Jubilaciones: el poder de compra de los haberes volvió en mayo al nivel de noviembre, pero sigue muy por debajo respecto de años atrás
En seis meses los ingresos de quienes no tienen bono se reajustaron en un 117,4%; para las prestaciones más bajas el aumento fue inferior, porque el refuerzo de $70.000 está congelado; los montos reales que reciben los jubilados siguen siendo mucho más reducidos que los de 2017
LA NACION
Los haberes previsionales del sistema general de la Anses, sin considerar el bono, volvieron en mayo al valor real de noviembre de 2023. A esa conclusión se llega, al menos, si se consideran la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informada por el Indec y las recomposiciones que se les fueron otorgando en el período a los ingresos.
Para quienes perciben como ingreso previsional solo un haber mínimo y, por tanto, suman a ese ingreso el bono mensual que hoy es de $70.000, el poder adquisitivo de mayo fue un 6% más bajo que el de seis meses atrás. En este grupo está entre el 40% y el 45% de los beneficiarios –unos 2,6 millones, aproximadamente–, según la estadística publicada por la Subsecretaría de Seguridad Social.
En el período iniciado en diciembre -cuando los precios tomaron un fuerte impulso y llegaron a una suba promedio de 25,5%- y finalizado en mayo, la inflación fue de 115,6%. Las jubilaciones, sin contar el refuerzo, recibieron un incremento nominal acumulado de 117,4%. El bono, por su parte, subió de $37.000 a $70.000, es decir, un 89%, y, por eso, para quien cobra la mínima y recibe esa ayuda extra en forma íntegra (hay quienes perciben cifras menores), la variación del ingreso total fue de 109%. Todo ello, claro, desde niveles de ingresos que por lo general son muy bajos en relación con el costo de vida, y luego de seis años en los que se perdió fuertemente poder adquisitivo.
El primer aumento del período en cuestión fue el de diciembre; ese mes se otorgó un 20,87% por la aplicación, con tope, de la fórmula de movilidad anterior (el cálculo daba más de 28%, pero la suba, oficializada en la gestión de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, se redujo en los hechos, porque la ley votada por el Congreso en 2020 estableció un tope anual para la suba de las jubilaciones, sin importar lo que ocurriera con el poder de compra que, de hecho, el año pasado se deterioró fuertemente).
Luego, en enero y febrero de este año, mientras la inflación acumuló 36,5%, los haberes quedaron congelados (esa fue una de las claves del ajuste en las cuentas públicas y de la consecución del equilibrio fiscal por parte del gobierno de Javier Milei). En marzo llegó el primer reajuste concretado bajo la gestión actual y fue de 27,18%, porque ese fue el resultado de la fórmula que rigió desde 2021 y que ahora ya quedó derogada. En abril comenzaron a regir los cambios dispuestos por el DNU 274: el aumento de haberes fue de 27,4% ese mes y de 11,01% en mayo. Desde entonces se aplican reajustes mensuales y por inflación (en el actual mes es de 8,83% y en julio será de 4,2%), y en abril se agregó un 12,5% como “incremento extraordinario”. Las subas mencionadas, que son acumulativas, completan el citado 117,4% hasta mayo.
Caídas interanuales
Si se mira lo ocurrido en el período de 12 meses finalizado ese mes, se concluye que los ingresos de quienes no perciben bonos tuvieron en mayo último un poder de compra un 14% más bajo que el de igual mes de 2023. Y la capacidad adquisitiva de quienes perciben el haber mínimo y el refuerzo, fue un 6,2% más baja que la de un año atrás. Esas caídas interanuales se recortaron respecto de meses previos.
