mensuales para los jubilados de menores ingresos comenzó a aplicarse de manera continua en septiembre de 2022 y tiene cuatro debilidades:
-Implica un reconocimiento de que la fórmula de movilidad que rigió desde 2021 y hasta marzo de este año fue muy insuficiente para cumplir con el objetivo de preservar el valor de los haberes previsionales.
-Tiene alcance solo para un grupo de jubilados y pensionados, mientras que el alza de precios perjudica a todos; esto es algo que ya generó juicios contra el Estado.
-Provocó un achatamiento de la pirámide de ingresos, restando valor al hecho de haberle aportado más al sistema.
-Generó un ingreso que no está incorporado al que es habitual y permanente, sino que su pago y su monto dependen de decisiones discrecionales del Poder Ejecutivo, algo que provoca imprevisibilidad.
Esto último ya tuvo sus consecuencias negativas para un grupo de jubilados. Se trata de quienes percibieron un refuerzo entre septiembre de 2022 y agosto de 2023 y luego ya no lo cobraron, porque en septiembre último el gobierno anterior estableció, para cobrarlo, requisitos de ingresos más restrictivos que los que habían regido en los meses previos. Tal cosa ocurrió en el contexto de una inflación al alza, y el resultado fue que esos jubilados fueron quienes más poder adquisitivo perdieron el año pasado: la capacidad de compra de sus ingresos fue, al finalizar 2023, un 37,4% más baja que la del inicio del año, mientras que la pérdida fue de 14,2% para quienes cobran el haber mínimo (y tuvieron siempre un bono), y de 32,7% para los jubilados de ingresos medio bajos, medios y altos, que nunca accedieron a los refuerzos.
El refuerzo actual
Desde septiembre del año pasado acceden al importe completo del bono quienes cobran un ingreso no mayor al haber mínimo, en tanto que quienes perciben algo más que ese básico reciben un plus que permite completar la cifra resultante de sumar el haber mínimo y el bono. Este mes, por ejemplo, el bono o “ayuda económica previsional” (como lo llama el Gobierno) es de $70.000 para quienes tienen como único ingreso previsional un haber bruto de hasta $206.931 (la jubilación mínima, tras aplicarse el aumento mensual de 8,83%). Y para quienes tienen un haber bruto de hasta $276.931 habrá un adicional de un monto tal que se llegue a esos $276.931. Con una jubilación de $250.000, por ejemplo, se cobrará un bono de $26.931.
La forma en que hará el pago del bono en junio fue establecida por el decreto 440 del Poder Ejecutivo. Y el monto de $70.000 es el mismo que se abonó en marzo, abril y mayo. Es decir, el valor de ese extra se va licuando por la inflación. La última actualización que tuvo fue en el tercer mes del año, cuando se le aplicó un aumento similar al de los haberes propiamente dichos, de algo más de 27%.
Los bonos de los meses previos también fueron dispuestos por decretos. De esta manera, la dinámica es que mes a mes se espera la decisión del Poder Ejecutivo para saber si se va a abonar o no y para conocer, en caso de que se establezca el pago, cuál será el importe. Eso seguirá siendo así en caso de no aprobarse otra normativa sobre el tema.
Si se aprobara el proyecto de ley votado en la madrugada del miércoles en la Cámara de Diputados, esa dinámica se modificaría. No por este punto en particular, sino por su impacto en las cuentas públicas y por la movida política que implicó por parte de la oposición, el tratamiento de la iniciativa legislativa generó un profundo malestar en el Gobierno, y el presidente Javier Milei ratificó su postura de vetar toda normativa con costo fiscal que no incluya la solución para el financiamiento, aunque desde el Poder Legislativo destacan que, al haberse conseguido la media sanción con más de dos tercios de los votos, se podrá insistir con su aprobación tras el veto.
Reemplazo del bono por un suplemento
La iniciativa en cuestión, impulsada inicialmente por la UCR y Hacemos Coalición Federal y a la que se sumó el kirchnerismo tras lograr que se introdujeran cambios, no menciona expresamente el pago de bonos. Pero busca establecer, solo para quienes cobran una única prestación del sistema previsional (excluye a quienes tienen jubilación y pensión a la vez, tal como ocurre con los bonos actuales) la garantía de que los “ingresos totales” nunca sean inferiores al valor, multiplicado por 1,09, de la canasta básica total para un adulto que el Indec elabora y utiliza para la medición de la pobreza.
Si bien, al incluirse la mención de “ingresos totales” se da a entender que se considerarían el haber propiamente dicho y el bono, el texto agrega que “la autoridad de aplicación establecerá los parámetros para definir los conceptos que integrarán el cómputo de los ingresos a los efectos de la aplicación” del suplemento.
Es decir, al monto del ingreso que necesita una persona, en promedio, para no ser pobre, se le agregaría un 9% y la cifra resultante sería el ingreso básico mensual garantizado.
El último dato disponible de esa variable es el de abril: la canasta para un adulto tuvo ese mes un valor de $268.012,36 que, multiplicado por el coeficiente que se busca disponer, da $292.133,47.
Esa cifra es prácticamente la misma que resultaría de la suma del haber mínimo más el bono de $70.000 en caso de aplicarse otra disposición del mismo proyecto de ley: la que determina que todos los ingresos jubilatorios reciban un incremento de 7,2% con efecto retroactivo a abril. Esto resulta de la búsqueda de compensar la inflación de enero (dejando de lado toda compensación por la enorme pérdida de los meses anteriores): en uno de los artículos del proyecto se prevé que el “incremento extraordinario” de 12,5% otorgado en abril por el Gobierno a través del DNU 274, se convierta en un aumento de 20,6%, para lo cual hace falta agregar una suba de 7,2%.
Con ese incremento, el haber mínimo de junio sería de $221.830, en lugar de los $206.931 que se pagan este mes. Y con el bono de $70.000 se llegaría a $291.830. Por eso, aunque el texto del proyecto no lo enuncie explícitamente, el suplemento reemplazaría en la práctica al bono.
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