Alivio temporal y la necesidad de dar señales claras

Un primer alivio trajeron las lluvias del jueves sobre buena parte de la región pampeana que le pusieron un freno a la angustiante situación que ya se estaba viviendo no solo en la zona núcleo sino también en el NEA o en el oeste bonaerense por el constante deterioro de los cultivos frente a la ola de calor y la escasez de lluvias.

De confirmarse los pronósticos que anticipan más agua para la próxima semana, la etapa de llenado de granos para la soja de primera y para el desarrollo del maíz de siembras tempranas podría encararse con otra perspectiva. No obstante, según los testimonios de productores y técnicos, ya hay un daño de consideración en los cultivos.

Las estimaciones globales de las Bolsas todavía no arrojaron la merma productiva. Y es comprensible porque el trabajo de relevar miles de hectáreas y compararlas con rendimientos promedio anteriores es mucho más complejo que lo recogido en una recorrida por un lote y una zona puntuales.

En forma más amplia, las lluvias significan una noticia favorable para la economía y para el país porque, si continúan, no harán repetir el golpe productivo de la campaña pasada en la que se perdieron unos 50 millones de toneladas.

Son también un mensaje para las autoridades económicas para que entiendan que el agro se enfrenta con dos factores de riesgo que los gobiernos no dominan: el climático y los mercados internacionales. Con esos dos elementos de volatilidad, que la propia actividad ofrece herramientas para enfrentarlos, el papel de las autoridades económicas debería centrarse en dar certidumbre y reglas claras. Es que el campo está en condiciones de ser el sector que más rápidamente responda a las medidas que tiendan a equiparar el funcionamiento de la economía con el que tiene la mayoría de los países de la región: tipo de cambio único, libertad de comercio y baja presión impositiva.

Tras la caída de la ley ómnibus, el Gobierno no mostró por el momento sus cartas. Pese a que había varios capítulos de la supernorma que lo afectaban, principalmente la suba de los derechos de exportación, en el ruralismo y en la dirigencia agroindustrial hubo un mensaje común, sobre la necesidad de llegar a consensos y certidumbres para el mediano plazo. El Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) expresó que el país “necesita una Ley que permita ir hacia una macroeconomía más estable, avanzando en las reformas necesarias que modernicen el marco normativo, desburocratizando y racionalizando al Estado Nacional, a la vez que proponga un perfil exportador a nuestra economía”. En otras palabras, cualquier intento de incrementar los DEX irá en la dirección contraria de la que necesita el país.

Otro principio de solución a despejar la incógnita sobre la cotización del dólar exportador lo alcanzaron la Bolsa de Cereales de Buenos Aires y los mercados del Matba-Rofex, este último de la Bolsa de Comercio de Rosario, al publicar índices de dólar exportador que pueden servir como referencia para los contratos forward y de futuros. Es el sector privado que encuentra una alternativa a los problemas que trae el sector público.

De los capítulos de la ley ómnibus quedó pendiente la aprobación de la adhesión del país al convenio Upov 91 que abrió el debate al reconocimiento al desarrollo intelectual en semillas. La Secretaría de Agricultura insistirá con lograr una solución a la disputa que lleva más de dos décadas.

Más allá de todas las consideraciones a favor y en contra, la clave de la cuestión está en la definición del límite, en hectáreas o en volumen de producción, que se reconocerá como exentas para el uso propio. Y el nudo por desatar está en la soja y en el trigo, más allá de que la reglamentación se hará extensiva a las legumbres y a otros cultivos. En Agricultura ofrecieron adoptar esa decisión junto con las entidades de la producción. Se puede seguir dilatando el tema, por supuesto, pero habrá que tener en claro las consecuencias. Una de ellas es la de postergar la incorporación de las mejoras tecnológicas en la genética de los cultivos. Esta semana, por ejemplo, Agricultura aprobó una serie de eventos de soja con tecnología OGM, pero solo para su transformación en harinas y aceites, no para la siembra. Se puede importar de Paraguay y Brasil, pero no sembrar aquí porque la empresa que desarrolló los materiales no quiere comercializarlos en el país. Se podrán esgrimir numerosos argumentos, algunos de los cuales son válidos, pero lo que queda más en evidencia es que si no cambia nada, no hay evolución tecnológica.