Las prestaciones pagadas por la Anses acumularon una muy fuerte pérdida de poder adquisitivo desde 2017, que se profundizó en los primeros meses de este año, antes de que comenzaran a reajustarse primero por la fórmula de movilidad ahora ya no vigente y, desde abril, por inflación y con frecuencia mensual. Entre septiembre de 2017 y diciembre de 2023 los ingresos acumularon caídas de 26,2%, en el caso de quienes cobran la prestación mínima y tienen bono desde hace un año y medio, y de alrededor de 54% en el caso de quienes no reciben refuerzo y, además, tuvieron en 2020 subas más reducidas que las otorgadas a quienes tenían ingresos más bajos, por una decisión discrecional del gobierno de entonces.
El pago de bonos, por su parte, es una práctica continua desde septiembre de 2022 que responde a políticas discrecionales de los funcionarios de cada momento, y que derivó en efectos distorsivos para el sistema, porque desde su inicio solo abarca a un grupo de jubilados, cuando en rigor todos perdieron frente a la inflación. Solo en 2023, considerado el año de punta a punta, la caída del poder de compra fue de 14,2% para quienes cobran el haber mínimo más bono (resultaron así los menos afectados); de 32,3% para los jubilados que nunca tuvieron refuerzo (sin tener necesariamente ingresos que puedan considerarse medios o altos), y de 37,4% para el grupo de quienes percibieron un adicional durante un año y dejaron de cobrarlo en septiembre del año pasado, por una decisión discrecional del gobierno de entonces.
Días atrás, el ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que, comparado con noviembre, el poder de compra de los jubilados y pensionados de la Anses que no perciben bono (por tener ingresos superiores al básico) mejoró este mes un 3%, en tanto que la capacidad adquisitiva de quienes tienen el haber mínimo y también el refuerzo mensual de $70.000 “está 3% abajo” respecto del penúltimo mes del año pasado. Esos números, sin embargo, surgieron en ese momento de considerar proyecciones para la inflación de mayo (aún no se conocía el dato) y de junio. Las cuentas darían así en caso de que el índice de inflación del mes actual fuera de entre 6% y 7%.
En sus declaraciones sobre el tema, Caputo también afirmó que en el grupo de quienes perciben el bono están quienes “no aportaron”. Los datos oficiales es que la inmensa mayoría (el 95%, aproximadamente) de quienes perciben solo un haber mínimo requirió, para obtener el beneficio, de una moratoria por aportes no hechos en el debido momento. El universo de los jubilados con moratoria, sin embargo, es muy heterogéneo, y estar en ese grupo no equivale necesariamente a no haber aportado nunca, sino a no haberlo hecho según los requisitos del sistema: hay personas que no contaban con ninguna contribución al obtener sus beneficios, y hay personas que, por ejemplo, tenían más de 20 años de aportes, pero no habían alcanzado los 30 que exige la ley previsional (no necesariamente en esos casos se cobra el mínimo, sino que es muy probable que se tengan prestaciones mayores).
Con respecto a la variación de los ingresos en general, si se consideran los cinco primeros meses del año (en lugar del período extendido entre diciembre y mayo), la conclusión es que la suba de haberes fue de 79,9% y la inflación, de 71,9%. Y el aumento del importe integrado por el haber mínimo y el bono llegó a 61,9%. Esto es porque en el período considerado el refuerzo tuvo un solo reajuste, que fue de 27,3% y se concretó en marzo.
Desde ese tercer mes de este año el monto es siempre el mismo: de $70.000 para quienes perciben solo un haber mínimo (el pago no corresponde si se percibe más de una prestación), y de un monto inferior a esa cifra si el haber mensual es mayor al mínimo, pero inferior al importe resultante de sumar el mínimo y el refuerzo. En mayo esta cifra total fue de $260.141, un valor algo inferior de la canasta básica total de un adulto, de $275.518 para el mes pasado, según el Indec.
En el mes actual el reajuste de haberes es de 8,83%, en tanto que el ingreso total para quienes cobran la mínima llega a $276.931. En julio, en tanto, se aplicará un alza de 4,2% y el ingreso más bajo de sistema (incluido el bono de $70,000) se ubicará en $285.600, aproximadamente.
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